Los derechos de gays, lesbianas, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales tienen en el país pocas garantías
Gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales no tienen en el país derechos que ya se han alcanzado en gran parte de América Latina, como cambio de nombre y sexo, matrimonio homosexual y copaternidad. El Estado venezolano reconoció sus fallas en el informe que presentó en el EPU de la ONU. Mientras, en la AN duerme una legislación sobre la materia
Mireya Tabuas
A unque tiene los cachetes redondos y los ojos achinados igualitos a los de ella, no existe ningún registro legal que demuestre que G., de siete meses de edad, es hijo de E.
El óvulo de E. fue fecundado in vitro por un espermatozoide e implantado en el útero de A., su pareja desde hace cinco años. Biológicamente G. tiene dos mamás, sin embargo, sólo posee los apellidos de quien lo llevó en el vientre.
Gabriel Jiménez dice que no existe: no tiene pasaporte, ni cuenta bancaria ni licencia de conducir. Es un hombre de barba y voz gruesa que pasaría inadvertido si no fuera porque en su cédula aparece como Gabriela Josefina Jiménez.
Jesús Ravelo se casó hace cuatro años en Holanda y aunque las leyes venezolanas obligan a registrar los matrimonios efectuados en el extranjero, las autoridades se han negado a asentar el suyo en los libros porque él está casado con Oliver Schneider, de su mismo sexo.
Desde hace una década, César Sequera lidera la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, pero no ha podido legalizarla ante la Dirección de Cultos. Lo ha intentado pero la respuesta ha sido negativa por tratarse de la única que acepta a la comunidad sexodiversa.
Y aunque Estrella Cerezo es enfermera, por años no pudo ejercer su profesión. Se le exigió que arrojara al cesto maquillaje, vestuario y ademanes femeninos, que dejara de ser ella y se camuflara como varón para justificar el nombre que está en su partida de nacimiento.
Todos estos son ejemplos de una realidad: la deuda que tiene el Estado venezolano con la comunidad sexodiversa. Los derechos de gays, lesbianas, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales tienen en el país pocas garantías. En el informe que el propio Estado presentó este mes ante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reconoce que en Venezuela la "promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos, con un énfasis determinado en la observancia del cumplimiento de los derechos en la población sexo-género-diversa venezolana, es todavía un reto". Pero la palabra "reto" suena a eufemismo desde la perspectiva de los luchadores de derechos, pues es un reto que tiene 12 años de atraso.
En su propuesta para el proceso constituyente de 1999, el presidente Hugo Chávez Frías garantizó que "se incluirían leyes a la Constitución que protegerían a la comunidad LGBTI" (siglas de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales), recuerda el Bloque Socialista Unido de Liberación Homosexual que agrupa a personas sexodiversas que apoyan la revolución bolivariana y que mantienen su blog. Pero su posición ha sido contradictoria. Según datos del Movimiento Gay Revolucionario de Venezuela, el mandatario nacional ha nombrado en sus discursos dos veces a la comunidad sexodiversa: la primera fue en el Aló, Presidente 131 (2002) cuando, al hablar del proceso constituyente, dijo que "hasta un grupo de homosexuales salió a hacer una marcha". La segunda fue en el Aló, Presidente 200 (2004), cuando invitó a los homosexuales a formar parte de la revolución. Eso se contradice con su postura años después, en noviembre de 2009, cuando en declaraciones a un periodista italiano (disponibles en un video de Youtube) manifestó que no apoyaba el matrimonio gay: "Yo pienso como la mayoría de los venezolanos que no se ve bien, eso no significa que esté en contra de lo que piensan ustedes". Sin embargo, en julio de 2011, en un programa de VTV, añadió como parte de una lista variopinta de integrantes de la "nueva hegemonía orgánica" y el "gran polo patriótico" a los grupos cristianos, los negros, los indígenas, los deportistas y los homosexuales.
