lunes, 28 de julio de 2014

¿Homofobia sin castigo? El PP recurre las sanciones de la ley catalana contra la discriminación





Tenía que haber sido un día histórico para los colectivos que defienden los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) en Cataluña. El Parlamento autonómico iba a aprobar, después de un intento fallido, la ley para la erradicación de la discriminación por razones de opción sexual. Pero la fiesta no llegó. El Partido Popular logró postergar el jueves pasado la votación definitiva en el último minuto, tras solicitar al Consejo de Garantías Estatutarias que estudie si el régimen de sanciones, que establece multas de hasta 14.000 euros, es acorde a la ley. “Una norma así es papel mojado sin un régimen sancionador”, denuncia Jesús Generelo, secretario general de laFederación Estatal de LGBT (FELGTB).
No es la primera vez que el PP se opone frontalmente a este tema. En abril, Galicia aprobó una normativa similar —la primera en España—, pero los populares condicionaron su voto favorable a que se retiraran las multas. “Ya existen mecanismos de sanción en los códigos penal y laboral”, defiende la diputada Marta Rodríguez-Vispo (PP). “Es cierto que la ley se ha rebajado, pero es una norma digna, creo que puede ayudar a acabar con la discriminación”, justifica la socialista Carmen Gallego, ponente de la ley. Ambas formaciones resaltan el “gran consenso” que ha permitido sacar la ley adelante.
Los artículos 9.2 y 14 de la Constitución aseguran que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. “Son la garantía formal de la igualdad, pero son muy abstractos”, explica Maria José Corchete, profesora de derecho de la Universidad de Salamanca. “La cuestión no es la regulación de la discriminación, sino la garantía del cumplimiento de las normas que la regulan”, agrega la experta en derecho constitucional. “Normativamente hay igualdad, pero socialmente siguen existiendo los comportamientos discriminatorios”, opina Carlos Villagrasa, profesor de derecho civil de la Universidad de Barcelona.
La Secretaría de Estado de Seguridad registró el año pasado 1.172 ataques a personas debido a sus creencias, identidad sexual u origen étnico, los llamados crímenes de odio, tanto de tipo administrativo como penal. En Cataluña y en Málaga, por ejemplo, existen fiscales especializados en estos delitos. Sin embargo, como recuerda Eugeni Rodríguez, del Front de Alliberament Gai de Catalunya (FAGC),“la homofobia es un agravante, no un delito”.
El último intento de regulación estatal fue la propuesta de ley de igualdad de trato y no discriminación que planteó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en su último Gobierno. Se trataba de una ley sombrilla que además de sancionar comportamientos homófobos también incluía multas de hasta 500.000 euros por discriminar por razones de creencias, sexo o hasta apariencia física. El adelanto electoral la dejó en el cajón. “No sería la primera vez que los Parlamentos autónomos se adelanten al Congreso de los Diputados. Ya pasó con las normas de paridad”, recuerda Corchete.
La necesidad o no de una ley específica es una de las cuestiones a debate. “Es necesaria porque toca todos los ámbitos, como el tratamiento en los medios de comunicación públicos, la educación, la sanidad, los servicios públicos y los convenios colectivos”, justifica Fito Ferreriro, activista LGBT de la plataforma Sete Cores. Desde el FAGC, Rodríguez cree que “se pondrán en regla un montón de derechos y aspectos de la vida cotidiana, más allá de lo penal. A pesar de todo, somos una de las comunidades que sufre una discriminación mayor”, explica.
Gallego, por su parte, recuerda que hay casos como los de la intersexualidad que “no están reconocidos ni por asomo”. Uno de los más conocidos es el de la viguesa Charlotte Goiar, de 41 años, que sufre del síndrome de Harry Benjamin, es decir, su cerebro es femenino pero su cuerpo es masculino. “Hace dos años el Tribunal Supremo pidió su operación de cambio de sexo, aún sin éxito”, explica la diputada.
El recurso del PP catalán pone en duda “el exceso de discriminación positiva y el régimen sancionador”. En específico, el hecho de la carga inversa de la prueba, es decir, que el acusado de homofobia tenga que probar su inocencia, no al contrario. Este mecanismo, que se aplica por ejemplo en los casos de violencia de género, “plantea dudas sobre el derecho a la presunción de inocencia”, asegura Corchete. “La prueba la tiene que suministrar quien tiene mayor facilidad de darla, en estos casos el agresor”, explica Villagrasa. El escrito de los populares asegura que “admitir que la simple denuncia de una situación discriminatoria comporte el traslado de la carga de la inexistencia de la situación denunciada es una subversión del sistema general vigente”.
Desde FELGTB creen que los populares y Unió Democrática —que también se opuso, ambos suman el 22% de la Cámara catalana— “buscan recovecos legales para no ser tildados de homófobos”, explica Generelo. Y con Rodríguez recuerda las presiones de la Iglesia para vetarlas. En Galicia, el Foro de la Familia pidió paralizarla. Y un comunicado de la Conferencia Episcopal de Tarragona alerta de “las graves consecuencias en el ejercicio de los derechos humanos de la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia de los ciudadanos de Cataluña”.
La mayor preocupación, sin embargo, es que estas leyes no tengan dotación económica y así se queden en mero papel mojado. “La ley gallega está coja, pero ahora nos corresponde exigirle al Gobierno que empiece a desarrollarla. En Cataluña, la aprobación quedará pendiente de lo que suceda en un otoño políticamente inestable y durante el que nadie descarta una convocatoria de elecciones anticipadas.

