El bailarín malagueño falleció en la noche del jueves a los 86 años tras una larga enfermedad
Hay una doble lucha en la vida del perchelero Eusebio Valderrama, por un lado la del hombre que deja atrás la pobreza de la Málaga de posguerra y se abre camino hasta bailar ante príncipes, reyes y artistas mundialmente conocidos. Pero también está la lucha de una persona que durante el Franquismo conoce la cárcel y la violencia física por su condición de homosexual y sin embargo, sigue adelante hasta convertirse en un ejemplo de dignidad y superación reconocido dentro y fuera de Málaga, pues llegó a participar en un documental sobre la represión a los homosexuales durante la dictadura.
Quizás lo más asombroso es que en esta doble lucha que fue la vida de este malagueño, fallecido en la noche del jueves a los 86 años después de una larga enfermedad, jamás perdió la sonrisa ni el buen humor y bastaba pasar un rato con Eusebio para que todas las penas se disiparan ante la vitalidad y la arrolladora simpatía de este artista sin complejos, feliz de la suerte que le había deparado la existencia.
Y como prueba de esa felicidad a prueba de desgracias, la paradoja que él mismo celebraba de que viviera en el Camino de San Rafael y desde su casa pudiera ver todos los días la ventana de una de las celdas de la antigua prisión donde fue encarcelado.
La infancia de Eusebio fue muy precaria. Sólo vio a su padre una vez, al comienzo de la Guerra de la Civil y desde los diez años ya bailaba en los escenarios de los teatros y cines de Málaga. Desde 1949 compartía su vida con su amigo del alma, el también bailarín Pepe Gallego Sánchez, al que siempre consideró su hermano y que falleció en 2013 a los 91 años.
Especializado en el baile clásico español, con el Trío Albéniz recorrió medio planeta, algo que le convirtió hasta el final de sus días en un hombre de mundo.
Una de las anécdotas más celebradas de Eusebio fue su actuación en los años 50 en el cumpleaños de Picasso en una sala de fiestas de la Costa Azul. Una fiesta privada en la que el pintor negó la entrada al mismísimo Aga Khan. Durante la actuación de Eusebio Valderrama, Pablo Picasso le tomó apuntes y luego le regaló el dibujo, pero la obra duró muy poco en manos del bailarín, que contaba: «Yo no sabía quién era Picasso y a mí el dibujo me pareció horroroso, parecía una rana, así que se lo dimos al empresario».
Compartió escenario con Edith Piaf y Maurice Chevalier; por su camerino se acercaron a saludarle Charles Chaplin y el gánster Lucky Luciano, que le ofreció su ayuda por si daba el salto y le apetecía marchar a América. Y del mundillo de Hollywood conoció a Jane Mansfield, a Sofía Loren y a Suzanne Zanuck, la hija del famoso productor de Hollywood Darryl Zanuck, que se enamoró perdidamente de él, desconocedora de su homosexualidad.
Eusebio brindó con Don Juan de Borbón en Atenas un día antes de la boda de su hijo Don Juan Carlos y pasó varios años en Oriente Próximo, donde actuó para el rey Faruk de Egipto, el sha de Persia y hasta para Sadam Hussein.
Con 86 años seguía tan vital como siempre, deseoso por disfrutar de sus escapadas a Marruecos o de charlar con algunos de sus buenos amigos como Pepa Flores, la profesora de música Teresa González o Baltasar del Moral, presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple, un colectivo con el que estuvo colaborando durante años. Nos quedan, además, su biografía, escrita por el conocido escritor Diego Ceano (Cuatro botones dorados) y algunos libros de versos y anécdotas del propio Eusebio que reflejan su alegría y amor por la vida. Descanse en paz.
Fichas policiales de gais y lesbianas durante el franquismo. / ASOCIACIÓN DE EX-PRESOS SOCIALES
María es la primera lesbiana que ha sido indemnizada por la cárcel que sufrió durante el franquismo
María habla por teléfono desde un pueblo de España. No quiere dar más datos sobre su persona. A sus 60 años —“muy bien llevados”, dice coqueta— recuerda bien el episodio que acabó con una condena de cuatro meses en la cárcel para mujeres de Alcázar de San Juan. El motivo: “Es una homosexual rebelde a su familia”, dijo el juez, que, en virtud de la ley de peligrosidad social de 1970 (que no se derogó hasta el 31 de enero 1979, cuatro años después de morir el dictador Francisco Franco), la condenó en 1974 a una pena de “reeducación”.
María recuerda que en 1973, cuando ella tenía 17 años, tuvo una novia. “Nos besábamos por la calle y todo. Yo nunca me he cortado de nada”, afirma. “Tenía el lujo de hacer lo que me daba la gana. Tenía un nivel muy bonico, en casa había billetes”, cuenta. Pero ella iba a contracorriente. “Era la única chica en los bares de chicos. Me decían que era de la misma cooperativa”, recuerda entre risas. Aquel estilo de vida le supuso varias redadas. “La policía ya me conocía. Y, encima, era menor”.
Aunque la sentencia que la condenó decía que es “dominante a la hora de buscar a personas de su mismo sexo”, y que las “persigue y atrae”, María se ríe y lo niega. “Tengo mi carácter, pero fue ella la que me tiró los tejos”. “Nos estaban observando, nos seguían, hasta que un día la policía se presentó en casa de mi niña y en la mía”. A su novia no la detuvieron, pero a ella, “la rebelde”, sí. Su familia se movilizó. “Mi tío, que era abogado, me dijo que me iban a castigar el tiempo mínimo”.
Por fin, en 1974, la trasladaron en un furgón a la cárcel de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). “Era para chicas solo. La llevaban una especie de monjitas, creo que eran de la Merced”, recuerda.
En aquel traslado era la única condenada por lesbiana. “Las otras me decían: ‘Sí, sí, lesbiana, tú eres puta, como las demás”. “Había una pobre que estaba embarazada. Pidió a los guardias que pararan en un bar, que tenía un antojo y en la cárcel no se lo iban a dar”. Era una especie de último deseo. “El guardia le dijo: ‘Si tú me haces un favor, yo te compro el bocadillo de jamón. Ella se bajó con él, y volvió con el bocadillo”. “Eso me dejó más traumatizada todavía”, recuerda. Del tiempo encerrada no tiene muchas quejas. “Pasábamos casi todo el tiempo en el patio y haciendo trabajos manuales. La verdad es que no me puedo quejar de la gente que había dentro”. Pero cuando salió, aún tuvo que estar durante dos años presentándose una vez por semana en la comisaría. “Y la sentencia me prohibía ir a bares donde sirvieran alcohol durante ese tiempo”.
Aquella experiencia no la doblegó. Pese a lo duro de su situación, no pudo evitar fijarse en que la “directora era monísima”, cuenta con una sombra de picardía. Pero aquella fortaleza no ha evitado que tenga algunas secuelas. “Tuve una manía persecutoria, que fue muy fuerte durante casi cinco años. Todavía hoy miro mucho para atrás. Me cambió el carácter, y adquirí una desconfianza en las instituciones que aún me dura”, relata. “Sobrevivo gracias a que alguien me dijo: ‘Ya que te atreves a ir así por la vida, sabrá defenderte”.