En 1999, durante la discusión de la Asamblea Constituyente, las voces de la comunidad sexodiversa se unieron en una figura: la de Oswaldo Reyes del Movimiento Ambiente de Venezuela, que propuso que se incluyera en un artículo que la orientación sexual no podía ser causa de discriminación de ningún tipo. Aunque algunos asambleístas del oficialismo apoyaron la idea, hubo algunas voces de la Iglesia Católica que se manifestaron en contra, y finalmente la gran mayoría del Parlamento no lo aprobó.
Por ello, en la Constitución no aparece el término orientación sexual y, además, se puntualiza que en Venezuela se protege el matrimonio "entre un hombre y una mujer", especificación que no incluía la carta magna de 1961.
Esta es una de las razones que llevan a la abogada y activista de derechos de la comunidad sexodiversa Tamara Adrián a declarar que, durante el gobierno de Chávez, Venezuela tuvo un retraso en la garantía de gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales. Como ejemplo, cita una investigación de la profesora María Calendaria Domínguez, de la Universidad Central de Venezuela, según la cual hasta 1998 se registró en Venezuela un total de 150 sentencias de cambio de sexo por vía de rectificación de la partida de nacimiento. "Éramos el país más avanzado sobre el tema, junto con Colombia", asegura, pues estos cambios no se realizaban en ninguna parte del continente. Precisa Adrián que durante este gobierno apenas se ha logrado el cambio de nombre de dos personas, ambas intersexuales (que poseen los dos sexos).
Adrián no está de acuerdo con una vía como la rectificación de la partida de nacimiento (porque sólo incluye cambio de nombre y no de sexo), pero dice que al menos ello le garantizaba a las personas trans tener una identidad. Asimismo, la falta de políticas públicas ha llevado a que derechos como salud, educación, trabajo, se vean vulnerados. Incluso el derecho a la vida. 50% de la población LGBTI ha recibido trato discriminatorio por parte de los cuerpos policiales del país, según un estudio del Programa Conjunto de Naciones Unidas para el Sida del año 2008. Indica Adrián que, durante 2011, 20 personas transexuales o travestis fueron asesinadas en Venezuela la última fue la semana pasada en Táchira. Es el número más alto de crímenes contra personas trans per cápita de América Latina. Este es el grupo más afectado por la falta de legislación. Estrella Cerezo, de la organización Transvenus, lo ratifica: "En Venezuela, a la población trans sólo le quedan dos caminos: ejercer la peluquería en el mejor de los casos o la prostitución, lo que lleva a muchas transexuales a terminar en situación de calle".
Asamblea indiferente. Marchas, comunicados, cartas, protestas. Los colectivos que agrupan a la comunidad sexodiversa no se han quedado quietos en la última década para lograr que se le garanticen sus derechos. El principal triunfo lo obtuvieron el 28 de febrero de 2008. Ese día, ante una petición de Unión Afirmativa de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia reconoció que el artículo 21 de la Constitución amparaba el principio de la no discriminación por razones de orientación sexual a pesar de que ésta no sea mencionada explícitamente en la carta magna. En el dictamen se señaló también que la Asamblea Nacional podría legislar sobre los derechos de parejas del mismo sexo, pues si bien el artículo 77 de la Constitución protege a las parejas heterosexuales, no establece una prohibición explícita sobre las homosexuales.
Aunque esa sentencia fue considerada alentadora, nada se concretó. Tampoco ha trascendido en la vida de homosexuales y trans que Venezuela ratificó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos las declaraciones de Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género de 2008, 2009 y 2010 que instan a superar la discriminación contra la comunidad LGBTI, ni las dos resoluciones de Naciones Unidas de 2008 y 2010 que protegen los derechos de estas personas.
En la Asamblea Nacional tampoco ha habido avances.
En 2009 se propuso incluir en el proyecto de Ley de Igualdad y Equidad de Género un artículo que amparara las uniones de convivencia para que las parejas del mismo sexo pudieran garantizar un patrimonio en común, pero la propuesta fue rechazada por la entonces presidenta de la Comisión de Familia, Marelys Pérez, y la ley fue engavetada.
La segunda versión de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente sólo permite la adopción a una pareja constituida por un hombre y una mujer, lo que impide a los homosexuales adoptar a un niño. Una primera versión de la Ley Orgánica de Registro Civil, que se aprobó en diciembre de 2009, tenía la propuesta de amparar el matrimonio gay y permitir el cambio de nombre y sexo de las personas trans.
