viernes, 28 de febrero de 2014

Un sacerdote recurre al secreto de confesión para evitar declarar en un juicio

El profesor que ha demandado al colegio de Sanlúcar.








El cura era testigo en un caso de presunta discriminación contra un profesor homosexual

La vista tuvo que ser suspendida ante la incomparecencia del religioso


El caso de la presunta discriminación contra un profesor homosexual, al que un colegio religioso de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) no le renovó el contrato, se debía haber analizado este miércoles en el Juzgado 3 de lo Social de Jerez. Pero la incomparecencia de uno de los testigos ha hecho que la juez aplace la vista hasta finales de mayo. El testigo que no ha acudido es un sacerdote de Sanlúcar, que colabora en las labores pastorales con el colegio demandado, el Calasancio Hijas de la Divina Pastora. El cura ha argumentado que, si declara, podría incumplir el secreto de confesión.
El docente ha demandado al centro, que está en régimen de concierto con la Junta de Andalucía, por vulneración de los derechos fundamentales. Argumenta que cuando se le terminó el contrato de relevo por jubilación parcial de una maestra, no fue contratado como el resto de sus compañeros debido a su orientación sexual. Para sostener esta acusación, sus abogados han presentado grabaciones que hizo el profesor de charlas con personas responsables del centro o vinculadas al colegio.
Entre esas cintas está un fragmento de unos dos minutos y medio de una conversación entre el docente y el cura que se ha negado a acudir este miércoles a la vista pese a ser citado como testigo.
El sacerdote presentó un escrito en el juzgado el 18 de febrero en el que pedía que fuera "eximido de su declaración". Sostenía que recibió al profesor porque este le pidió que le confesara y que, por lo tanto, todo el contenido de la conversación está "sellado por el secreto de la confesión". Pero el docente niega que la charla formara parte de ese sacramento.
El sacerdote argumentó en su escrito que podía incurrir en el "delito de divulgación de secreto" y que estaría incumpliendo "gravemente sus deberes como ministro sagrado de la Iglesia", algo que podría considerarse un "delito de revelación del secreto de confesión, con la pena aneja y automática de excomunión". Tres días después, la magistrada Gloria Martín-Moreno, encargada del caso, respondió a través de una providencia que sería durante el juicio que debía celebrarse este miércoles cuando se resolvería "sobre la pertinencia, utilidad y en su caso licitud de las pruebas". Pero el religioso no ha acudido a la vista.
Tras la suspensión del juicio por este motivo, el abogado Ginés Zamora, que defiende los intereses del docente que ha demandado al centro, ha pedido a la magistrada que vuelva a citar al sacerdote, pero con "apercibimiento de delito de desobediencia". Es decir, que se avise al párroco de que incurriría en un delito si vuelve a rechazar ir al juzgado.
José Martín Ostos, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla, considera "sorprendente" este caso. Recuerda que las leyes de enjuiciamiento criminal y civil recogen la posibilidad de que curas y ministros de otras religiones no tengan que declarar. En el caso del sacerdote sanluqueño, la norma de aplicación sería la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 371 se refiere a las personas que tienen "deber de guardar secreto". Y se incluye a aquellos que "por su estado o profesión" tengan "el deber de guardar secreto respecto de hechos por los que se le interrogue". Pero, para que puedan acogerse, hace falta que el juez dicte una providencia en la que se le reconozca esta posibilidad, algo que no ha ocurrido con el cura de Sanlúcar.
Lo que más llama la atención de este caso a Martín Ostos es la discrepancia entre el profesor y el sacerdote sobre si aquella charla era o no una confesión. "Él afirma que no era una confesión, entonces, ¿qué predomina? Normalmente, no hay discrepancia entre confesante y confesor. Lo normal es el acuerdo", añade. Este experto sostiene que deberá ser el magistrado el que resuelva esta complicada situación.
En la cinta presentada como prueba por el docente, el sacerdote insinúa que su no renovación se ha debido las presiones de algunas familias conservadoras con hijos en el centro. En otra grabación realizada por el profesor a finales de 2010, una responsable del colegio también apunta a los problemas que podrían surgir con algunos padres al hacerse pública su homosexualidad.
Pese a estas grabaciones, la Inspección educativa ha enviado un informe al juzgado en el que se señala que no se aprecia discriminación. Según el abogado Ginés Zamora, la Inspección ha considerado que las cintas atentan contra el derecho a la intimidad y por eso no las ha tenido en cuenta en su informe.

jueves, 27 de febrero de 2014

El ministro sueco se reúne con activistas pro homosexuales en Uganda

Anders. Borg









El ministro sueco de Finanzas, el conservador Anders Borg, se ha reunido con activistas pro gays durante su visita a Uganda, cuyo presidente, Yoweri Museveni, firmó una ley que castiga con cadena perpetua los actos homosexuales.

Borg, de gira estos días por varios países del este de África, mantuvo un encuentro informal con un grupo que defiende los derechos de los homosexuales poco después de aterrizar en Uganda, informó la emisora pública "Radio de Suecia".

En declaraciones a este medio el ministro sueco criticó la nueva legislación ugandesa, que endurece la persecución de una orientación sexual tipificada ya como delito.