Después de aquello, María viajó, montó negocios. Ahora vive en un pueblo con su pareja. Ella ha sido la primera lesbiana que ha sido indemnizada por aquella represión, según Antoni Ruiz, presidente de la Asociación de Expresos Sociales. “No sabemos la cantidad”, dice Ruiz, pero, por el tiempo encerrada, calcula que serían alrededor de 4.000 euros. La asociación tiene registradas hasta julio del año pasado 183 peticiones de indemnización, de las que han sido denegadas 49 y resueltas positivamente 116. El resto está pendiente. “El tiempo pasa, y cada vez quedamos menos”, dice Ruiz, quien está seguro de que hubo muchos más perseguidos.
María no quiere hablar de ese tema. “Lo importante es el reconocimiento. Por mí y por todos los que cayeron. Hubo muchos suicidios. Por cada uno que hemos salido adelante, se habrán quedado cinco o seis”, lamenta.
Le ha costado tiempo a esta mujer contar su historia. Aún tiene muchas prevenciones. “Quien quiera que venga a un pueblo para saber lo que es homofobia”, afirma.
Esta mañana los grupos Municipales, PSPV-PSOE, EU y Compromis, han presentado y debatido una moción sobre derechos LGTBI. Con ocasión de la conmemoración del 36 aniversario de la despenalización de la homosexualidad en España,
Uno de los puntos, era que la bandera del arco iris ondease en la fachada del ayuntamiento el Día 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos y el 28 de junio Día del Orgullo Gay.
La moción ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos políticos.
Los portavoces de los Grupos
Municipales: PSPV-PSOE, Michel Montaner, EU, Joan Antoni Pérez y Compromis,
Ricard Barberá, del Ayuntamiento de XIrivella, presentan al pleno la siguiente
moción:
Exposición de Motivos
El Boletín Oficial del
Estado número 10, del 11 de enero de 1979, págs. 658 y 659 recogía la
modificación de la Ley 77/ 1978, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley
de Peligrosidad y Rehabilitación Social y de su reglamento, quedando de esta
manera despenalizada la homosexualidad en el Estado español. Si bien su entrada
en vigor sería posterior, justamente el 31 de enero del mismo año.
A pesar de los cambios
sociales y legislativos que en nuestro país ha realizado en materia de derechos
reconocidos a las personas LGTBI, que culminaron en el reconocimiento del
matrimonio entre los ciudadanos del mismo sexo por parte del Tribunal
Constitucional, la homofobia continúa estando presente en numerosos sectores de
nuestra sociedad; el propio Ministerio del Interior alerta de “un importante repunte”
de las agresiones homofobas durante 2014.
Desde los Grupos Municipales no queremos olvidar la
memoria de los represaliados, por su “disidencia” sexual o de género, que
tuvieron la desdicha de vivir su homosexualidad durante la dictadura
franquista, a los que ahora pudieran en su “legalizada” visibilidad verse
acosados por ser quienes son o han sufrido injustamente agresiones homofobas,
tanto verbales como físicas, por la necesidad ético-cívica de prestar atención
a las secuelas de intolerancia que todavía se detectan.
Por todo ello, los Grupos Municipales PSPV-PSOE. IU y Compromis,
acuerdan:
1.- Solicitar la
aprobación de la Ley Integral para la igualdad efectiva de
personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (lgtbi) y
contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género en la
Comunidad Valenciana así como en el Estado Español.
2.- Solicitar a la Delegación del Gobierno la creación
de un protocolo de actuación para los casos de homofobia, que incluyan formación
a las Fuerzas de Seguridad del Estado y especial atención a las victimas que
acuden a presentar sus denuncias a las comisarías de la Comunidad Valenciana.
3.- Solicitar la puesta en marcha en los Centros
Escolares de protocolos de actuación para detectar, atender y prevenir los
casos de “bulling” homofóbico en las Aulas. El motivo se debe a que el 17% de
adolescentes homosexuales encuestados recientemente manifestaban haber sido
objeto de acoso en los centros escolares valencianos y una de cada cinco
víctimas ha intentado suicidarse.
4-. Proponer que con motivo de la conmemoración de los
días 10 de Diciembre, Día de los Derechos Humanos, y 28 de Junio, Día Internacional
del Orgullo LGTB, la Bandera del Orgullo sea izada en el Ayuntamiento de
Xirivella como venía haciéndose hasta la
llegada al gobierno del Partido Popular.
5.- Solicitamos que del acuerdo tomado en el pleno se dé debida cuenta al Gobierno de España, a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y a la Propia Generalitat.
Franco acababa de morir y, por ejemplo, todavía había pena de muerte. Las mujeres necesitaban el permiso de su marido para casi cualquier trámite y los gays estaban fichados por la Policía, ser homosexual era un delito regulado por la ley de Peligrosidad Social.
laSexta.com | Madrid | Actualizado el 18/06/2014 a las 15:51 horas
Cuando Juan Carlos I juró su cargo acababan de ser fusilados tres miembros del 'Frente Revolucionario Antifascista y Patriota' y dos miembros de ETA. Fueron los últimos. Pero en noviembre de 1975 todavía existía la pena de muerte en España, sin embargo, no era la única barbaridad del franquismo que todavía estaba vigente.
Ser homosexual era un delito, regulado por la Ley de Peligrosidad Social. Hasta mediados de los ochenta más de 5000 gais fueron fichados por la policía y encarcelados. Todavía hoy, sus fichas policiales siguen sin haberse destruído.
El aborto estaba prohibido y el divorcio, no existía. Como cualquier derecho de la mujer, que en 1975 necesitaba permiso de su marido para trabajar, abrir una cuenta bancaria o sacarse el pasaporte.
Para las solteras en 1975 todavía existía el Servicio Social de la Sección Femenina. Lo que equivalía a la mili de los hombre, pero para aprender a cuidar de sus hijos, a cocinar o a coser y que incluía prácticas en hospitales y comedores. Será por eso que la edad media para casarse era de 25 años. Hoy es de 32 años.
Aquel año, el salario medio de un español era de 22.000 pesetas, lo que hoy serían 132 euros. Y no se cobraba en nómina, se cobraba en un sobre cerrado con todos los billetes dentro.
Aquel también fue el año en que se hizo obligatorio el uso del cinturón en carretera. Y aunque ahora suena a nada, viajar costaba una fortuna: el litro de gasolina superó las 20 pesetas, 14 céntimos de euro.
Fue noticia en los periódicos, entre decenas de anuncios de viviendas con facilidades para pagar las letras, porque aún no se hablaba de hipotecas.
Antonio Ruiz, homosexual encarcelado durante el franquismo.
Vetusta cárcel, garante de injusticias al amparo del régimen franquista durante la década de los 60 y 70. Gays, lesbianas, bisexuales y transexuales recibieron una condena perpetua a su dignidad, sentencia de muerte sobre sus derechos. Fueron castigados por sus relaciones afectivas a toda clase de vejaciones para su "vuelta a la normalidad" por ser considerados unos "enfermos". Desde 2006 la dejadez institucional pone en peligro el futuro del penal, de su memoria, al no formalizarse el cambio de titularidad desde la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios al Ayuntamiento de Huelva.
