Silvia García denuncia que Asturias le negó el tratamiento de fertilidad por ser lesbiana
El consejero asturiano de Salud afirma que no tienen una pareja masculina estéril y, por tanto, no pueden optar al tratamiento de reproducción asistida.- Sanidad apoya el veto y niega que haya discriminación por la orientación sexual
La Fiscalía Superior de Asturias ha abierto diligencias para investigar el caso de lesbianas o solteras a las que se les niega el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública asturiana. No es la única comunidad autónoma que ha adoptado esta política, Cataluña y Murcia tampoco incluyen entre los servicios financiados públicamente el tratamiento de reproducción asistida a lesbianas porque no cumplen el requisito de formar parejas en la que uno de los miembros -el varón- sea estéril. Así lo establece el real decreto que fija la cartera mínima de prestaciones del sistema nacional de salud, de 2006. Ello aboca a las lesbianas y a las solteras a los centros privados, donde el tratamiento puede costar entre 6.000 y 12.000 euros.
Este asunto saltó a la palestra después de que el colectivo Xente Gay Astur (XEGA) llevara a los tribunales a la Consejería de Salud del Principado de Asturias por denegar a Andrea Muñiz y Silvia García, una pareja de lesbianas, la financiación de la medicación necesaria para poder seguir con el proceso de reproducción asistida al que se está sometiendo una de ellas para ser madre, argumentando que no existía "infertilidad del varón".
Xega sostiene que "es inconcebible que se obligue a una mujer lesbiana a mantener relaciones sexuales de riesgo para poder ser madre, ya que se puede transmitir desde una enfermedad genética para el feto, como la hemofilia, síndrome de down, VIH, y otras Infecciones de Transmisión Sexual. Sin embargo, el consejero de Salud del Gobierno de Asturias, Ramón Quirós, no está de su parte. En unas declaraciones en marzo a la cadena SER niega que haya discriminación ya que el informe hospitalario realizado en este caso no declara estéril a Silvia García y, por tanto, no puede optar a la medicación.
La ministra de Sanidad, Leire Pajín, apoyó publicamente a Quirós e insistió en que "la ley de reproducción humana asistida no discrimina a ningún tipo de mujer, pero no establece si el tratamiento debe financiarse o no". Una portavoz de su departamento va más allá: "El Sistema Nacional de Salud está para solucionar problemas de salud, no para garantizar el derecho de ser madre, que es algo mucho más amplio". Pajín opina que no hay contradicción entre la ley de reproducción asistida, que dice que no se puede discriminar a las mujeres por su estado civil u orientación sexual, y el decreto que fija los mínimos, que deja entrever que solo se financiarán los tratamientos a parejas -se supone heterosexuales- en los que uno de ellos es estéril.
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