domingo, 27 de julio de 2014

Gobierno advierte de que la ley de transexuales vulnera la distribución de competencias establecida en la Constitución








El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha advertido a través de un informe remitido al Gobierno andaluz de que la proposición de ley integral para la no discriminación por razón de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales vulnera el orden de distribución de competencias establecido por el apartado 8º de la Constitución Española, en sus artículos 2.4, 4.2, 10, 16.2 y 19.3.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha advertido a través de un informe remitido al Gobierno andaluz de que la proposición de ley integral para la no discriminación por razón de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales vulnera el orden de distribución de competencias establecido por el apartado 8º de la Constitución Española, en sus artículos 2.4, 4.2, 10, 16.2 y 19.3.
  En el citado informe, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido elaborado por la Dirección General de Coordinación de Coordinación de Competencias de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, dependiente del citado Ministerio, se añade que la vulneración de los preceptos citados podría conllevar asimismo la vulneración de la competencia estatal en materia de procedimiento administrativo.
El Gobierno no aclara si podría recurrir la citada normativa ante el Tribunal Constitucional (TC). Si bien, fuentes de IULV-CA han indicado que dicho informe se refiere a un texto de la norma anterior a su aprobación por parte de la Cámara, de febrero de 2014, en el que no se incluyen las enmiendas que se han incorporado durante el trámite parlamentario y que han modificado algunos de los puntos "más conflictivos".
  En la comunicación que se traslada al Gobierno andaluz, el Ministerio muestra su "voluntad de colaboración" y considera "conveniente" trasladar estas "observaciones" a fin de que sean "oportunamente valoradas" y con el alcance y en la forma "que se estime más apropiada", se pueda despejar de antemano "cualquier problema que en el futuro se plantease con la aplicación de este texto legal".
  El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles por unanimidad la proposición de ley integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, una normativa que pretende dar respuesta a las demandas planteadas por este colectivo para ampliar la regulación más allá de la rectificación registral de la mención de sexo y nombrepropio en el Registro Civil, que desde 2007 permite la legislación estatal.
  Se trata de la primera ley que a nivel estatal regula el derecho a la autodeterminación de género y a la identidad de género, sin necesidad de pasar previamente las pruebas psicofísicas que sí se exigen en otras comunidades autónomas como el País Vasco o Navarra.
En otras novedades, la norma establecerá reglamentariamente el procedimiento para que todas las personas transexuales puedan ser atendidas en Andalucía conforme a su identidad de género.
El objetivo fundamental de la ley se dirige a garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiestan una identidad distinta a la que tienen al nacer y unas condiciones de vida iguales a las del resto de la ciudadanía, en consonancia con los principios de no discriminación y libertad de decisión individual reconocidos en el Estatuto de Autonomía y en la legislación andaluza para la promoción de la igualdad de género.
El texto legal incluye también medidas para asegurar la atención educativa, social, familiar y sanitaria de las personas transexuales y los menores tendrán pleno derecho a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención a la etapa de la pubertad. La atención sanitaria que se preste en este ámbito se realizará de acuerdo con lo dispuesto en las leyes autonómicas de menores y de derechos en materia de información y documentación clínica.
En el ámbito educativo, el texto de la proposición recoge programas de coordinación para detectar situaciones de riesgo para el desarrollo integral de los menores que manifiesten una identidad de género distinta de la de su sexo biológico. El texto incluye también medidas de tipo laboral como el establecimiento de cláusulas administrativas para garantizar que las empresas concesionarias o entidades adjudicatarias de la Junta no hayan sido condenadas por discriminación a las personas objeto de la futura normativa.