Sin embargo, la ley fue aprobada sin esos artículos.
Debido a esta situación, en febrero de 2011, nueve grupos reunidos en la Red LGBTI de Venezuela introdujeron sus peticiones ante la Asamblea.
Específicamente, solicitan la modificación de cuatro artículos de la Ley Orgánica de Registro Civil: el 118, para reconocer la existencia de uniones de hecho entre personas del mismo sexo que permitan asegurar los derechos patrimoniales de estas parejas; el 115 y el 116, para registrar los matrimonios homosexuales realizados en el exterior, y el 146, que permitiría el cambio de nombre propio o de nombre y sexo de las personas transexuales sin necesidad de reasignación genital (operación de cambio de sexo).
Aunque la respuesta de la directiva del Parlamento fue prácticamente nula, la presidenta de la Comisión de Familia, Dinorah Figuera miembro del partido Primero Justicia, atendió hace dos semanas a los voceros de la Red LGBTI y aceptó acompañarlos en su lucha "desde la perspectiva de los derechos humanos". Reconoce la diputada que, aunque existen posiciones contrarias dentro de la misma Asamblea, las personas de la comunidad sexodiversa "tienen derecho a la identidad y a hacer su vida en familia". Advierte, sin embargo, que el Poder Legislativo sólo aprueba lo que la mayoría oficialista quiere.
En el bloque socialista ha existido rechazo a tratar el tema. Durante el proyecto de reforma constitucional de 2007, Cilia Flores se manifestó a favor de incorporar en el artículo 21 de la Constitución la protección contra la discriminación por orientación sexual.
Sin embargo, ahora, como presidenta de la Comisión de Política Interior, la diputada no ha respondido a las muchas solicitudes de reunión que ha hecho la Red LGTBI para pedir su apoyo para la reforma de la Ley Orgánica de Registro Civil.
Mientras los países latinoamericanos aprueban gradualmente leyes que favorecen a la población sexodiversa, Venezuela se queda atrás. Por lo pronto, Gabriel vive sin identidad, Jesús decidió irse del país para hacer nueva vida en Holanda, Estrella esconde una cédula en la que no se reconoce y G. crece sin tener el apellido de quien biológica y emocionalmente es una de sus dos mamás.
El óvulo de E. fue fecundado in vitro por un espermatozoide e implantado en el útero de A., su pareja desde hace cinco años. Biológicamente G. tiene dos mamás, sin embargo, sólo posee los apellidos de quien lo llevó en el vientre.
Gabriel Jiménez dice que no existe: no tiene pasaporte, ni cuenta bancaria ni licencia de conducir. Es un hombre de barba y voz gruesa que pasaría inadvertido si no fuera porque en su cédula aparece como Gabriela Josefina Jiménez.
Jesús Ravelo se casó hace cuatro años en Holanda y aunque las leyes venezolanas obligan a registrar los matrimonios efectuados en el extranjero, las autoridades se han negado a asentar el suyo en los libros porque él está casado con Oliver Schneider, de su mismo sexo.
Desde hace una década, César Sequera lidera la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, pero no ha podido legalizarla ante la Dirección de Cultos. Lo ha intentado pero la respuesta ha sido negativa por tratarse de la única que acepta a la comunidad sexodiversa.
Y aunque Estrella Cerezo es enfermera, por años no pudo ejercer su profesión. Se le exigió que arrojara al cesto maquillaje, vestuario y ademanes femeninos, que dejara de ser ella y se camuflara como varón para justificar el nombre que está en su partida de nacimiento.
Todos estos son ejemplos de una realidad: la deuda que tiene el Estado venezolano con la comunidad sexodiversa. Los derechos de gays, lesbianas, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales tienen en el país pocas garantías. En el informe que el propio Estado presentó este mes ante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reconoce que en Venezuela la "promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos, con un énfasis determinado en la observancia del cumplimiento de los derechos en la población sexo-género-diversa venezolana, es todavía un reto". Pero la palabra "reto" suena a eufemismo desde la perspectiva de los luchadores de derechos, pues es un reto que tiene 12 años de atraso.