"En nuestra estrategia de cooperación deberemos estudiar cómo seguir siendo activos y señalar a la vez de una forma clara que esta es una ley inaceptable", declaró Borg, que tratará el asunto durante sus reuniones con su homólogo ugandés y el presidente del Banco Central de este país africano.

Suecia destinó el año pasado 221 millones de coronas suecas (unos 25 millones de euros) a la cooperación con Uganda, una cantidad de la que cerca de un tercio es gestionada a través de instituciones estatales ugandesas.

Los gobiernos danés y noruego ya han anunciado planes para reestructurar o paralizar parte de su ayuda a Uganda tras la aprobación de su nueva legislación antihomosexual.

Los otros represaliados

Placa en la antigua prisión de Huelva dedicada a los homosexuales, hoy en día desaparecida de la fachada de la prisión







Un estudio recupera la memoria de los presos por su orientación sexual.

La Amnistía de 1977 no los sacó de las cárceles y módulos psiquiátricos en los que el franquismo los recluyó aplicando primero la Ley de Vagos y Maleantes y después la de Peligrosidad Social. Su delito, ser homosexuales, lesbianas o transexuales. Su pena, el internamiento con fines de reeducación y cura de una supuesta enfermedad o desviación tratada con técnicas como el electroshock. Son los llamados presos sociales de la dictadura, algunos de los cuales permanecieron entre rejas incluso después de la celebración de las primeras elecciones democráticas y con la Constitución Española ya en vigor. Su memoria histórica ha sido menos reivindicada que la de los presos políticos por su militancia en partidos y sindicatos. Ahora, un equipo de profesores de la Universidad Pablo de Olavide, encabezados por el antropólogo Rafael Cáceres, quiere analizar la represión que sufrió este colectivo a través de testimonios en primera persona y el estudio de archivos militares y sanitarios, con el objetivo de sacar a la luz una persecución aún muy escondida por «el estigma» y «dignificar» a esta parte de las víctimas del régimen, que destinó los penales de Badajoz y Huelva a su reclusión.

Antonio Gutiérrez es uno de los protagonistas de esta historia. Pasó 15 meses encarcelado , en su caso en Barcelona, y es uno de los presos sociales andaluces indemnizado gracias a la Ley de Memoria Histórica. Es vicepresidente de la Asociación de ExPresos Sociales, creada en 2004 «para recuperar la memoria histórica de este colectivo que estaba completamente silenciada social y políticamente». La asociación cuenta con más de 200 socios pero carece de datos oficiales sobre las personas represaliadas por su condición sexual porque «la documentación está muy dispersa, no se ha recopilado ni clasificado». El profesor Cáceres añade, además, que en los archivos de las instituciones penitenciarias y psiquiátricas en los que su trabajo quiere bucear «era un tema fácil de camuflar» ya que no siempre se hacía constar que el internamiento era por la orientación sexual sino que se atribuían a estas personas enfermedades mentales como la esquizofrenia.
A veces ese internamiento era promovido por la propia familia. En otros casos, bastaba la denuncia de vecinos o conocidos. «Los lugares de encuentro gays ya existían entonces y las redadas se daban en ellos», recuerda Antonio, quien destaca que «la represión social fue impulsada por la Iglesia católica, fue la autora material de esta persecución». Una represión que tuvo tintes diferentes para los homosexuales y transexuales, encarcelados, que para las mujeres lesbianas, ya que éstas fueron principalmente recluidas en módulos psiquiátricos.
El proyecto La represión de la disidencia sexual en Andalucía durante el franquismo y la Transición, financiado por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta, fue presentado ayer en el Centro Cívico La Ranilla, que también fue una antigua cárcel.
En la investigación participan profesionales de la Psicología, la Antropología, el Trabajo Social y la Sociología de las universidades Pablo de Olavide, Hispalense y de Barcelona, además de expertos de asociaciones memorialistas como Cecilio Gordillo o Ángel del Río. El profesor Cáceres reconoce que una de las principales dificultades del trabajo es «encontrar gente que quiera hablar porque, a diferencia de los presos políticos, aquí sigue existiendo cierto estigma. Aún hoy se sigue justificando que si un homosexual fue encarcelado, algo habría hecho». Además de con afectados, también han contactado con funcionarios de la antigua prisión de Huelva, reconocida como Lugar de Memoria Histórica y que albergó presos sociales hasta 1979. En pleno centro de la ciudad, no se construyó ex profeso pero el régimen franquista decidió que junto con la de Badajoz albergaría este tipo de presos.
El caso de Antonio, que acabó en la cárcel de Barcelona, no es nada raro. Según Cáceres, «es bastante llamativa la represión de emigrantes andaluces en Cataluña. Muchos se fueron allí, sobre todo de pequeños pueblos, y acabaron en prisión. En Barcelona, la mayoría de los transexuales encarcelados eran andaluces».

Represaliados quieren que la cárcel de Huelva se convierta en símbolo de la represión franquista contra la sexualidad





La Antigua Prisión de Huelva transformada en nuevo Centro Social Okupado y Autogestionado. Después de años de abandono, dejadez e inoperancia de las










La Asociación de Expresos Sociales de España, formada por represaliados durante la dictadura franquista por ser gays, lesbianas y transexuales, o por parecerlo, pedirán a la Junta de Andalucía que se haga con la titularidad de la antigua cárcel de Huelva que, junto con la de Badajoz, eran los centros penitenciarios dedicados al encarcelamiento de presos homosexuales y transexuales. 