Primer homosexual reconocido como víctima del conflicto armado de Colombia


Manuel Antonio Velandia







Un profesor colombiano, activista de los derechos de los homosexuales y residente en España desde 2007, se ha convertido en el primer ciudadano de su país reconocido como víctima del conflicto armado por su orientación sexual.


n profesor colombiano, activista de los derechos de los homosexuales y residente en España desde 2007, se ha convertido en el primer ciudadano de su país reconocido como víctima del conflicto armado por su orientación sexual.

"Soy el primer homosexual que ha sido inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV)", ha afirmado Manuel Antonio Velandia en una entrevista concedida a Efe.

Profesor de Sociología y Sexología, y doctor en Enfermería y Cultura de los Cuidados por la Universidad de Alicante, ciudad en la que reside, Velandia sufrió un atentado en Bogotá (2002) a manos de "grupos armados ilegales" por su labor de "líder comunitario", en referencia a su trabajo en defensa de los derechos del colectivo homosexual.

Víctima de constantes amenazas, especialmente tras denunciar casos de explotación sexual de adolescentes cometidos por miembros de grupos paramilitares, se vio "forzado" a huir de Colombia "con dos maletas", dice.

"Los derechos humanos entendidos como derecho sexuales. Así los concibo y por ellos he luchado casi toda mi vida", ha afirmado Velandia, uno de los fundadores del Movimiento Homosexual en su país y miembro del equipo redactor de la Ley colombiana de Parejas de Hecho.

Obligado a huir, este docente obtuvo el derecho de asilo en España tres años después de llegar al País Vasco -su primer destino- para desplazarse posteriormente a Alicante, donde coordinó la Asociación de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transexuales (LGTBI).

En 2011, el Gobierno colombiano aprobó la ley 1.448, que considera víctimas a aquellas personas que hayan sufrido un daño por hechos ocurridos como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves de derechos humanos ocurridas "con ocasión del conflicto armado interno".

Uno de los presupuestos jurídicos que recoge la citada ley es "el principio de enfoque diferencial", que hace referencia a personas con "características particulares", entre ellas la de "orientación sexual".

Dicha legislación estableció la creación de un Registro Único de Víctimas (RUV) dirigido a tratar de restablecer la dignidad de los afectados y difundir "la verdad de lo sucedido" a través de varias medidas.

Velandia decidió solicitar que le fuera reconocida su condición de "víctima de atentado, amenaza y desplazamiento forzado" y argumentó numerosas situaciones vividas en su país durante su trabajo en pro de los derechos del colectivo LGTBI

"Los paramilitares se constituyeron en su origen como grupos de limpieza social", ha recordado Velandia, quien salvó la vida en el atentado que sufrió en su vivienda "porque me encontraba -según ha relatado- en la otra punta de la casa con respecto al lugar en el que cayó la granada que me lanzaron".

Sus denuncias y su labor en defensa del colectivo LGBT fueron contestadas con amenazas de muerte hacia él y su familia. Numerosos defensores de los derechos humanos en su país le recomendaron que saliera del país. "Toda mi vida, todo lo que tenía en Colombia, se redujo a las dos maletas que me traje a España", ha añadido.




jueves, 24 de julio de 2014

Las leyes contra los homosexuales potencian la propagación del VIH




Las leyes contra los homosexuales, que en siete países del mundo incluyen la pena de muerte, potencian la propagación del VIH al tener que esconderse quienes lo puedan sufrir, según los participantes reunidos en la Conferencia Internacional sobre el Sida en Melbourne.
En base a la experiencia de la lucha contra el sida, síndrome que ha dejado 39 millones de muertos en 33 años, los expertos consideran que el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) se propaga silenciosamente entre las minorías estigmatizadas y hacia la población en general. Si las personas homosexuales o bisexuales son encarceladas o perseguidas, evitarán someterse a la prueba del VIH o buscar tratamiento si están infectadas, lo que crea un escenario propicio para la propagación del virus.
La premio Nobel de Medicina francesa Françoise Barré-Sinoussi, que participó en el descubrimiento del VIH, alertó el domingo durante la ceremonia inaugural de que en "todas las regiones del mundo el estigma y la discriminación siguen siendo los principales obstáculos para el acceso efectivo a la salud". "No nos quedaremos de brazos cruzados cuando los gobiernos, en violación de todos los principios de los derechos humanos, aplican leyes monstruosas que sólo marginan a las personas que ya son las más vulnerables de la sociedad", añadió.
Durante la Conferencia Internacional sobre el Sida está previsto que los 12.000 delegados firmen la 'Declaración de Melbourne', que insiste en que todos los gays, lesbianas y transexuales "tienen derecho a la igualdad de derechos y a la igualdad de acceso a la prevención, a la atención, a la información y al tratamiento".
Mientras que cada vez más países occidentales aprueban leyes sobre la igualdad de derechos en el matrimonio, la salud y las pensiones de los homosexuales, otros países endurecieron sus legislaciones contra el colectivo LGTB.