La Asociación de Expresos Sociales, que defienda a los represaliados por su condición sexual durante el franquismo, también prevé otro escenario aún más devastador a pesar de que el edificio esté catalogado como de especial singularidad en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) . "No estamos de acuerdo con el traspaso de titularidad. Nos tememos, como ha ocurrido en otros casos idénticos, que el Ayuntamiento de Huelva venderá al mejor postor los terrenos de la antigua cárcel y con ellos su memoria histórica", aseguró el presidente del colectivo, Antoni Ruiz, quien acudió en 2005 junto con Mercedes Gallizo, exdirectora de Instituciones Penitenciarias, a la colocación de una placa en el penal onubense en homenaje a las víctimas de la represión franquista.
Ruiz aboga por su conservación porque la añeja prisión "tiene que ser para el pueblo, convertirse en un centro cívico para la ciudadanía". Es por ello que plantea una fórmula que proteja el edificio y su historia. "La mejor opción es que la Junta de Andalucía solicite su titularidad para que se encargue de su conservación como patrimonio histórico-artístico. La Administración andaluza posee esas competencias. Hay que impedir que se eliminen sus patios y galerías porque un ayuntamiento considere que no son de importancia histórica en pos de su falta de valor arquitectónico. Sin estos elementos perdemos la perspectiva de que era una cárcel, de la represión sufrida en ese entorno. La Junta debe intervenir y quedarse con esos terrenos, como ha ocurrido en Badajoz donde se ha instalado un museo en la antigua cárcel o seguir el ejemplo de la progresiva recuperación de la antigua cárcel de Valencia".
La Asociación de Expresos Sociales marca una hoja de ruta clara, definida por la preservación de estos espacios. "La antigua cárcel de Huelva, como otras similares por sus connotaciones históricas, han de ser declaradas como centros de uso social, de carácter público y que a su vez sirvan para conocer la represión política y social que sufrieron los homosexuales durante el franquismo. Ese edificio debe permanecer en la memoria histórica del país y que no lleguen las máquinas y lo destrocen", sentenció Antonio Ruiz.
La okupación de la antigua cárcel por parte de CSOA Apoyo Mutuo, que cumple este 23 de febrero su primer aniversario, no es vista como una "preocupación" por parte de la Asociación de Expresos Sociales. "No nos preocupa el uso dado por colectivos sociales. Nuestra preocupación es que se destrocen estos recintos como ha ocurrido en La Modelo". Desde la llegada del Centro Social y Autogestionado Apoyo Mutuo han concluido los actos vandálicos en el interior del centro penitenciario, al acabar los incendios provocados, el consumo de heroína en su interior y el robo de material metálico para su posterior venta.
El presidente de la Asociación de Expresos Sociales, Antoni Ruiz, mantiene una postura clara hacia la antigua cárcel. "Hay que conservarla para la Memoria Histórica de Huelva y de España. Lo que se tapa, lo que se destruye, conlleva el riesgo de volver a ocurrir en la Historia de nuestro país", concluyó.
Los muros encierran infausta memoria. Encarcelados por motivos sexuales, la más rancia represión. Son paredes de lamentos. Lamentos atravesados por puñales de incompresión. El honor y la dignidad secuestrados por dos leyes de la Dictadura, la modificación de la Ley de Vagos y Maleantes (1954) y La Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970-1984). La antigua prisión de Huelva preserva las flechas de sentencias sin juicio ni base jurídica, y el yugo sobre la condición sexual. Al menos 5.000 represaliados en España por ser gays, lesbianas, transexuales o bisexuales.
El régimen franquista estableció los "centros especializados en la rehabilitación de homosexuales". Los condenados eran internados durante un periodo de entre 3 meses y 3 años para su "reeducación" aunque esto era teoría negro sobre blanco. En realidad, la privación de libertad podía prolongarse hasta que el Tribunal de Calificación, con presencia eclesiástica incluida, aprobara esa "reeducación". Se llegaron a habilitar dos centros para homosexuales: uno dentro de la prisión de Badajoz (para homosexuales pasivos) y el otro, en la de Huelva (para los activos).
Por decreto de 25 de enero de 1968, la cárcel de Huelva se convirtió en "centro especializado". Sólo en la década de los 70, al menos un millar de homosexuales –o que lo parecían- pasaron por las prisiones de Huelva y Badajoz. Violaciones gestionadas por los propios carceleros, vejaciones de todo tipo, electrochoques como "terapia" experimental para la vuelta a la "normalidad"... injusticia a raudales que cebaba la dignidad humana y mostraba al más cruel del lobo franquista. Un atentado contra los derechos humanos que jalona la memoria del antiguo penal, desvencijada por el paso del tiempo y por la venda atada y bien atada por el actual olvido administrativo.
El 10 de junio de 2005, la por entonces directora general de Instituciones Penitenciarias Mercedes Gallizo, descubrió en la fachada de la prisión de Huelva una placa en homenaje a las víctimas de aquella injusticia: "Para una generación de españoles este establecimiento penitenciario fue símbolo de castigo y exclusión social hacia quienes decidieron ejercer su libertad y desarrollar una orientación afectiva diferente. Quede esta placa como reparación de la sociedad democrática a una injusticia histórica en recuerdo de los homosexuales que fueron encarcelados y como compromiso de que ninguna otra generación tendrá que pasar por nada semejante". Placa desvencijada por el paso del tiempo, sólo queda una huella de lo que fue, testigo de la dejadez institucional, símbolo caído por el pasotismo administrativo. Brindis a la reparación con copas rotas. Ya no existe esa placa, olvidada, secuestrada, maltratada, apartada de la memoria; y sólo era -¿sólo?- una placa que ponía una alerta en la Historia...
En diciembre de 2004 el Congreso, incluido el grupo parlamentario popular, votó una declaración de condena y desagravio por la represión desencadenada por el franquismo contra los homosexuales. Al año siguiente el Gobierno acordaba estudiar la indemnización a los afectados por la represión sufrida y el daño continuado producido por el Estado de Derecho. Según los datos ofrecidos por la Asociación de Expresos Sociales, hasta el 31 de diciembre de 2013 –fecha tope para la presentación de solicitudes de indemnización- se registraron 182 expedientes, de los cuáles 116 han derivado en indemnizaciones, 49 han sido considerados como negativos y 17 no han sido admitidos.
Andalucía registra el mayor número de expedientes con un total de 45 (35 positivos) y Huelva aglutina un total de seis, con cinco que terminaron en indemnización y uno considerado como negativo. Estas indemnizaciones hacen referencia a represaliados con residencia actual en la provincia de Huelva, que pudieron estar recluidos en el antiguo penal o en otra cárcel del territorio nacional por motivo de su condición sexual.
La antigua cárcel de Huelva está catalogada por la Junta de la Andalucía como Lugar para la Memoria Histórica, aunque la niebla administrativa –en esa dejadez sobre su titularidad- encarcela el resquicio de la salvación del edificio y de su historia. El yugo aún persiste en sus paredes por acción pasada y por omisión actual.