El anuncio fue hecho ayer por el Vicepresidente de esta asociación, el malagueño Antonio Gutiérrez, que participó en la presentación del grupo de trabajo de la Universidad Pablo de Olavide sobre la represión de la disidencia sexual en Andalucía durante el Franquismo y la Transición.

Con esta petición Gutiérrez pretende que la designación del antiguo penal como lugar de la Memoria, por parte de la Junta, vaya más allá “de poner un cártel”. La asociación pretende que “se conserve el núcleo central, para que sea un lugar de la memoria, que debe ser algo físico” para que de esta forma pueda acoger “una exposición permanente y pueda albergar un centro de documentación de la represión de la peligrosidad social” durante el franquismo y la Transición, detalló Gutiérrez..

Con esta última medida la asociación pretende que toda la documentación sobre este tipo de represión (fichas policiales, expedientes…) quede catalogada y digitalizada de manera centralizada en un mismo archivo, como ocurre por ejemplo en Barcelona. Gutiérrez denunció que este tipo de archivos se encuentran “guardados en cajas” en la nueva cárcel de Huelva.

El Vicepresidente de este colectivo recordó también que todavía hay represaliados por su orientación sexual que no han podido recibir la indemnización del Estado al no poder localizarse su expediente.También explicó que de los 116 expedientes de reparación aprobados, 45 corresponden a personas represaliadas de Andalucía.

EEUU: Arizona veta la ley que permitía a las empresas negarse a prestar servicios a los homosexuales









La ley de libertad religiosa permitía a los empresarios acogerse a sus creencias. La gobernadora del estado de Arizona, Jan Brewer, vetó la ley por creer que podría tener "consecuencias negativas no deseadas. Empresas como Apple y American Airlines habían protestado por la polémica ley.

La gobernadora del estado de Arizona, Jan Brewer, vetó este miércoles la ley que permitía a los empresarios acogerse a sus creencias religiosas para negar servicios a los homosexuales. 

En una comparecencia pública en la sede de su oficina, Brewer aseguró que la ley de libertad religiosa que había aprobado la semana pasada la cámara legislativa, de mayoría republicana, podría tener "consecuencias negativas no deseadas" para el estado de Arizona. 

La gobernadora afirmó que entre sus objetivos siempre ha estado proteger la libertad religiosa, pero también evitar "la discriminación" de las personas. "La libertad religiosa es un tema central estadounidense y un valor en Arizona, como lo es la no discriminación", aseguró Brewer, quien se mostró convencida de que la ley tenía "el potencial de crear más problemas de los que pretende resolver". 


Dividir Arizona

A su juicio, la norma aprobada por la cámara legislativa "podría dividir Arizona en formas que ni siquiera podemos imaginar". 

La gobernadora explicó que se había reunido con partidarios y detractores de la ley y había concluido que la ley era demasiado "amplia" y podía tener consecuencias negativas.

Brewer se mostró convencida de que la ley que había aprobado la cámara legislativa no estaba encaminada "a preocupaciones sobre libertad religiosa", y añadió que entre la documentación que le han presentado asesores, ciudadanos y legisladores no ha encontrado ejemplos de que la ley fuera a beneficiar la libertad religiosa. 

Mientras se producía la comparecencia, grupos de personas se manifestaban en las calles que rodean la sede de la gobernación con carteles en los que decían: "Gracias gobernadora Brewer"

En los últimos días más de 80 grandes empresas del país, como Apple y American Airlines, habían protestado por la polémica ley, contra la que también se pronunciaron la Casa Blanca y el secretario de Estado, Jhon Kerry.

