Una treintena de homosexuales encarcelados en la época de Franco podría beneficiarse de la Ley de Memoria Histórica
El Gobierno estudia expurgar los expedientes de los homosexuales presos durante el franquismo, con el fin de resarcir la memoria de este colectivo. La iniciativa parte de la Asociación de Ex Presos Sociales que estima que casi 4.000 homosexuales fueron apresados por las extintas leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad, aunque sólo una treintena de ellos están reconocidos como tales en la actualidad. El colectivo reclama al Gobieno la percepción de indemnizaciones económicas. Según el presidente de la asociación, el Gobierno pretende introducir esta cuestión en el marco de la Ley de Memoria Histórica, pendiente aún de trámite parlamentario.
LD (Europa Press) El Gobierno estudia expurgar los expedientes de los homosexuales presos durante el franquismo, actualmente en los archivos de diferentes centros penitenciarios, con el fin de resarcir la memoria de este colectivo represaliado en aquella época por su condición sexual, según informaron a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciarias.
Esta iniciativa parte de la Asociación de Ex Presos Sociales, un colectivo que durante los últimos dos años ha mantenido diferentes contactos con la Administración, con el fin de obtener una compensación moral y económica por el trato recibido en la dictadura.
El presidente de este colectivo, Antoni Ruiz, espera retomar las conversaciones con Instituciones Penitenciarias, después de las elecciones autonómicas, con el fin de que no se vea afectado este proyecto con el debate entre partidos previo a los comicios.
Los expedientes carcelarios de los homosexuales podrían ser trasladados al archivo General de la Administración en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. No obstante, según las mismas fuentes, la decisión aún no está tomada dado que se tienen que estudiar las implicaciones desde el punto de vista jurídico que tendría el traslado de estos expedientes.
Así, señalan la necesidad de salvaguardar la intimidad de estas personas, en el caso de que alguno de los afectados no quisiera que su expediente saliera a la luz. La Asociación de Ex presos sociales plantea la posibilidad de realizar exponer estos documentos, como memoria histórica de la represión.
En cualquier caso, la institución que preside Mercedes Gallizo es sensible a las reivindicaciones de este colectivo. De hecho, en junio de 2005 propició la celebración de un homenaje en la antigua cárcel de Huelva, una de las penitenciarías, junto a la de Badajoz, donde se internaba a los homosexuales para proceder a su "reeducación". En este acto, Gallizo descubrió una placa en recuerdo a las víctimas.
Expedientes en los juzgados
El colectivo de ex presos sociales también reclama al Gobierno que agilice el proceso de expurgo de los expedientes judiciales generados por las citadas leyes. La retirada de estos expedientes se ha puesto en marcha a través de distintas comisiones en las comunidades autónomas, aunque el proceso no va tan rápido como le gustaría a este colectivo.
"La Ley nos da derecho a solicitar una copia de estos expedientes y nos la tienen que dar. Queremos que cumplan con su obligación", destacó el presidente de la asociación, Antoni Ruiz.
Indemnizaciones económicas
Otro de los asuntos pendientes es la percepción de indemnizaciones económicas. Según Ruiz el Gobierno pretende introducir esta cuestión en el marco de la Ley de Memoria Histórica, pendiente aún de trámite parlamentario.
Se da la circunstancia de que muchas de estas personas no cotizaron lo suficiente para obtener una pensión de jubilación, dado que sus expedientes policiales les impedían acceder al mercado de trabajo. En la actualidad cobran una pensión no contributiva y esta asociación reclama aumentarla hasta los 800 euros, así como una compensación económica, con carácter "simbólico", de unos 12.000 euros.
El colectivo de homosexuales fue represaliado y encarcelado por las extintas leyes de Vagos y Maleantes (1954) y de Peligrosidad (1970). La Asociación de Ex Presos Sociales calcula que durante la dictadura fueron expedientados cerca de cuatro mil personas por esta causa, aunque en la actualidad sólo están reconocidos una treintena de ellos.
Esta iniciativa parte de la Asociación de Ex Presos Sociales, un colectivo que durante los últimos dos años ha mantenido diferentes contactos con la Administración, con el fin de obtener una compensación moral y económica por el trato recibido en la dictadura.
El presidente de este colectivo, Antoni Ruiz, espera retomar las conversaciones con Instituciones Penitenciarias, después de las elecciones autonómicas, con el fin de que no se vea afectado este proyecto con el debate entre partidos previo a los comicios.
Los expedientes carcelarios de los homosexuales podrían ser trasladados al archivo General de la Administración en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. No obstante, según las mismas fuentes, la decisión aún no está tomada dado que se tienen que estudiar las implicaciones desde el punto de vista jurídico que tendría el traslado de estos expedientes.
Así, señalan la necesidad de salvaguardar la intimidad de estas personas, en el caso de que alguno de los afectados no quisiera que su expediente saliera a la luz. La Asociación de Ex presos sociales plantea la posibilidad de realizar exponer estos documentos, como memoria histórica de la represión.
En cualquier caso, la institución que preside Mercedes Gallizo es sensible a las reivindicaciones de este colectivo. De hecho, en junio de 2005 propició la celebración de un homenaje en la antigua cárcel de Huelva, una de las penitenciarías, junto a la de Badajoz, donde se internaba a los homosexuales para proceder a su "reeducación". En este acto, Gallizo descubrió una placa en recuerdo a las víctimas.
Expedientes en los juzgados
El colectivo de ex presos sociales también reclama al Gobierno que agilice el proceso de expurgo de los expedientes judiciales generados por las citadas leyes. La retirada de estos expedientes se ha puesto en marcha a través de distintas comisiones en las comunidades autónomas, aunque el proceso no va tan rápido como le gustaría a este colectivo.
"La Ley nos da derecho a solicitar una copia de estos expedientes y nos la tienen que dar. Queremos que cumplan con su obligación", destacó el presidente de la asociación, Antoni Ruiz.
Indemnizaciones económicas
Otro de los asuntos pendientes es la percepción de indemnizaciones económicas. Según Ruiz el Gobierno pretende introducir esta cuestión en el marco de la Ley de Memoria Histórica, pendiente aún de trámite parlamentario.
Se da la circunstancia de que muchas de estas personas no cotizaron lo suficiente para obtener una pensión de jubilación, dado que sus expedientes policiales les impedían acceder al mercado de trabajo. En la actualidad cobran una pensión no contributiva y esta asociación reclama aumentarla hasta los 800 euros, así como una compensación económica, con carácter "simbólico", de unos 12.000 euros.
El colectivo de homosexuales fue represaliado y encarcelado por las extintas leyes de Vagos y Maleantes (1954) y de Peligrosidad (1970). La Asociación de Ex Presos Sociales calcula que durante la dictadura fueron expedientados cerca de cuatro mil personas por esta causa, aunque en la actualidad sólo están reconocidos una treintena de ellos.
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