Entrada del centro penitenciario de Huelva de La Ribera
La reconstrucción del pasado bebe de las fuentes documentales. La memoria histórica se nutre con archivos, expedientes y todo tipo de documentos, además de la tradición oral si abrimos la página contemporánea. Incluso algunos textos legales de la Guerra Civil y de la Dictadura sirven de bastón jurídico a represaliados o perseguidos para recibir de la Administración algún tipo de indemnización de carácter económico, reconocimiento social por haber sido víctimas de la represión, y reconocimiento incluso de derechos civiles y de propiedad sobre bienes que en algún momento perdieron. Sobre este tablero juegan en papel primordial los expedientes judiciales y penitenciarios de los presos encarcelados en la antigua prisión de Huelva, que se encuentran disgregados por parte del territorio nacional. Esta falta de reunificación complica en extremo su estudio y catalogación.
Los archivos históricos del añejo tienen al menos hasta cuatro localizaciones diferentes en virtud de su naturaleza jurídica (judiciales o penitenciarios) y de la división judicial del territorio o audiencia territorial. Algunos tienen coartados aún su consulta directa porque la fecha final de su tramitación aún no ha superado el límite legal para el acceso libre en virtud de Ley de Protección de Datos. Es decir, los documentos pueden ser consultados si tienen más de 50 años desde la finalización del expediente o 25 si la fecha del fallecimiento de la persona en cuestión es conocida. Además, algunos de los archivos penitenciarios continúan 'aprisionados' no muy lejos de la capital onubense.
El Archivo Histórico de Huelva custodia y conserva, transferidos por Instituciones Penitenciarias, los expedientes personales de internos con un periodo cronológico que abarca desde el año 1933 al 1949 (fecha de salida de prisión). A partir de ahí la pista se complica y el camino de migas de pan abre diferentes senderos.
Los archivos judiciales al no estar unificados se hallan en función del partido judicial correspondiente, según la demarcación regida durante la Dictadura y la tipología del delito. Los expedientes judiciales por infringir la Ley de Vagos y Maleantes mantienen un paradero 'desconocido'. El juzgado estaba centralizado en Sevilla, con jurisprudencia por tanto en la provincia onubense. No obstante, los archivos territoriales o histórico-provinciales no disponen de los expedientes ni siquiera el archivo de la ciudad hispalense que mantiene algunos documentos judiciales referentes a la provincia de Huelva. Su creación en 1989 hizo que los fondos judiciales permanecieran en depósitos documentales de la Administración judicial acumulados durante muchos años. Es "difícil -según aseguró la directora del Archivo de Provincial de Sevilla, Amparo Alonso García- saber si se han conservado y dónde, o si verdaderamente se han perdido".
Si bien, la propia Alonso García destacó el esfuerzo institucional para recopilar el fondo documental. "Actualmente sabemos que se está llevando a cabo por parte de la Consejería de Justicia y el Ministro de Interior, a través de la Secretaría General para la Justicia, un trabajo de identificación de todos los expedientes conservados en los archivos judiciales para preparar su traslado a los archivos territoriales o históricos provinciales", apuntó.
El Archivo Histórico de Sevilla sí custodia los archivos judiciales de la provincia de Huelva, relativos a la Ley 16/1970, de 4 de Agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, y al Reglamento de 1971. Conserva, por tanto, el fondo documental del Juzgado de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Huelva. En la base de represaliados políticos se encuentran catalogados 922 expedientes correspondientes a la provincia de Huelva, siendo 760 del Juzgado de Peligrosidad, y el resto del Servicio de Libertad Vigilada o inscripciones de defunción en el Registro Civil fuera de plazo.
La antigua cárcel de Huelva, por decreto de 1968, aparece definida como "centro especializado" para la "reeducación" de los homosexuales, al igual que la prisión de Badajoz. Es por ello que aquellos condenados por la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social acabaron en el centro penitenciario de la ciudad aún estando juzgados en otra provincia española. De hecho, algunos expedientes judiciales referentes a internos en la cárcel onubense han sido hallados en el Archivo de la Real Chancillería de Granada, como puso de manifiesto la Asociación de Expresos Sociales. Esta disgregación de los documentos aparece definida en el nuevo marco jurisdiccional de la ley que supuso la continuación –o relevo- de la Ley de Vagos y Maleantes. Con el nuevo marco legislativo en 1971, la competencia para la declaración del estado de peligroso social, fijada en el Reglamento de aplicación de la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, pasó a corresponder a la jurisdicción ordinaria, a través de los jueces de 1ª instancia e instrucción, a los que se asignó un doble cometido. Éstos desempeñarían las funciones de la nueva Ley en cada capital de provincia, correspondiéndole al número 1 en las capitales donde hubiese más de un juzgado.
Este grupo de fondos, Vagos y Maleantes y Peligrosidad y Rehabilitación Social, junto con los expedientes penitenciarios, es "vital" en la búsqueda de antecedentes conocidos para acreditar la desaparición de personas durante la Guerra Civil, y para acreditar el sufrimiento de cualquier tipo de represión.
Al menos ya existen tres localizaciones diferentes: archivos históricos de Huelva, Sevilla y Granada. Pero aún queda otra vertiente documental, los expedientes penitenciarios de los encarcelados en la antigua prisión de Huelva durante las décadas de los 50, 60 y 70. Este fondo, de "difícil acceso", se encuentra en el actual Centro Penitenciario Provincial de Huelva, sito La Ribera, al pertenecer a Instituciones Penitenciarias, según varias fuentes consultadas por este diario. Su valor documental es "incalculable", puesto que en ellos se hace referencia a la Junta de Clasificación una vez entrada en vigor la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Este organismo era el encargado, con todo tipo de vejaciones, de calificar al homosexual preso por la citada ley, además de reflejar la 'pseudomedicina' aplicada a esta "enfermedad", como era calificada durante el régimen franquista. De hecho, el preso homosexual debía ser clasificado entre activo o pasivo, ya que los pasivos iban al penal de Badajoz y los activos a Huelva. Además durante su encarcelamiento esta junta albergaba la potestad de decidir cuando estaban 'curados' de su "enfermedad" y por tanto rehabilitados para lograr su reingreso en la sociedad. La aleatoriedad en sus decisiones ahondaba aún más en la represión sufrida, ya que la puesta en libertad no se basaba en ningún fundamento jurídico.
El presidente de la Asociación de Expresos Sociales, Antoni Ruiz, asegura que "es complicado saber la ubicación exacta de los expedientes penitenciarios. Ni siquiera en los procesos de solicitud de indemnización por las represiones a homosexuales, el solicitante sabe dónde se hallan estos documentos. El propio Ministerio de Interior e Instituciones Penitenciarias son los encargados de reunirlos para la posterior investigación que derive en la indemnización o no. Son documentos de muy difícil acceso".
La Asociación de Expresos Sociales reclama la "necesaria" catalogación y reunificación de todos los documentos históricos, ya sean expedientes judiciales o penitenciarios, al objeto de que puedan ser estudiados y pongan de manifiesto las "vejaciones" aplicadas a los homosexuales en centros penitenciarios como el de Huelva. "Es necesario y prioritario la protección de estos documentos para que los investigadores tengan acceso a ellos", sentenció Antonio Ruiz.