martes, 25 de febrero de 2014

Una sociedad hipócrita se vuelve contra los homosexuales


















Por:  25 de febrero de 2014
Esta entrada ha sido escrita desde el Norte de Uganda por nuestro colaborador Alberto Eisman
El Presidente de Uganda Yoweri Museveni está sentado en su sillón presidencial y un asesor le pregunta: 
-      Asesor: Excelencia, todo parece indicar que pronto habrá una hambruna que podría asolar el país. Debería hacer algo.
-      Presidente: Firmaré entonces la ley anti-pornografía
-      Asesor: Señor, los indicadores alertan de un aumento de la criminalidad.
-      Presidente: Me aseguraré entonces de firmar la ley anti-homosexualidad.
-      Asesor: Excelencia, debería hacer algo para contrarrestar los altos índices de analfabetismo.
-      Presidente: Entonces firmaré la ley anti-minifalda.
-      Asesor: Señor presidente, debería hacer algo contra la malaria..
-      Presidente: Convocaré a un grupo de científicos que prueben la conexión entre los mosquitos y los homosexuales. 
 El chiste, publicado en un rotativo de difusión regional, es sintomático de cómo está la situación en Uganda.
Como si el país no tuviera mayores problemas que abordar... En poco menos de 24 horas, el parlamento ugandés pasó hace algunos días dos proyectos de ley para proteger la moral y las buenas costumbres del pueblo. Una es la ley Anti-Pornografía que, aparte de perseguir las actividades relativas a la producción, reproducción y distribución de material sexualmente explícito. En un principio, no está mal el proteger a la infancia y la juventud de hábitos perniciosos, pero lo más complicado viene después, ya que esta ley tiene asociadas penas de cárcel para quien vista indecentemente y es por eso que la gente le ha puesto ya el nombre de “Ley Anti-Minifalda.”
Para reforzar aún más los fundamentos morales del país, los parlamentarios también han aprobado una polémica ley que fue presentada en el parlamento en el año 2009 y que hasta ahora ha hecho correr ríos de tinta: La ley Anti-Homosexualidad. Había una propuesta de “rebajar” las penas impuestas de pena de muerte a cadena perpetua o en su defecto 15 años para los delitos menores y al final los padres de la patria han tenido el detalle de quitarle algo de trabajo a los verdugos en nómina del país. El presidente acaba de firmar esta ley el 24 de Febrero de 2014.
Con medidas judiciales así se intenta poner coto a la “degradación moral” del país. El imaginario, influido y exacerbado en gran medida por las iglesias protestantes ugandesas que siguen las directrices de la corriente de la “Christian Right” norteamericana azuza los sentimientos de los ciudadanos, los cuales después de escuchar un par de exaltadas arengas entreveradas de espiritualidad asimilan inmediatamente al homosexual con el corruptor de menores y el depravador número uno de la sociedad. Si quieren saber más no tienen más que ver el documental “God loves Uganda” que por desgracia todavía no ha sido presentado en este país (y tal como veo el patio dudo que se presente de manera pública)
Según los datos que manejo, en un distrito de Uganda el 31% de las niñas y el 15% de los niños han sido abusados sexualmente, principalmente por profesores y parientes, no por homosexuales depravados. Esta realidad no se quiere ver... Claro, no va uno a meter a la cárcel a tanta gente (sólo el 45% de casos denunciados de abuso sexual en menores llegaron a los tribunales). Mejor es echarles el muerto a los homosexuales que teóricamente son menos, toda una estrategia de chivo expiatorio con funestas consecuencias porque, según la nueva ley, uno puede acabar también con sus huesos en la cárcel por el mero hecho de saber que alguien es homosexual y no denunciarlo a la policía. Una caza de brujas en toda regla y toda una farfolla legalista e inquisitorial para cubrir los verdaderos problemas que afectan el país.
Sé de un profesor que tuvo que salir de una de las grandes universidades de África del Este porque ya corrían listas negras de estudiantes y profesores sospechosos de homosexualidad y se olían las hogueras condenatorias. El tabloide ugandés “Rolling Stone” no tuvo problema alguno en poner fotos de homosexuales en su portada acompañados por la frase “¡¡Colgadlos!!”. Y vive Dios que le hicieron caso: un mes después era asesinado a sangre fría David Kato, uno de los líderes de la comunidad homosexual, cuyo crimen – huelga decirlo – nunca se esclareció.  
La grandeza y la madurez de una sociedad se mide en la manera como trata a sus minorías y a sus grupos más vulnerables. Se pueden imaginar cuántas personas habrá que, a partir de ahora en Uganda, sentirán un miedoso reparo al salir a la calle, al ir a clase o comprar en el mercado, sentirán pánico del posible dedo acusatorio y la delación anónima de “ciudadanos cabales” que cumplen con las leyes.
En una sociedad así de inquisitorial y tan profundamente hipócrita (estas leyes están siendo aprobadas deprisa y corriendo mientras que la necesaria ley anti-corrupción duerme todavía el sueño de los justos en el limbo jurídico), al final la persona adulta que, dentro de su libre albedrío, decida irse a la cama o compartir su vida con alguien de su mismo sexo tendrá infinitamente muchas más probabilidades de terminar a la sombra para el resto de su vida que el maestro que le mete mano a una niña de 15 años atemorizada ante las amenazas de que le bajará las notas si no consiente al toqueteo. El mundo al revés. 
P.D. No ha pasado ni un día de la firma de la ley y ya el rotativo sensacionalista "Red Pepper" saca ya en su edición de hoy una lista con los nombres de 200 homosexuales. La caza de brujas no ha hecho más que comenzar...


Un periódico ugandés publica los nombres de 200 homosexuales

Un hombre lee en un periódico la información sobre la ley contra los homosexuales.








Se produce un día después de que el presidente promulgara una ley que castiga con cadena perpetua a gais y lesbianas

Un diario ugandés publicó hoy el nombre de 200 personas acusadas de ser homosexuales, un día después de que el presidente ugandés llamara "mercenarios" a los gais y firmara la ley más dura contra la homosexualidad. "¡Descubiertos!" titulaba el diario Red Pepper con fotos de ugandeses supuestamente homosexuales. La publicación sensacionalista también publicaba escabrosas historias sobre presuntas acciones homosexuales. "Los 200 principales homosexuales de Uganda con nombre y apellidos", añadía el periódico.
En 2011, el destacado activista de los derechos de los homosexuales, David Kato, fue golpeado hasta la muerte en su casa, después de que un diario publicara el nombre y la dirección de homosexuales ugandeses en su portada, junto a la frase "Colgadlos". El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promulgó el lunes una ley que convierte a la homosexualidad en un crimen pasible de cadena perpetua, ignorando críticas y presiones internacionales.
Las relaciones homosexuales ya eran castigadas con cadena perpetua en Uganda, pero con esta legislación, adoptada por aplastante mayoría el 20 de diciembre por el Parlamento, prohíbe toda "propaganda" de la homosexualidad y hace obligatoria la denuncia de cualquiera que se diga homosexual.
El presidente estadounidense Barack Obama había calificado de "paso atrás" esta medida, cuya aprobación "complicaría" la relación entre Uganda y Estados Unidos, aliado de Kampala. Museveni, en el poder desde 1986 y cristiano evangélico, acusó a una parte de los homosexuales de serlo "por razones financieras", mientras que otros se vuelven "a causa de una mezcla innata de elementos genéticos, y adquiridos". Las influyentes iglesias evangélicas fomentan la homofobia en Uganda, donde los ataques contra los homosexuales son frecuentes.