En su propuesta para el proceso constituyente de 1999, el presidente Hugo Chávez Frías garantizó que "se incluirían leyes a la Constitución que protegerían a la comunidad LGBTI" (siglas de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales), recuerda el Bloque Socialista Unido de Liberación Homosexual que agrupa a personas sexodiversas que apoyan la revolución bolivariana y que mantienen su blog. Pero su posición ha sido contradictoria. Según datos del Movimiento Gay Revolucionario de Venezuela, el mandatario nacional ha nombrado en sus discursos dos veces a la comunidad sexodiversa: la primera fue en el Aló, Presidente 131 (2002) cuando, al hablar del proceso constituyente, dijo que "hasta un grupo de homosexuales salió a hacer una marcha". La segunda fue en el Aló, Presidente 200 (2004), cuando invitó a los homosexuales a formar parte de la revolución. Eso se contradice con su postura años después, en noviembre de 2009, cuando en declaraciones a un periodista italiano (disponibles en un video de Youtube) manifestó que no apoyaba el matrimonio gay: "Yo pienso como la mayoría de los venezolanos que no se ve bien, eso no significa que esté en contra de lo que piensan ustedes". Sin embargo, en julio de 2011, en un programa de VTV, añadió como parte de una lista variopinta de integrantes de la "nueva hegemonía orgánica" y el "gran polo patriótico" a los grupos cristianos, los negros, los indígenas, los deportistas y los homosexuales.
En 1999, durante la discusión de la Asamblea Constituyente, las voces de la comunidad sexodiversa se unieron en una figura: la de Oswaldo Reyes del Movimiento Ambiente de Venezuela, que propuso que se incluyera en un artículo que la orientación sexual no podía ser causa de discriminación de ningún tipo. Aunque algunos asambleístas del oficialismo apoyaron la idea, hubo algunas voces de la Iglesia Católica que se manifestaron en contra, y finalmente la gran mayoría del Parlamento no lo aprobó.
Por ello, en la Constitución no aparece el término orientación sexual y, además, se puntualiza que en Venezuela se protege el matrimonio "entre un hombre y una mujer", especificación que no incluía la carta magna de 1961.
Esta es una de las razones que llevan a la abogada y activista de derechos de la comunidad sexodiversa Tamara Adrián a declarar que, durante el gobierno de Chávez, Venezuela tuvo un retraso en la garantía de gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales. Como ejemplo, cita una investigación de la profesora María Calendaria Domínguez, de la Universidad Central de Venezuela, según la cual hasta 1998 se registró en Venezuela un total de 150 sentencias de cambio de sexo por vía de rectificación de la partida de nacimiento. "Éramos el país más avanzado sobre el tema, junto con Colombia", asegura, pues estos cambios no se realizaban en ninguna parte del continente. Precisa Adrián que durante este gobierno apenas se ha logrado el cambio de nombre de dos personas, ambas intersexuales (que poseen los dos sexos).
Adrián no está de acuerdo con una vía como la rectificación de la partida de nacimiento (porque sólo incluye cambio de nombre y no de sexo), pero dice que al menos ello le garantizaba a las personas trans tener una identidad. Asimismo, la falta de políticas públicas ha llevado a que derechos como salud, educación, trabajo, se vean vulnerados. Incluso el derecho a la vida. 50% de la población LGBTI ha recibido trato discriminatorio por parte de los cuerpos policiales del país, según un estudio del Programa Conjunto de Naciones Unidas para el Sida del año 2008. Indica Adrián que, durante 2011, 20 personas transexuales o travestis fueron asesinadas en Venezuela la última fue la semana pasada en Táchira. Es el número más alto de crímenes contra personas trans per cápita de América Latina. Este es el grupo más afectado por la falta de legislación. Estrella Cerezo, de la organización Transvenus, lo ratifica: "En Venezuela, a la población trans sólo le quedan dos caminos: ejercer la peluquería en el mejor de los casos o la prostitución, lo que lleva a muchas transexuales a terminar en situación de calle".