Desde 2006, la cesión del edificio y del suelo está pendiente del pago de 2,2 millones de euros a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP). Además, el Consistorio no podría hacer frente a los gastos derivados de la rehabilitación de la infraestructura y de la reconversión del espacio.
¿Jaque mate a la antigua cárcel de Huelva? El tira y afloja de las administraciones deja en el limbo al vetusto centro penitenciario. Su futuro está en entredicho por los "problemas financieros" del Ayuntamiento de Huelva y la falta de acuerdo con la Administración central. Desde hace ocho años no puede cumplir una de las condiciones del convenio de adquisición de los terrenos, firmado con Instituciones Penitenciarias y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) en marzo de 2006.
El citado organismo, dependiente del Ministerio de Interior y de Hacienda, regenta la titularidad de la añeja prisión. De hecho, las llaves de la vieja cárcel están custodiadas en el actual Centro Penitenciario de Huelva, ubicado en La Ribera. Casi una década y la SIEP aún no ha formalizado la desafectación de los terrenos para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad por parte del Ayuntamiento de Huelva. El motivo: la falta del pago de 2,2 millones de euros para la concreción del traspaso. De hecho, en 2011 realiza un requerimiento a la Administración Local "para resolver la permuta del inmueble que se encuentra pendiente de realizar por sus problemas financieros", según refleja la memoria anual de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios.
Fuentes cercanas al proceso de negociación del cambio de titularidad revelaron a este diario que la situación se encuentra "encallada" porque el Ayuntamiento no dispone de recursos financieros para cumplir el convenio. No obstante, y tras reconocer que no disponen de "dinero en metálico" para afrontar el pago ni tienen la "obligación" de cumplir el convenio de 2006, desde el gabinete de Comunicación del Consistorio mantienen un discurso contrario al asegurar que están inmersos en "conversaciones" con Instituciones Penitenciarias al objeto de "encontrar alternativas y adquirir la cárcel con el objetivo de ponerla en valor". Sin embargo, la segunda vía -ceder unos terrenos municipales valorados en esos 2,2 millones de euros- también cojea ya que a priori el Ayuntamiento tampoco dispone de suelo con esa tasación en el mercado actual.
El embrollo legal deja huérfana a la antigua cárcel de Huelva. Ni siquiera en los registros electrónicos de infraestructuras de Instituciones Penitenciarias y de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios aparece la propiedad del centro penitenciario. Un limbo administrativo que también desemboca en la dejadez sobre la responsabilidad de conservación del edificio. Desde el cierre completo del penal -2008-, no se ha acometido ninguna tarea de conservación arquitectónica. La competencia recae en la Sociedad Estatal de Equipamientos Penitenciarios, o en su defecto Instituciones Penitenciarias, pero con el convenio de traspaso de titularidad sobre la mesa, aún sin formalizar, el 'lavado de manos' es una constante. El documento deriva la responsabilidad de rehabilitación del edificio y el desarrollo urbanístico de la parcela hacia el Ayuntamiento de Huelva, cuando ya estén cumplimentadas las condiciones del documento. Sin embargo, la Administración local no dispone de "financiación suficiente" para el mantenimiento y busca "el apoyo y colaboración de otras administraciones", según citaron fuentes municipales.
En ese eres tú, no eres tú. La conservación aparece defenestrada por completo. El Ayuntamiento de Huelva no posee la capacidad de 'obligar' al actual propietario de la cárcel- la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios- a ejecutar las tareas de mantenimiento a no ser que estuviera en riesgo de declararse en ruina y alegando el deber innato a la propiedad. Incluso podría guardarse algún as en la manga. Si el edificio acabara derruido, la SIEP debería abonar la diferencia del coste de levantar una nueva infraestructura.
Del lago del organismo estatal, está el convenio de 2006 donde se fija la competencia municipal sobre la rehabilitación de la antigua cárcel, aunque este documento es tinta mojada al no suscribirse en su totalidad. No lo es tanto las actas de los plenos municipales que desde el año 2001 fijan que la recuperación del espacio está encaminada a su "rehabilitación y uso dotacional". Las cartas están sobre la mesa y las instituciones dejan claro su ´regate´ hacia los costes de conservación del vetusto penal, cuya construcción se inició en 1926 y se inauguró en 1933, según el periódico La Provincia.
El Ayuntamiento de Huelva asegura que su intención es "poner en valor" este edificio catalogado en el Plan General de Ordenación Histórica como de "especial singularidad" por su carácter monumental. No obstante, las famélicas arcas municipales, la dejadez institucional al no formalizar el convenio, la carencia de acuerdos concretos y la falta de conservación ponen en peligro riesgo a "un edificio emblemático por su arquitectura y por su historia", según declaró el 9 de marzo de 2006 el actual alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, tras la firma el convenio de traspaso de titularidad. Una fotografía que esta vez retrata al primer edil, quien hace ocho años calificaba la recuperación de la cárcel de "excelente noticia" para Huelva y el barrio de Isla Chica.
Un papeleo sin efecto
La adquisición municipal del edificio y parcela de la antigua cárcel recorre un largo periplo documental entre actas municipales, registros e informes estatales. El Pleno municipal, en sesión de 29 de marzo de 2001, adoptó el acuerdo de iniciar los trámites necesarios para la adquisición por el Ayuntamiento del antiguo Centro Penitenciario de Huelva, para su "rehabilitación y posterior uso dotacional". Igualmente, el Pleno municipal, en sesión de 29 de julio de 2003, adoptó el acuerdo de aprobar un Convenio con el Ministerio del Interior y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. para "la adquisición por el Ayuntamiento del antiguo Centro Penitenciario de Huelva y la cesión de terrenos a segregar de parcela dotacional en el ámbito del Plan Parcial nº 4 Vista Alegre, con destino a la construcción de un Centro Inserción Social".
En ese primer convenio aparece la primera clave del embrollo administrativo para no incumplir el marco legislativo. Establece dos operaciones jurídicas, una de adquisición de inmueble, previa su desafectación al dominio público-servicio público estatal (el edificio de la antigua cárcel), que permite la utilización del procedimiento negociado por razones de singularidad y especificidad histórica, cultural, artística o técnica del bien a adquirir; y otra de cesión de la titularidad de la parcela sita en el Plan Parcial nº 4 "Vista Alegre", que habría que tramitar como "mutación demanial subjetiva" a favor del Ministerio del Interior, al ser la parcela dominio público municipal, cediéndola directa y gratuitamente a dicho Ministerio, para su afectación al dominio público estatal o bien desafectarla para su cesión gratuita.
Más claro. El Ayuntamiento de Huelva no puede llevar a cabo en una sola operación el cambio de titularidad del antiguo centro penitenciario. La permuta de la parcela donde está ubicado el Centro de Inserción Social David Beltrán por el suelo de la antigua cárcel era ilegal en virtud de la Ley de Bienes dada la diferencia de valores entre uno y otro. Es por ello que se establece el procedimiento de negociado para la adquisición de la vieja cárcel y por otro lado se cede 'gratuitamente' los terrenos del Centro de Inserción Social. Es en 2003 cuando se "sientan las bases" –según el informe anual de Instituciones Penitenciarias- del convenio entre Instituciones Penitenciarias, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y el Ayuntamiento de Huelva. De hecho, en abril de ese año recibe la preceptiva aprobación de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Dos años más tarde –en 2005- se modifica el referido convenio para completar las determinaciones de la edificabilidad sobre la parcela destinada a la construcción del Centro de Inserción Social, segregada de la finca registral nº 70.809 y por entonces de titularidad municipal, de forma que a la misma se le asignó una edificabilidad máxima de 9.060 metros cuadrados sin limitación de alturas.