La ley antigais ugandesa convierte en criminales a miles de personas

Protesta en Kenia contra la ley homófoba de Uganda









El presidente del país africano, Yoweri Museveni, aplica cadena perpetua para los homosexuales



El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha firmado este lunes el proyecto de ley que endurece las penas contra la homosexualidad en su país y que amplía la represión contra gais y lesbianas. A partir de su entrada en vigor, los “actos homosexuales” se castigan con 14 años de cárcel si se demuestra que ha habido una sola relación y hasta con cadena perpetua en el caso de “homosexualidad agravada”, es decir, para quienes mantengan una relación a lo largo del tiempo de manera consentida o si en ella participa un menor, un discapacitado o una persona con sida. Además, a partir de ahora también se considera delito no denunciar a un gay, hacer promoción pública de la homosexualidad o las relaciones sexuales entre mujeres, que no se prohibían en la ley vigente. La activista por los derechos del colectivo LGTB Kasha Jacqueline ha asegurado este lunes: “Ya soy oficialmente criminal por ser lesbiana, según mi presidente”.

La ley antigais de Uganda, así se la conoce, lleva cinco años de debate y tramitación desde que en 2009 la presentara al Parlamento el diputado del partido gubernamental David Bahati y se ha convertido en todo un símbolo de la lucha de los colectivos LGTB y de Derechos Humanos contra la homofobia en África. Durante todo este tiempo incluso ha sido “suavizada” a consecuencia de la presión de organizaciones internacionales y Gobiernos extranjeros, pues incluía la pena de muerte para determinados supuestos, lo que se cambió finalmente por cadena perpetua. Pero dichas presiones no lograron hacer cambiar de idea al final al presidente ugandés que, pese a sus reticencias iniciales, ha acabado por firmar la ley desoyendo, por ejemplo, las recientes advertencias del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que llegó a asegurar que la nueva norma “podría complicar” las relaciones entre ambos países.
“Los africanos no intentamos imponer nuestros puntos de vista a los demás, si pudieran dejarnos en paz…”, dijo Museveni este lunes durante el acto de firma de un proyecto de ley que se apoya en un informe de científicos ugandeses que concluye que no existe una base genética para la homosexualidad. En vistas de este informe, el presidente Museveni, que previamente había dicho que los gais eran “anormales” y que por eso no estaba de acuerdo en castigarlos de manera severa, asegura haber cambiado de opinión y estar ahora convencido de que la homosexualidad “es una elección llevada a cabo por individuos que pueden intentar influir en otras personas”.

La ‘plaga occidental’

EMILIO DE BENITO
En África no había gais, llegaron con la colonización. En China, Sochi, Irán, Rusia y Zimbabue, tampoco. Presidentes, alcaldes y otros mandatarios, todos poco democráticos, han utilizado el argumento de la negación para justificar la represión de su población homosexual. Se trata, según ellos, de una moda, un contagio importado de Occidente. Tampoco inventan nada. Muchos de estos países, antiguas colonias (británicas, por ejemplo) solo tuvieron que mantener en vigor las leyes de la antigua potencia para aplicar la represión. Solo nuevas leyes, como la avanzada de Sudáfrica, han conseguido romper esa mezcla de herencia y tradición.
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La aprobación de la ley ha caído como un auténtico jarro de agua fría entre los activistas del colectivo LGTB en Uganda, ya perseguidos social y legalmente, pero que a partir de ahora sufrirán una mayor represión. Kasha Jacqueline Nabagesera, fundadora de Freedom and Roam Uganda y varias veces premiada por su labor en Europa y Estados Unidos, explicó ayer a este periódico que “es muy insultante que adultos conscientes puedan ser considerados criminales solo por amarse”. “Nuestros derechos humanos han sido pisoteados, hemos sido reducidos a ciudadanos de segunda clase. Estamos asustados y preocupados, pero no vamos a dejar de luchar”, añadió.
Miembros del colectivo homosexual ugandés han manifestado en los últimos días su temor a ser denunciados por sus vecinos y conocidos una vez se apruebe esta ley. De manera muy especial los activistas que en los últimos años se han significado en su lucha contra esta nueva normativa se sienten ahora más amenazados que nunca. Kasha Jacqueline Nabagesera no piensa, sin embargo, abandonar el país, lo dijo en Twitter: “Tengo que quedarme con la gente que no tiene esa oportunidad, ahora tenemos que estar más unidos”. “Ahora soy oficialmente una criminal por ser lesbiana, algo sobre lo que no tengo control, según ha dicho Museveni”.
El premio Nobel de la Paz sudafricano Desmond Tutu había asegurado hacía tan solo unas horas que esta ley recuerda la persecución de los nazis contra determinadas minorías o la legislación del régimen del apartheid que “legislaba contra el amor”. Uno de los activistas más conocidos contra esta ley que ahora ve la luz fue David Kato, asesinado en Kampala el 26 de enero de 2011 a martillazos después de que el periódico local Rolling Stone publicara su foto y la de otras 99 personas en un artículo en el que se incitaba a matar a los homosexuales.

