La Generalitat impulsará una ley para luchar contra la homofobia
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ABC
BARCELONA. El gobierno catalán quiere aprobar el próximo año el proyecto de ley contra la homofobia, una normativa pionera en España que «velará por la plena garantía de los derechos» de homosexuales y transexuales, según anunció ayer la consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, en una comparecencia parlamentaria.
Con esta ley, que podría contemplar sanciones contra quienes atenten contra los derechos de estos colectivos, la Generalitat, que se considera en el «deber» de impulsar una normativa de este tipo, quiere evitar las situaciones de discriminación que aún hoy sufren gays, lesbianas y transexuales.
Y es que en tan sólo un año, entre junio de 2005 y julio de 2006, el Frente de Liberación Gay de Cataluña recibió 283 denuncias por agresiones y discriminaciones contra personas homosexuales, la mayoría de ellas ocurridas en la calle (75%), en servicios públicos y la administración (13%) y en el ámbito laboral (10%), según datos de esta organización.
La secretaria de Familia del departamento, Carme Porta, apuntó, en declaraciones a los periodistas, que la normativa pondrá «orden» en el actual panorama legislativo y permitirá «aflorar o visibilizar» casos de homofobia que permanecen escondidos, aportando además soluciones al problema.
Porta indicó que el proceso de debate para redactar este proyecto de ley, que es una medida que se planteó la pasada legislatura, no comenzará hasta que se cree el Consejo de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales, de manera que el texto no entrará en el Parlament, como mínimo, hasta finales de 2008 o principios de 2009.
Pacto por la inmigración
En su comparecencia, la consellera Capdevila también anunció que después del verano impulsará un pacto nacional para la inmigración con el fin de afrontar, con el apoyo de partidos políticos y agentes sociales, los retos que plantea este fenómeno social.
Este pacto, explicó la titular de Acción Social, se centrará en cuatro «puntos en los que la sociedad tiene que lograr un consenso»: la regulación de los flujos migratorios, el mercado de trabajo, el modelo de convivencia y el modelo social. Otra de las actuaciones previstas es la elaboración de un pacto nacional para la emancipación juvenil y el impulso de medidas para las personas mayores.
BARCELONA. El gobierno catalán quiere aprobar el próximo año el proyecto de ley contra la homofobia, una normativa pionera en España que «velará por la plena garantía de los derechos» de homosexuales y transexuales, según anunció ayer la consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, en una comparecencia parlamentaria.
Con esta ley, que podría contemplar sanciones contra quienes atenten contra los derechos de estos colectivos, la Generalitat, que se considera en el «deber» de impulsar una normativa de este tipo, quiere evitar las situaciones de discriminación que aún hoy sufren gays, lesbianas y transexuales.
Y es que en tan sólo un año, entre junio de 2005 y julio de 2006, el Frente de Liberación Gay de Cataluña recibió 283 denuncias por agresiones y discriminaciones contra personas homosexuales, la mayoría de ellas ocurridas en la calle (75%), en servicios públicos y la administración (13%) y en el ámbito laboral (10%), según datos de esta organización.
La secretaria de Familia del departamento, Carme Porta, apuntó, en declaraciones a los periodistas, que la normativa pondrá «orden» en el actual panorama legislativo y permitirá «aflorar o visibilizar» casos de homofobia que permanecen escondidos, aportando además soluciones al problema.
Porta indicó que el proceso de debate para redactar este proyecto de ley, que es una medida que se planteó la pasada legislatura, no comenzará hasta que se cree el Consejo de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales, de manera que el texto no entrará en el Parlament, como mínimo, hasta finales de 2008 o principios de 2009.
Pacto por la inmigración
En su comparecencia, la consellera Capdevila también anunció que después del verano impulsará un pacto nacional para la inmigración con el fin de afrontar, con el apoyo de partidos políticos y agentes sociales, los retos que plantea este fenómeno social.
Este pacto, explicó la titular de Acción Social, se centrará en cuatro «puntos en los que la sociedad tiene que lograr un consenso»: la regulación de los flujos migratorios, el mercado de trabajo, el modelo de convivencia y el modelo social. Otra de las actuaciones previstas es la elaboración de un pacto nacional para la emancipación juvenil y el impulso de medidas para las personas mayores.
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