A día de hoy, las compañías aseguradoras niegan a las personas con VIH el acceso a seguros de vida y accidente, al figurar el VIH/sida en su listado de exclusiones previas a la contratación, siendo en muchos casos la única enfermedad que aparece especificada a pesar de su actual carácter crónico.
08/10/2013 - REDVIH La exclusión implica que una persona con VIH no pueda acceder a determinados préstamos en los que la contratación del seguro de vida es una condición indispensable. Es una situación injusta que coloca a las personas con VIH en una posición de desventaja, negándoles la posibilidad de acceder a la vivienda por la vía de la hipoteca o a desarrollar negocios a través del crédito, con la consiguiente exclusión socioeconómica que representa.
Sin embargo, recientemente, para una persona VIH+ con buenos indicadores de salud (linfocitos T4 > 500 y carga viral indetectable, en tratamiento desde hace aproximadamente 4 años), la correduría SEGURONCE consultó la viabilidad de contratación de un seguro de vida/incapacidad permanente con varias aseguradoras. Tras recibir varias respuestas en sentido negativo, dos compañías requirieron la aportación de un informe médico de diagnóstico, tratamiento y evolución, y una analítica reciente, al objeto de someterlo a la valoración de sus respectivos comités técnicos. La respuesta final de ambas ha sido que el riesgo es asegurable, si bien únicamente para el supuesto de fallecimiento (no de invalidez), con una sobreprima ciertamente importante en el caso de una (del 200%) y menor en el de LAGUNARO (del 30%). Sin responder esto a la injusticia de fondo, es una buena noticia saber que se van abriendo algunas puertas.
Por lo que hace referencia a seguros médicos, la situación no es mucho más alentadora. En la actualidad hay constancia de un par de aseguradoras o mutuas que, con algunas diferencias respecto a los productos convencionales, ofrecen asistencia médica privada a personas con VIH: Seguros Atlántida, que sólo tiene centros de atención en Cataluña, y AXA, que tiene un producto que incluye a las personas con VIH
La injusta legalidad de las aseguradoras
Que algo sea legal no quiere decir que sea justo. Así lo vio, a principios del siglo XX, el escritor español Pío Baroja al decir que “la ley es inexorable, como los perros: no ladra más que al que va mal vestido”, y del mismo modo lo ve, en el XXI, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, al afirmar que “nos quitaron la justicia y nos dejaron la ley”.
Y se ve claramente hoy en día, cuando las compañías aseguradoras niegan a las personas con VIH el acceso a seguros de vida y accidente, al figurar el VIH/sida en su listado de exclusiones previas a la contratación, siendo en muchos casos la única enfermedad que aparece especificada a pesar de su actual carácter crónico en países como España.
La exclusión implica que una persona con VIH no pueda acceder a determinados préstamos en los que la contratación del seguro de vida es una condición indispensable. Es una situación injusta, que coloca a las personas con VIH en una posición de desventaja, y negándoles la posibilidad de acceder a la vivienda por la vía de la hipoteca o el desarrollo de negocios a través del crédito, con la consiguiente exclusión socioeconómica que representa.
Hasta el momento, no se ha rebatido la legalidad de estas prácticas, pues las aseguradoras, como entidades privadas, pueden imponer ciertas condiciones en un contrato de adhesión y tienen la facultad de decir si lo aceptan acogiéndose a la libertad contractual de los operadores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas las leyes vigentes tienen que ajustarse a derecho, y si vulneran la Constitución, en este caso en su artículo 14 respecto a la no discriminación, su legalidad es, al menos, discutible.
Para rebatir los argumentos de las aseguradoras, que temen las posibles pérdidas económicas, las organizaciones no gubernamentales defienden que los datos que las empresas manejan sobre el VIH/sida han quedado obsoletos. En esta línea, se dispone de estudios recientes que avalan que las personas con VIH no solo pueden llegar a tener una esperanza de vida equivalente a la de la población general, sino también conservar un estado de salud suficiente para hacer frente a cualquiera de las responsabilidades familiares, sociales, profesionales y económicas que quieran asumir.