Una amplia minoría

Legislaciones. El último informe sobre la homofobia en el mundo, efectuado por la Asociación Internacional de Lesbianas y Gais (ILGA), de mayo de 2013, ofrece un panorama ligeramente optimista: en 144 países o territorios las relaciones entre personas del mismo sexo son del todo legales, frente a 76 donde se castigan con penas de cárcel.
Pena de muerte. Cinco países mantienen en sus legislaciones la pena de muerte para las personas que tengan relaciones homosexuales. Dos son africanos —Mauritania y Sudán— y tres, asiáticos: Arabia Saudí, Irán y Afganistán. Además, también se aplica el máximo castigo en territorios del norte de Nigeria y del sur de Sudán.
Homofobia estatal. El informe de ILGA es anterior al endurecimiento de las leyes en Uganda o a las proclamaciones homófobas de personas como el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, quien acaba de declarar que perseguirá a la comunidad LGTB (iniciales de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) como “alimañas”. Otros países africanos como Nigeria, Camerún o Zimbabue también han endurecido sus discursos.
Rusia. En el informe no aparece ningún país europeo en el que la homosexualidad esté prohibida. Según la letra de la ley, esto es así, porque legislaciones como la de Rusia o Lituania no castigan las relaciones en sí mismas, sino cualquier manifestación pública de estas que pueda ser considerada propaganda, lo que incluye desde las manifestaciones al hablar en clase de diversidad sexual o cualquier muestra de afecto (una caricia, ir de la mano) que puedan ver menores. Moldavia tuvo una ley parecida, pero la derogó. Armenia la ha estudiado. Entre las repúblicas de la antigua URSS, Turkmenistán y Uzbekistán también prohíben estas relaciones. Lo mismo que en el norte de Chipre.
África. Es, estadística en mano, el continente más homófobo. De los 54 países que ha estudiado la ILGA, aparte de los dos con pena de muerte, otros 24 castigan con cárcel las relaciones homosexuales (en tres, Sierra Leona, Tanzania y Uganda hasta con cadena perpetua). En los otros 18 no hay castigo legal, lo que no quiere decir que la homosexualidad sea aceptada.

MÁS INFORMACIÓN


La familia de la niña transexual de Málaga se querella contra el obispo


Obispo de Málaga Jesús Catalá









Acusa a Catalá de calumniar a la madre, la menor dejó el centro donde estudiaba el pasado viernes

La familia de la niña transexual de siete años que estudiaba en el colegio católico San Patricio de Málaga ha anunciado hoy que se querellará contra el obispo de Málaga, Jesús Catalá, por un supuesto delito de"calumnias" hacia la madre.
Según ha informado el abogado de la familia, Oscar Roales, la querella se interpondrá tras un acto de conciliación si el obispo no reconoce que sus palabras fueron "inciertas, ofensivas hacia la madre y que no tienen conexión con la realidad" y si no se desdice de que la madre "no respeta la identidad sexual y que haya abusado o manipulado la identidad sexual de su hija".
En una rueda de prensa el 24 de enero, el obispo de Málaga dijo que el colegio San Patricio "defiende al niño en sus derechos como ser humano, le respeta en contra del abuso de la Junta y de su madre", algo que, según Roales da a entender que "la madre abusa de su hija".
Roales ha dicho que el objetivo de la demanda, adelantada hoy por el diario "Málaga hoy", es la restitución del honor de una familia y no ir contra del Obispado de Málaga ni del colegio, del que la familia se quejó por el trato que recibía la niña.
"No queremos que le quiten la subvención al centro, lo que nadie puede admitir es que se diga algo tan grave que tiene que ver con el honor de uno y con la relación con su hija", ha dicho el abogado, quien ha apostillado que están acusando a su clienta de "maltratar psicológicamente y obligar a su hija a tomar un identidad sexual".
El letrado cree que "no hay nada más falso y contrario a la realidad" que las declaraciones del obispo y ha calificado las palabras contra su clienta de una "monstruosidad, y una imputación de un delito muy grave".
La niña dejó el centro donde estudiaba el pasado viernes, y tras la semana de vacaciones, comenzará las clases en un colegio nuevo.

