La destrucción y ocultación de pruebas del exterminio franquista, a pesar de los años trascurridos desde la muerte del genocida Franco y de la instauración de la “democracia”, continúa hoy.
Estamos en un país de muertos segregados, en un Estado de muertos olvidados, por eso estamos aquí reclamando justicia permanentemente. Y la reclamaremos por encima de los bloqueos, parapetos, legislaciones infamantes, dictaduras jurídicas y detestables maniobras de liquidación de la memoria ejercidos por el poder. Y por eso más allá de su carcomida maquinaria, digna continuadora de la última dictadura, más allá de los juicios farsa a supuestos defensores del pasado históricamente reciente, y mucho más allá del conglomerado de indignos intereses emanados de la sarcástica transición, dicen que democrática, hemos llamado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos reclamándole que exija al Estado Español el cumplimiento de sus más elementales obligaciones. Esto es: investigar los crímenes y delitos sucedidos en su territorio.
La obstrucción a la verdad crece en sutileza: los casos de niños y niñas robados durante el franquismo que presentan recientemente los medios de comunicación no representan en modo alguno la magnitud ni el sentido de la tragedia. Estos niños de ahora son víctimas del negocio en que el franquismo convirtió la fase final del exterminio. Los casos de niñas y niños robados durante el franquismo, denunciados recientemente, son casos posteriores en su mayoría a 1960. Son cortinas de humo. Víctimas “utilizadas”, objeto de una actividad residual y mafiosa sin respaldo oficial del estado y, por tanto, constitutivas de delitos comunes, mientras se silencia que robar niños y niñas a las familias de la población que había perdido la guerra tras el golpe de estado criminal de Franco, la iglesia Católica y la Alemania nazi, dejó de constituir Crimen contra la Humanidad en 1960.
Se silencia que en 1940 se promulgó la llamada Ley Vallejo-Nájera, que duró hasta 1960. Y que con aquella Ley, el franquismo decidió que todas aquellas familias que no pudiesen acreditar estar en condiciones de educar a sus hijos conforme a los “Principios del Glorioso Alzamiento Nacional”, el estado asumía su tutela, condición que por supuesto no podía cumplir ninguna familia de los perdedores. Y que para acreditar condiciones de poder educar a los hijos conforme a las necesidades de la dictadura, la Iglesia Católica y La Falange expedían certificados de capacitación a los padres. Sistema doble de exterminar la oposición tras la guerra: matar o dejar morir por las terribles condiciones de vida impuesta a los perdedores, haciendo desaparecer los cuerpos en fosas comunes, y a los supervivientes desmembrarlos separando a las familias.
Y también silencian que las criaturas arrebatadas a sus padres durante los 20 años de Ley, fueron encerradas en numerosos centros de la Iglesia Católica y de la Falange escampados por todo el estado español. Y que allí dentro, las que no fueron vendidas, en su mayoría, pasaron hambre, necesidades infinitas, enfermedades sin asistencia, trato cruel, inhumano y vejatorio. Y que también en muchos casos fueron sometidas, explotadas, recicladas, torturadas, violadas y reducidas mentalmente hasta estar (las que sobrevivieron), en situación de servir al franquismo sin constituir riesgo alguno.
El franquismo quiso a toda la población perdedora cautiva y desarmada, por eso la desmembró. Y por eso estamos aquí exigiendo la verdad, la rehabilitación jurídica de las víctimas y la aplicación de las leyes a los culpables, colaboradores y beneficiarios del exterminio.
No venimos a recuperar la memoria. Nunca la perdimos.
Y por ello las entidades y personas que abajo firmamos EXIGIMOS:
- Que se investigue el verdadero alcance del robo, secuestro y venta de criaturas desde 1940 a 1960, es decir, a las afectadas por la Ley Vallejo Nájera y se exijan a las entidades implicadas las responsabilidades previstas por las leyes para estos casos.
- La anulación de la Ley de Amnistía de 1977 (considerada recientemente por la ONU como contraria al derecho internacional) y de la Ley de Memoria Histórica de 2007, verdaderas leyes de punto final, instrumentos jurídicos que impiden investigaciones por la responsabilidad en el genocidio.
- Exhumación de las fosas comunes con aplicación de los protocolos judicial, policial y forense previstos por la Ley.
- La retirada del monolito a los fascistas sobre la fosa común de la Sección 7ª Derecha
ENTITATS I PERSONES SIGNANTS: Fòrum per la Memòria del País Valencià; Alerta Solidària; Societat Coral El Micalet; Maulets; Centre Social Terra; CNT-AIT València; Esquerra Republicana del País Valencià; Joves de Esquerra Republicana del País Valencià; Mujeres Libres; Grup de dolçaines i tabals “Estrela Roja de Benimaclet”; Partit Socialiste d’Alliberament Nacional del Països Catalans (PSAN); CGT; Comissió de la Dignitat de València i Catalunya; Esquerra Anticapitalista; Coordinadora Obrera Sindical l’Horta (COS); CNT-AIT Sagunt; Antonia Artero Navarro, viuda de represaliado; Ferran Navarro i Soriano, músic; María Dolores Dominguez Artero, hija de represaliado; Claudio Domínguez Artero, hijo de represaliado; Antonia Domínguez Artero, hija de represaliado; Juan Ramón Dominguez Artero, hijo de represaliado; Empar Salvador Villanova, filla de represaliats; Gonçal Bravo i Peris, sindicaliste; Antoni Strubell i Trueta, diputat de SI al Parlament de Catalunya; Alfonso Legaz, fotógrafo independiente; Asociación Ex-Presos Sociales; Antoni Ruiz i Saiz;