El 9 de marzo de 2006 se cierra el círculo el convenio una vez concretada la negociación por la adquisición de la cárcel. Tenía lugar la segunda de las operaciones jurídicas para el cambio de titularidad y que aún no se ha llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Huelva al no hacer frente al pago. En total, la Administración debía y debe pagar 2,2 millones de euros para hacer frente al diferencial de valores entre el terreno del Centro de Inserción Social y el de la antigua cárcel.
Este escenario legal se enraíza en el Plan de amortización y creación de centros penitenciarios, de 1991, queestablece la financiación mixta de las cárceles y centros de inserción social de nueva planta, con fondos estatales y con otros procedentes de la amortización de los que se van cerrando. Es decir, la antigua cárcel de Huelva debía generar recursos al Estado para acometer su renovación de centros carcelarios. La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), actual propietaria de la antigua cárcel, fue creada para negociar estos convenios con las administraciones. En el caso de Huelva las negociaciones se realizaron con la Administración Local.
Ese citado 9 de marzo de 2006 llegó el momento de la rúbrica del convenio entre el actual alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, y la ex directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. En esa fecha, el primer edil calificó de "duras" las negociaciones con la SIEP si bien el acuerdo alcanzado era "positivo" para la ciudad de Huelva.
De hecho, el antiguo presidente de la SIEP, el leonés Benigno Castro, aseguró en diciembre de 2006 que "hasta ahora nadie nos ha pedido que regalemos alguna de las cárceles antiguas que han pasado a manos municipales", citando concretamente la de Huelva. Si bien no tuvo en cuenta que el punto económico del convenio no llegaría a buen puerto.
En 2009 y una vez puesto en funcionamiento el Centro de Inserción Social David Beltrán, Instituciones Penitenciarias –según su informe anual- inicia los trámites de desafectación de la antigua cárcel y ya forma parte del patrimonio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) al no cumplir el Ayuntamiento de Huelva con la parte económico del convenio. Dos años más tarde, la SIEP realiza un requerimiento al Ayuntamiento de Huelva para realizar el cambio de titularidad. Sin embargo éste no sucede por "problemas financieros" del Consistorio, tal y como queda reflejada en la Memoria Anual de 2011 de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios.
Tras esta batalla administrativa, la antigua cárcel continúa huérfana de acción institucional, una acción que acabe con su orfandad y asegure su rehabilitación y la puesta en valor de uno de los edificios con más historia de la capital onubense.
“Ya en la misma teología se sabe que el pecado en este mundo tiene su castigo. No me extrañaría nada que esto fuera un efecto de la divina providencia, que intenta ejemplarizar contra los que se ríen de la virtud”, fueron las palabras usadas por el cura católico español Jesús Calvo en un programa de televisión. El sacerdote se refería a la noticia de que a Pedro Zerolo, activista gay y destacado referente del movimiento LGBT peninsular y latinoamericano, le diagnosticaron cáncer.
“No cambiaría la vida de mi perro por la de Pedro Zerolo”, provocó el entrevistador al sacerdote, preguntándole si ese sentimiento era correcto desde el punto de vista de un buen cristiano, y el cura le dio la razón, agregando que hay mucha “basura social” y es una lástima que no haya más pena de muerte en España, para acabar con esa “gentuza”.
Pedro Zerolo le duele hace mucho a la aún franquista Iglesia católica española porque, parafraseando a Silvio Rodríguez, les duele el amor. Porque mucho tuvieron que ver su inteligencia y su liderazgo con la aprobación del matrimonio igualitario en 2005, durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, amigo personal y compañero de partido de Pedro, hoy concejal por el PSOE de Madrid. El periodista y el cura, sin pudor, festejaban y se divertían en vivo comentando la noticia de su enfermedad.
Para el cura Calvo, el cáncer que Zerolo ya comenzó a enfrentar es un castigo divino; lo mismo que años atrás decían sobre el sida. Un castigo contra los que “se ríen” de lo que, según Calvo, Dios considera virtud. Una venganza.
El señor, como un niño perverso que experimenta causando dolor a insectos y sapos, introdujo el tumor en el cuerpo de ese maricón. Tentativa de homicidio —tentativa, sí, porque Pedro va a derrotarlo de nuevo— si fuese un simple terrícola, pero en el cielo rigen otras leyes: Dios es capaz de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo peor. Vengativo, no le perdona a Pedro que haya sido el principal referente público y organizador de la lucha por el matrimonio igualitario en España y en otros países, donde ayudó al lesbianas, gays, bisexuales y trans a organizarse en defensa de sus derechos civiles. ¿Cómo pudo ese humano, descendiente de esos malagradecidos que instalé en el jardín del Edén y luego tuve que expulsar, desafiar a mi Iglesia, que será lo que será, pero es mía?
(Preguntó isaac, Padre, qué mal te he hecho para que hayas querido matarme, a mí que soy tu único hijo, Mal no me hiciste, isaac, Entonces por qué quisiste cortarme la garganta como si fuese un borrego, preguntó el mozo, si no hubiese aparecido aquel hombre para agarrarte el brazo, que el señor lo cubra de bendiciones, estarías ahora llevando un cadáver a tu casa, La idea fue del señor, que quería ponerme a prueba, Prueba de qué, De mi fe, de mi obediencia, Y qué señor es ese que ordena a un padre que mate a su propio hijo, Es el señor que tenemos, el señor de nuestros antepasados, el señor que ya estaba acá cuando nacimos, Y si ese señor tuviese un hijo, también lo mandaría a matar, preguntó isaac, El futuro dirá, Entonces el señor es capaz de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo peor, Así es, Si tú hubieses desobedecido la orden, qué sucedería, preguntó isaac, La costumbre del señor es mandar la ruína o una enfermedad a quien le falló, Entonces el señor es rencoroso, Creo que sí, respondió abraham en voz baja, como si temiese ser oído…)
Más de 50 mil personas firmaron una petición, dirigida al obispado de León y la Nunciatura Apostólica de España, pidiendo la suspensión del cura Calvo. El papa argentino, más afecto a los “gestos” que a las decisiones, tiene una buena oportunidad para decir a qué vino y, sobre todo, a qué dios le reza. Porque lo más revelador de las palabras de cura Jesús Calvo no es lo que dicen sobre Pedro Zerolo, sino lo que dicen sobre el dios en el que este hombre cree. Cómo lo ve quien predica en su nombre, qué carácter le atribuye y cómo cree que debería ser, entonces, una humanidad hecha a su imagen y semejanza. El cura Calvo, como el pez, murió por la boca.