ONU denuncia la "discriminatoria" ley contra homosexuales aprobada en Uganda

Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay




La Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, denunció hoy la ley que castiga la homosexualidad en Uganda, ya que "institucionaliza la discriminación hacia homosexuales y podría alentar el acoso y la violencia contra personas en razón de su orientación sexual".
La ley, aprobada por el Parlamento en diciembre y firmada hoy por el Presidente del país, tipifica la homosexualidad como delito e impone penas de cadena perpetua por actos homosexuales "con agravantes" y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
También prevé penas de prisión de cinco a siete años por la "promoción" de la homosexualidad o la "tentativa de cometer" o "ser cómplice" de actos homosexuales, recordó Pillay en un comunicado divulgado hoy en Ginebra.
"La desaprobación de la homosexualidad por algunos nunca puede justificar la violación de los derechos humanos fundamentales de los demás", aseguró.
Según la máxima responsable de la ONU en derechos humanos, la ley está formulada de forma tan amplia que "sólo puede dar lugar a abusos de poder y a acusaciones contra cualquier persona, no sólo homosexuales".
Pillay subrayó que Uganda está obligada, tanto por su propia Constitución como por el derecho internacional, a respetar los derechos de todos los individuos y protegerlos de la discriminación y la violencia.
Según Pillay, la ley viola derechos fundamentales como el derecho a la no discriminación, a la privacidad, la libertad de asociación, de reunión pacífica, de opinión y de expresión y la igualdad ante la ley.
La alta comisionada también se refirió a la lucha contra el VIH, un mal que va en aumento en el país, ya que, según dijo, la ley tendrá un "impacto negativo en los esfuerzos para prevenir la transmisión y proporcionar tratamiento a las personas que viven con VIH, además de socavar el compromiso del Gobierno para un acceso no discriminatorio a los servicios de salud".

Expediente a tres atletas españoles por un saludo nazi

Daniel Martínez, Carlos Tobalina y José Lorenzo Hernández, lanzadores de peso, realizando el saludo nazi







El gesto se produjo en una fiesta en honor de Carlos Tobalina, que días antes había logrado un lanzamiento de 20,02 metros

“Una estupidez olímpica”. Así describen algunas personas lo que ocurrió hace unas noches en una de las habitaciones de la residencia del Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEARD) de León y su difusión global en forma de fotografía vía las redes sociales, Twitter y Facebook. La fotografía es la de una mesa de jóvenes que celebran una fiesta. La fiesta del pasado viernes fue en honor de Carlos Tobalina, un lanzador de peso de Castro Urdiales (Cantabria) que días antes había logrado en San Sebastián un lanzamiento de 20,02 metros, lo que le convertía en el tercer lanzador de la historia en España, tras Manolo Martínez y Borja Vivas. Y Tobalina, junto a su amigo Daniel Martínez, y ambos luciendo un bigote que comenzaron a dejarse semanas antes, es uno de los protagonistas de la foto, pues en ella aparece de pie junto a Daniel Martínez haciendo ambos el saludo nazi con la mano derecha mientras llevan la izquierda al corazón. Sentado delante de ellos, el joven discóbolo José Lorenzo Hernández, también con bigote, les acompaña levantando el brazo recto. A la derecha de los tres, en pleno centro de la estancia, destaca un gran panel con el emblema, las siglas y el nombre del Consejo Superior de Deportes (CSD).
La reacción del CSD ante unos hechos que considera “graves” ha sido fulminante. Inmediatamente decidió la suspensión cautelar de los tres lanzadores, que no podrán acceder durante 15 días al CEARD, donde se entrenan y compiten (se perderán, pues, el campeonato de España de lanzamientos largos de invierno este fin de semana).
La Federación Española de Atletismo no se ha quedado atrás ante unos hechos que aún considerándolos una estupidez cree que merecen tener consecuencias y servir de escarmiento. Así, a los tres lanzadores les ha abierto un expediente informativo que comenzó a ponerse en marcha anoche, cuando el director del centro, Daniel Mateos, y el técnico Charly Burón se reunieron con los tres atletas para conocer su versión de los hechos. El expediente podría concluir con una sanción.
El pasado sábado, y también vía Twitter, Daniel Martínez ya había ofrecido su versión de los hechos. Junto a una foto en la que se le ve con el brazo sobre el hombro abrazando a un atleta de color, escribe: “Para todos aquellos que dicen que soy nazi!!! A chuparla”.

lunes, 24 de febrero de 2014

Uganda saca adelante la ley que persigue la homosexualidad

Protesta en Kenia contra la ley homófoba de Uganda









El presidente del país africano firma el texto que castiga al colectivo LGTB con cadena perpetua


El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha firmado este lunes la ley homófoba que persigue y castiga a los homosexuales acusados en primera instancia con 14 años de cárcel, y a los "reincidentes"  con cadena perpetua. Una portavoz del Gobierno africano ha calificado el texto de "hito", citada por la agencia Reuters. La legislación ratificada hoy fue aprobada por el Parlamento el pasado diciembre. La homosexualidad ya era antes un crimen en Uganda.