Asamblea indiferente. Marchas, comunicados, cartas, protestas. Los colectivos que agrupan a la comunidad sexodiversa no se han quedado quietos en la última década para lograr que se le garanticen sus derechos. El principal triunfo lo obtuvieron el 28 de febrero de 2008. Ese día, ante una petición de Unión Afirmativa de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia reconoció que el artículo 21 de la Constitución amparaba el principio de la no discriminación por razones de orientación sexual a pesar de que ésta no sea mencionada explícitamente en la carta magna. En el dictamen se señaló también que la Asamblea Nacional podría legislar sobre los derechos de parejas del mismo sexo, pues si bien el artículo 77 de la Constitución protege a las parejas heterosexuales, no establece una prohibición explícita sobre las homosexuales.
Aunque esa sentencia fue considerada alentadora, nada se concretó. Tampoco ha trascendido en la vida de homosexuales y trans que Venezuela ratificó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos las declaraciones de Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género de 2008, 2009 y 2010 que instan a superar la discriminación contra la comunidad LGBTI, ni las dos resoluciones de Naciones Unidas de 2008 y 2010 que protegen los derechos de estas personas.
En la Asamblea Nacional tampoco ha habido avances.
En 2009 se propuso incluir en el proyecto de Ley de Igualdad y Equidad de Género un artículo que amparara las uniones de convivencia para que las parejas del mismo sexo pudieran garantizar un patrimonio en común, pero la propuesta fue rechazada por la entonces presidenta de la Comisión de Familia, Marelys Pérez, y la ley fue engavetada.
La segunda versión de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente sólo permite la adopción a una pareja constituida por un hombre y una mujer, lo que impide a los homosexuales adoptar a un niño. Una primera versión de la Ley Orgánica de Registro Civil, que se aprobó en diciembre de 2009, tenía la propuesta de amparar el matrimonio gay y permitir el cambio de nombre y sexo de las personas trans.
Sin embargo, la ley fue aprobada sin esos artículos.
Debido a esta situación, en febrero de 2011, nueve grupos reunidos en la Red LGBTI de Venezuela introdujeron sus peticiones ante la Asamblea.
Específicamente, solicitan la modificación de cuatro artículos de la Ley Orgánica de Registro Civil: el 118, para reconocer la existencia de uniones de hecho entre personas del mismo sexo que permitan asegurar los derechos patrimoniales de estas parejas; el 115 y el 116, para registrar los matrimonios homosexuales realizados en el exterior, y el 146, que permitiría el cambio de nombre propio o de nombre y sexo de las personas transexuales sin necesidad de reasignación genital (operación de cambio de sexo).
Aunque la respuesta de la directiva del Parlamento fue prácticamente nula, la presidenta de la Comisión de Familia, Dinorah Figuera miembro del partido Primero Justicia, atendió hace dos semanas a los voceros de la Red LGBTI y aceptó acompañarlos en su lucha "desde la perspectiva de los derechos humanos". Reconoce la diputada que, aunque existen posiciones contrarias dentro de la misma Asamblea, las personas de la comunidad sexodiversa "tienen derecho a la identidad y a hacer su vida en familia". Advierte, sin embargo, que el Poder Legislativo sólo aprueba lo que la mayoría oficialista quiere.
En el bloque socialista ha existido rechazo a tratar el tema. Durante el proyecto de reforma constitucional de 2007, Cilia Flores se manifestó a favor de incorporar en el artículo 21 de la Constitución la protección contra la discriminación por orientación sexual.
Sin embargo, ahora, como presidenta de la Comisión de Política Interior, la diputada no ha respondido a las muchas solicitudes de reunión que ha hecho la Red LGTBI para pedir su apoyo para la reforma de la Ley Orgánica de Registro Civil.
Mientras los países latinoamericanos aprueban gradualmente leyes que favorecen a la población sexodiversa, Venezuela se queda atrás. Por lo pronto, Gabriel vive sin identidad, Jesús decidió irse del país para hacer nueva vida en Holanda, Estrella esconde una cédula en la que no se reconoce y G. crece sin tener el apellido de quien biológica y emocionalmente es una de sus dos mamás.
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