Supongamos, por un minuto, que Dios existe, aunque el autor de este blog y parte de sus lectores no lo crean. Y supongamos que sí, que de todos los dioses que reivindican para sí el nombre propio, con D mayúscula, el verdadero es ese —católico, apostólico y romano— al que Jesús Calvo le reza. Supongamos, por un minuto, que Dios es ese niño malvado que Calvo inmagina en sus sueños, experimentando con esos bichos que creó hace miles de años, metiéndoles un tumor en el cuerpo cuando no le dan el gusto de cumplir sus caprichos.
¿Qué nos dice el cura Calvo sobe Dios?
(La sangre corría entre las tiendas como una inundación que brotaba del interior de la propia tierra, como si ella misma estuviera sangrando, los cuerpos degollados, desvientrados, cortados por la mitad, yacían por todas partes, los gritos de las mujeres y de los niños eran tales que debían llegar hasta la cima del monte sinaí donde el señor se estaba regocijando con su venganza. Caín no podía creer lo que sus ojos veían. No bastaban sodoma y gomorra arrasadas por el fuego, a los pies del monte sinaí, era patente la prueba irrefutable de la profunda maldad del señor, tres mil hombres muertos sólo porque él estaba irritado por la invención de un supuesto rival con figura de becerro, Yo no hice más que matar a un hermano y el señor me castigó, quiero ver ahora quién va a castigar al señor por estas muertes, pensó caín, y luego continuó, Lucifer sabía bien lo que hacía cuando se rebeló contra dios, hay quien diga que lo hizo por envidia y no es cierto, lo que él conocía era la maligna naturaleza del sujeto.)
José Saramago
Si Dios es así, como lo describen (uno aprobándolo, el otro rebelándose contra él) el cura Jesús Calvo y el Caín de José Saramago, es un dios que merece, sí, ser enfrentado, por más poderoso que sea. El tipo se cree que, sólo por habernos creado, compró el derecho a decidir, para siempre, sobre nuestras vidas, a elegir nuestras costumbres, a censurar o aprobar nuestros deseos, nuestro amor, nuestros proyectos de vida, a condenarnos a la enfermedad, el dolor y la muerte por mero capricho, porque nuestro libre albedrío lo incomodó, porque no somos como Él nos había imaginado, porque osamos ser nosotros mismos y comer las manzanas que nos apatezcan sin su permiso.
(… y además, ángeles, de dónde salió esa peregrina idea de que dios, solo por ser dios, debe gobernar la vida íntima de sus creyentes, estableciendo regras, prohibiciones, interdicciones y otras patrañas del mismo calibre, preguntó caín…)
Exista o no exista Dios (poco importa a esta altura del partido), de algo no tengo dudas. Si quien nos creó es ese tipo perverso que describen Calvo en la televisión española y Caín en la magnífica obra del Nobel portugués, yo estaré siempre del lado de los infieles, junto a mi querido amigo y compañero Pedro Zerolo, una de las personas más buenas y admirables que conozco en este mundo. Pedro tiene todo el amor y la dignidad que a ese ser, imaginario o no, le faltan, tal vez por no ser humano, tal vez por creerse todopoderoso.
Estaré con él para enfrentar a ese dictador genocida y defender la libertad de estas criaturas que somos, nos haya creado quien nos haya creado; para enfrentar su cancerígena tiranía y decidir y responsabilizarnos por nuestra propia vida, sin miedo de ser felices.
Les guste o no a Él y al cura franquista que dice representarlo.
El Gobierno ha incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) una disposición Vigésima quinta, en la que fija el 31 de diciembre de 2013, como fecha límite para presentar las solicitudes de indemnización a favor de expresos sociales, (homosexuales, transexuales) por la represión sufrida y haber pasado tiempo en prisión durante el régimen franquista.
De esta forma se pone fecha límite a la presentación de solicitudes por parte de los afectados al derecho que recoge la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 2/208 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.
Desde esta Asociación, aun considerando que es simplemente una cuestión administrativa, lamentamos que de forma unilateral por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, tomen esta decisión sin consultar con la Asociación, ya que esta fue la interlocutora y promotora del reconocimiento de dichas indemnizaciones a los represaliados en la dictadura por su condición sexual.
Esta entidad es conocedora de las grandes dificultades con las que se encuentran los afectados para la localización de la documentación necesaria para el reconocimiento al derecho de indemnización, ya que dicha documentación que se encuentra repartida por distintas administraciones y que no en pocas ocasiones, por falta de personal, interés, perdida o destrucción, cuesta años hacerse con la misma.
La Asociación quiere trasmitir a todos aquellos ciudadanosque hubieren sido objeto de medidas de internamiento por su condición de homosexuales en aplicación de las antiguas Leyes; Ley de 15 de julio de 1954, por la que se modifica la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1933, o de la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, que:
1º- A la mayor brevedad posible cumplimente la solicitud de indemnización y sea registrada en la Comisión de Indemnizaciones a Ex Presos Sociales, sita en Avda, General Perón, 38 Edificio Master´s II, CP 28020 Madrid, Tel. 90053055 Fax 91 349 15 74 o ponerse en comunicación con esta Asociación en el Tel. 961182773 Móvil: 697232693 .
La Asociación reitera su compromiso en defensa de los intereses de las personas represaliadas por su condición sexual y anunciamos que, en los próximos días, solicitaremos las pertinentes reuniones con los Grupos Parlamentarios para analizar esta nueva circunstancia. También se remitirá una carta al Ministerio de Justicia para mantener una reunión de trabajo con la intención de que se agilice al máximo la localización de la documentación judicial necesaria para la justificación del derecho a las indemnizaciones.
Por último, queremos refrescarle la memoria al Gobierno de la Nación y al Partido Popular, señalando que la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 2/208, de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, fue aprobada por unanimidad de toda la Cámara del Congreso de Los Diputados.
Declaraciones de Antoni Ruiz, Presidente de la Asociación Ex Presos Sociales:
Solicitamos al Grupo Parlamentario Popular la inmediata retirada del Recurso de la vergüenza que mantiene en el Tribunal Constitucional contra la reforma del Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si se puede reformar o poner fechas de caducidad a lo que anteriormente ha realizado el Grupo Popular en anteriores legislaturas, entonces consideramos que también se puede retirar un recurso.
Título II Real Decreto 710/2009, de 17 de abril, por el que se desarrollan las previsiones de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, en materia de Pensiones de Clases Pasivas y de determinadas Indemnizaciones Sociales (B.O.E. 30/4/2009) (pdf)
1. Causante
Quienes hubiesen sido objeto de medidas de internamiento por su condición de homosexuales en aplicación de la Ley de 15 de julio de 1954, por la que se modifica la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1933, o de la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, modificada por la Ley 43/1974, de 28 de noviembre
2. Beneficiarios
2.1 El propio causante
2.2 En el supuesto de fallecimiento: Serán beneficiarios de esta indemnización el cónyuge no separado legalmente ni en proceso de separación o nulidad matrimonial o, en su caso, la persona que hubiera venido conviviendo con el causante con análoga relación de afectividad a la del cónyuge durante, al menos, los dos años anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia
3. Importe de la Indemnización
Desde un mes hasta seis meses: 4.000 €
De seis meses y un día hasta menos de tres años: 8.000 €
Tres años o más: 12.010,12 €
Por cada tres años completos adicionales a partir de tres años: 2.402,02 €.