Otro portavoz, Ofwono Opondo, ha declarado por la mañana que el presidente quería firmar la ley ante la prensa internacional "para demostrar la independencia de Uganda frente a las presiones y provocaciones de Occidente", según la cadena Al Yazira. Tanto la ONU como Obama han llamado la atención al presidente ugandés en las últimas semanas para que no firmara la ley. El texto goza de apoyo popular en el país africano, pero las ONG como Amnistía Internacional coinciden en que viola los derechos fundamentales del colectivo LGTB.
La ley incluye a las lesbianas de forma específica por primera vez. Además de condenar a los homosexuales a 14 años de prisión o a cadena perpetua si el delito es "agravado", también convierte en un criminal a cualquiera que se niegue a denunciar a las personas homosexuales que conozca. En términos prácticos, imposibilita a cualquiera el vivir libremente fuera del armario. El texto además criminaliza la "promoción" e incluso el "reconocimiento" de las relaciones homosexuales por parte de la Administración pública y de cualquier ONG "dentro o fuera del país".
Museveni podría haber vetado la ley aprobada en el Parlamento al negarse a firmarla. El texto en su origen proponía la pena de muerte, pero la medida fue retirada tras las fuertes críticas de la comunidad internacional. Uganda es un aliado clave de los países occidentales en África por su proximidad con Somalia, donde las fuerzas de la Unión Africana, principalmente compuestas por tropas ugandesas, combaten a los extremistas islamistas de Al-Qaeda.
El arzobispo surafricano Desmond Tutu condenó la decisión Museveni el pasado domingo. "Cuando el presidente y yo hablamos el mes pasado, me prometió que no aprobaría la ley", lamentó. Tutu comparó la política homófoba ugandesa a los horrores del Holocausto y al Apartheid en Suráfrica.
Según un informe de Amnistía Internacional, la homosexualidad es ilegal en 38 de los 54 países del continente africano. En Mauritania, Sudán, el norte de Nigeria, y el sur de Somalia el colectivo LGTB es asesinado mediante la pena de muerte. En los últimos cinco años, Uganda, Sudán del Sur, Burundi, Liberia y Nigeria han aprobado leyes homófobas más duras. Cabo Verde descriminalizó la homosexualidad como delito en 2004 y en los últimos años otros países se han comprometido a hacerlo: la isla de Mauricio, Santo Tomé y Príncipe, y las Islas Seychelles.

La Asociación de Expresos Sociales teme que el Ayuntamiento venda “al mejor postor” los terrenos de la vieja cárcel

Antonio Ruiz, homosexual encarcelado durante el franquismo.



Vetusta cárcel, garante de injusticias al amparo del régimen franquista durante la década de los 60 y 70. Gays, lesbianas, bisexuales y transexuales recibieron una condena perpetua a su dignidad, sentencia de muerte sobre sus derechos. Fueron castigados por sus relaciones afectivas a toda clase de vejaciones para su "vuelta a la normalidad" por ser considerados unos "enfermos". Desde 2006 la dejadez institucional pone en peligro el futuro del penal, de su memoria, al no formalizarse el cambio de titularidad desde la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios al Ayuntamiento de Huelva.
La Asociación de Expresos Sociales, que defienda a los represaliados por su condición sexual durante el franquismo, también prevé otro escenario aún más devastador a pesar de que el edificio esté catalogado como de especial singularidad en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) . "No estamos de acuerdo con el traspaso de titularidad. Nos tememos, como ha ocurrido en otros casos idénticos, que el Ayuntamiento de Huelva venderá al mejor postor los terrenos de la antigua cárcel y con ellos su memoria histórica", aseguró el presidente del colectivo, Antoni Ruiz, quien acudió en 2005 junto con Mercedes Gallizo, exdirectora de Instituciones Penitenciarias, a la colocación de una placa en el penal onubense en homenaje a las víctimas de la represión franquista.
Ruiz aboga por su conservación porque la añeja prisión "tiene que ser para el pueblo, convertirse en un centro cívico para la ciudadanía". Es por ello que plantea una fórmula que proteja el edificio y su historia. "La mejor opción es que la Junta de Andalucía solicite su titularidad para que se encargue de su conservación como patrimonio histórico-artístico. La Administración andaluza posee esas competencias. Hay que impedir que se eliminen sus patios y galerías porque un ayuntamiento considere que no son de importancia histórica en pos de su falta de valor arquitectónico. Sin estos elementos perdemos la perspectiva de que era una cárcel, de la represión sufrida en ese entorno. La Junta debe intervenir y quedarse con esos terrenos, como ha ocurrido en Badajoz donde se ha instalado un museo en la antigua cárcel o seguir el ejemplo de la progresiva recuperación de la antigua cárcel de Valencia".
La Asociación de Expresos Sociales marca una hoja de ruta clara, definida por la preservación de estos espacios. "La antigua cárcel de Huelva, como otras similares por sus connotaciones históricas, han de ser declaradas como centros de uso social, de carácter público y que a su vez sirvan para conocer la represión política y social que sufrieron los homosexuales durante el franquismo. Ese edificio debe permanecer en la memoria histórica del país y que no lleguen las máquinas y lo destrocen", sentenció Antonio Ruiz.
La okupación de la antigua cárcel por parte de CSOA Apoyo Mutuo, que cumple este 23 de febrero su primer aniversario, no es vista como una "preocupación" por parte de la Asociación de Expresos Sociales. "No nos preocupa el uso dado por colectivos sociales. Nuestra preocupación es que se destrocen estos recintos como ha ocurrido en La Modelo". Desde la llegada del Centro Social y Autogestionado Apoyo Mutuo han concluido los actos vandálicos en el interior del centro penitenciario, al acabar los incendios provocados, el consumo de heroína en su interior y el robo de material metálico para su posterior venta.
El presidente de la Asociación de Expresos Sociales, Antoni Ruiz, mantiene una postura clara hacia la antigua cárcel. "Hay que conservarla para la Memoria Histórica de Huelva y de España. Lo que se tapa, lo que se destruye, conlleva el riesgo de volver a ocurrir en la Historia de nuestro país", concluyó.