Según un informe publicado la semana pasada por el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, ONUSIDA, 79 países cuentan con leyes que penalizan las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo. Siete países contemplan incluso la pena de muerte para estas personas.

Más sobre

Nigeria o Uganda aprobaron recientemente leyes contra los homosexuales, que también se restablecieron en India. Rusia aprobó por su parte una controvertida ley que prohíbe incluso la distribución de información sobre la homosexualidad.
Kene Esom, un activista nigeriano que trabaja en Sudáfrica en un grupo de defensa de los derechos de los homosexuales, dijo que estas leyes impiden difundir información sobre sexo seguro y el acceso a los medicamentos contra el VIH. "Algunas leyes prohíben la libertad de reunión y la libertad de asociación para los homosexuales", dijo Esom, para quien estos no pueden entonces "reunirse o recibir fondos".

Los países occidentales, que abonaron 19.000 millones de dólares (14.000 millones de euros) para la lucha contra el sida en los países en vías de desarrollo en 2013, empiezan a perder paciencia, según Michael Kirby, exmagistrado del Tribunal Supremo de Australia y defensor de los derechos humanos.
Los dirigentes de países con leyes homófobas "no pueden esperar que los contribuyentes de otros países continúen pagando indefinidamente (...) mientras ellos rechazan reformar sus leyes para ayudar a sus propios ciudadanos", añadió.
Esta vigésima conferencia internacional comenzó el domingo en Australia con un homenaje a los especialistas, entre ellos el eminente experto holandés Joe Lange, que murieron el vuelo malasio MH17, derribado en el este de Ucrania.

viernes, 18 de julio de 2014

La justicia europea ve ilegal excluir a los homosexuales de la donación de sangre








BRUSELAS, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Paolo Mengozzi, ha dictaminado este jueves que la exclusión permanente de los homosexuales de la donación de sangre vulnera la legislación comunitaria.

El fallo se refiere en concreto a la legislación francesa, que prohíbe de manera permanente la donación de sangre a los hombres que mantengan o hayan mantenido relaciones sexuales con otros hombres.

A raíz de una denuncia de un ciudadano homosexual francés que deseaba donar sangre, el tribunal administrativo de Estrasburgo preguntó a la justicia europea si esta prohibición es compatible con la legislación de la UE. Esta legislación excluye de forma permanente a las personas cuya conducta sexual suponga un alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas graves que puedan ser transmitidas por la sangre.

En sus conclusiones, el abogado general considera que "el mero hecho de que un hombre mantenga o haya mantenido relaciones sexuales con otro hombre no constituye una 'conducta sexual', en el sentido de la directiva, que justifique su exclusión permanente de la donación de sangre".

A su juicio, el criterio establecido por Francia está formulado de un modo "demasiado amplio y demasiado genérico", mientras que la directiva "exige la identificación de una conducta y de una actitud precisas que expongan al posible donante a un riesgo elevado de infección".

"Al excluir de forma definitiva de la donación de sangre a todo hombre que mantenga o haya mantenido relaciones sexuales con otro hombre, la normativa francesa introduce una evidente discriminación indirecta fundada en la combinación del sexo (los hombres) y de la orientación sexual (la homosexualidad y la bisexualidad)", apunta el abogado general.

En su opinión, esta diferencia de trato puede estar justificada por el objetivo legítimo de reducir al máximo los riesgos de infección de los receptores, pero "puede ir más allá de lo necesario para lograrlo", incumpliendo así el principio de proporcionalidad.

El abogado general destaca asimismo que la normativa francesa es incoherente, pues no existen contraindicaciones específicas que afecten a una mujer cuya pareja mantenga o haya mantenido relaciones sexuales con otros hombres. Por otra parte, una persona cuya pareja es seropositiva sólo está sujeta a una contraindicación temporal de cuatro meses, mientras que en tal caso la exposición al riesgo es real.

   Finalmente, el fallo compara el supuesto de un hombre que ha tenido, una vez en su vida o de forma ocasional, una relación homosexual protegida, que queda excluido de forma definitiva de la donación de sangre, con el de una persona heterosexual que mantenga regularmente relaciones no protegidas, a quien, sin embargo, sólo afectará una contraindicación temporal.
   Las opiniones del abogado general no vinculan al Tribunal de Justicia, aunque éste suele seguir sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia final se dictará en los próximos meses.