4. Incompatibilidades
Su abono será compatible con la obtención de otras ayudas, siempre que no sean concedidas por el mismo concepto.
ESTE DOCUMENTO ES EL QUE DEBE ESTAR ENVIADO DE FORMA QUE EL ESTADO LO RECONOZCA LEGALMENTE COMO ENTRADA EN EN REGISTRO; EJEMPLO CORREROS CERTIFICADA Y ACUSE DE RECIVO CON LAS DOS COPIAS SELLADAS POR LA OFICINA POSTAL , UNA PARA EL MISNISTERIO Y OTRA PARA EL SOLICITANTE
El próximo 31 de diciembre finaliza el plazo para que las personas LGTB represaliadas durante la dictadura franquista y la transición puedan solicitar una indemnización por el tiempo pasado en la cárcel por su orientación sexual o identidad de género, según lo establecido por el actual Gobierno en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2013. Antoni Ruiz, presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales, fue el primer homosexual al que se le reconoció el derecho a esta ayuda, que fuedenegada en un tercio de los casos presentados.
Como él, se calcula que otras cinco mil personas LGTB pasaron por prisión en virtud de lo establecido en la Ley de Vagos y Maleantes (1954) y la de Peligrosidad Social (1970). “Negociamos con el Gobierno, pero el PSOE no quería que se les tachase de pro-gays, y no aceptaron las cuantías que pedíamos en base a los datos que manejábamos sobre el número de personas que podían solicitar dicha indemnización”, señala Ruiz. A ello añade que la idea inicial era “crear un fidecomiso” con los cuatro millones aprobados para este fin en los Presupuestos Generales del Estado para 2010. Sin embargo, sostiene que pelearon por lograr que “se entregase una cantidad de 12 mil euros en concepto de indemnización, y una pensión vitalicia de 800 euros mensuales” a los damnificados. Nada de esto llegó a cumplirse, y a día de hoy son solo 111 las personas que han obtenido esta indemnización.
Sobre el apoyo recibido por parte del PP, Ruiz asegura que “Siempre hemos contado con ellos y desde un principio apoyaron las indemnizaciones, aunque otras cosas no las hagan”. La única crítica que hace al Gobierno es que “Se han dado mucha prisa en cerrar el plazo para la presentación de solicitudes, aunque quizás no sea tan exagerado teniendo en cuenta que ya no están apareciendo más personas con intención de pedirlas”. Efectivamente, la demanda ha sido escasa en los últimos años debido a que “la mayoría de los represaliados han fallecido”. Por desgracia, esas víctimas no podrán disfrutar nunca de resarcimiento moral alguno. Cuatro meses en prisión por homosexual
“Ten cuidado con este, que es maricón”. Esas fueron las palabras con las que un agente de la policía “advertía” a su compañero de que Antoni Ruiz, la persona a la que acababan de solicitar el DNI en un control en 1995, era homosexual. Como es lógico, Ruiz no entendió nada y, asombrado por el comentario, preguntó por qué afirmaban tal cosa. “Si quieres saber más, búscate un abogado”, le respondió el agente. Y eso fue precisamente lo que hizo. A partir de ahí, descubrió con estupefacción que su nombre constaba en una base de datos junto a su orientación sexual, y en el año 2000 consiguió que dicho expediente fuese destruido, no sin antes hacerse con una copia del mismo. Tras esto, “empecé a tomar contacto con otras personas y así nació la Asociación en 2004”. Desde entonces, Ruiz no ha parado de luchar por los derechos legales y sociales de las personas LGTB.
Su historia, como la de otros muchos, es surrealista, cuando menos.Corría el año 1976 y, con tan solo 17 años, Ruiz le acababa de contar a su familia que era homosexual. “Mi madre, a falta de información y con lo que suponía ser gay en el Franquismo, se lo contó a una monja y esta me denunció ante la Brigada Criminal”. Relata que, poco después, “cuatro secretas se presentaron en mi casa y me llevaron detenido a la Comisaría de Valencia, y de ahí al calabozo”. Y allí pasó tres interminables días con sus tres noches, en las que fue sometido a inquisitoriales interrogatorios, con el fin de hacerle delatar a otros homosexuales de la zona, e incluso sufrió una violación “incitada por un gris que le dijo a otro preso que había en el calabozo que hiciese conmigo lo que quisiera porque yo era maricón”. Tras un juicio plagado de irregularidades y carente de toda garantía procesal, fue condenado a varios meses de prisión. Pasó varios días en la cárcel Modelo de Valencia y en la de Carabanchel, antes de ser trasladado a la prisión para homosexuales pasivos de Badajoz, donde estaría noventa días. El mismo día en el que cumplía dieciocho años fue puesto en libertad, después de que un cura avisara a sus padres del “lugar en el que su hijo se encontraba”. A partir de ahí, se vio obligado a cumplir un año de “destierro” a más de 100 kilómetros de su población natal. “Tiene gracia que una monja me metiera en la cárcel y un cura me sacase de ella”, comenta entre risas.
Mientras se acaba el plazo para pedir las indemnizaciones para la población LGTB reclusa, muchos de aquellos llamados "presos sociales" siguen presionando para que se reconozca todo lo sucedido durante el régimen de Franco.
27/12/2013 - Eduardo Nabal | Opinión Aunque como decía el director Javier Larrauri, en cualquier momento podemos ser testigos de otro tiempo maldito marcado por la alianza de la derecha española y los sectores más conservadores de la jerarquía eclesiástica, muchos de los presos que sobrevivieron al franquismo ven por fin, parcialmente, reconocida su historia poco contada. No obstante, no ha habido una renovación suficiente de aquellas estructuras sociopolíticas que condujeron a la población LGTB a la cárcel o al manicomio y no hay una clara legislación ni antidiscriminatoria ni sobre la memoria histórica, esa memoría de la dictadura franquista que hasta Argentina pide que se investigue. Pero a este gobierno no le interesa hacer memoria.
Las lobotomías de López Ibor, las terapias brutales de gente como Vallejo Nájera, la censura, el exilio, los matrimonios forzosos, los abusos en colegios de curas y monjas, los encuentros clandestinos... fueron acabando a finales de los setenta, pero la ideología y los que lo promovieron (o sus dicípulos) siguen ostentando el poder aliados con una iglesia que, a pesar de las bondades dichas por el Papa Francisco, sigue condenado a las personas LGTB y a las mujeres en general a depender de sus leyes no escritas y de sus ideas sectarias.
La reforma de la ley del aborto de Gallardón, las declaraciones del ministro del Interior, el cierre de los programas de prevención y reproducción asistida, la censura sutil pero en aumento y la eliminación de la diversidad sexual en las aulas a través de la extinta educación para la ciudadanía en los programas académicos son preocupantes pasos atrás que hacen necesario que las jóvenes generaciones, sea cual sea su orientación sexual, conozcan lo que la dictadura franquista y la moral dominante hicieron con los disidentes sexuales o de género.
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Disposición adicional decimoctava de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre
El próximo 31 de diciembre 