Arabia Saudí gasta millones en libros que llaman a lapidar a los homosexuales

El rey de Arabia Saudí, Abdullah

Arabia Saudí gasta millones en libros que llaman a lapidar a los homosexuales

Dedican entre 2.000 y 3.000 millones de dólares a causas religiosas fuera de sus fronteras.
Han inundado el mercado del libro islámico.
Reservan a extranjeros el 85 por ciento de las plazas en la Universidad.

El régimen del rey Abdulá de Arabia Saudí gasta millones en promover literatura extremista que circula por las mezquitas del Reino Unido y en la que se recomienda quemar, lapidar o arrojar al vacío a los homosexuales o apóstatas del islam.

Así lo denuncia hoy el diario The Independent en un informe con motivo de la visita a Londres del monarca saudí, que termina hoy y que ha estado enturbiada por algunas protestas callejeras por los atropellos de los derechos humanos en ese país.

Según Yahya Birt, que dirige The City Circle, red de jóvenes profesionales musulmanes, el régimen saudí ha venido dedicando anualmente desde 1975 entre 2.000 y 3.000 millones de dólares a causas religiosas fuera de sus fronteras. Todo ese dinero ha ido a más de 1.500 mezquitas, 210 centros islámicos y docenas de academias y de escuelas de esa religión en el Reino Unido, afirma Birt.

El régimen ha inundado además el mercado del libro islámico de literatura wahabí, cuyas tiradas pueden ser diez veces superior a la de cualquier publicación sectaria británica. Según Birt, ello ha obligado a cerrar a muchos editores no wahabíes del mundo musulmán y ha provocado la quiebra de numerosas pequeñas librerías especializadas en literatura islámica menos extremista.

Los saudíes han reservado también a extranjeros el 85 por ciento de las plazas en la Universidad Islámica de Medina, que se ufana de que cursan allí estudios más de 5.000 estudiantes de 139 países. Centenares de graduados británicos han regresado de allí a su país, donde se han dedicado a exponer la rigurosa visión religiosa del mundo que caracteriza al wahabismo.

Según Mehmud Nawshabnqdi, asesor para cuestiones islámicas de la Policía de la City londinense, desde los atentados terroristas del 11 de septiembre, los saudíes han ido limitando su financiación del integrismo internacional, aunque demasiado tarde.

El Gobierno dificulta la regulación de una inmigrante lesbiana casada en Xirivella

documentada . Alfiya Khayrullina muestra el certificado de matrimonio del Registro Civil de Xirivella.

foto; ferran montenegro

El Gobierno dificulta la regulación de una inmigrante lesbiana casada en Xirivella

Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana

José Parrilla.

Valencia Aunque las leyes españolas garantizan los derechos de los inmigrantes y de los homosexuales, los obstáculos para unos y otros no han desaparecido y mucho menos si una persona es ambas cosas. Cada día hay ejemplos que lo demuestran y el caso de Jacqueline y Alfiya así lo demuestra. Ambas se han casado en Xirivella y cuando una de ellas ha querido hacerse la tarjeta de residencia le han pedido un certificado de matrimonio expedido por el país de la otra. En este caso se trata de Holanda y no habrá demasiados problemas, porque es uno de los tres paises que admite el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ¿y si fuera de un país donde no están reconocidas estas bodas, como es normal , seguramente ese derecho quedaría conculcado, asegura el abogado de la pareja. Nikita-Jacqueline Teodorovic, de nacionalidad holandesa, y Alfiya Khayrullina, natural de Uzbequistán, se casaron el pasado 19 de octubre en Xirivella, localidad en la que viven desde hace tres meses. Antes residían en Holanda y allí podría haberlo hecho, pero el padre de Jacqueline, de origen turco, no acepta este tipo de enlaces y decidieron venirse a España. Aquí, además, han caído bien. Alfiya ya ha escolarizado a su hijo de 8 años y se siente segura como para montar la cafetería con la que ha soñado toda la vida. Tarjeta de residencia Para eso, para garantizarse su estabilidad y la de su hijo, lo primero que hizo tras la boda fue tramitar su tarjeta de residencia, un documento al que tiene derecho por estar casada con una persona española o comunitaria. Sólo había, pues, que presentar los papeles. Y así lo hizo. Se informó en la Subdelegación del Gobierno y presentó toda la documentación exigida, toda menos un documento con el que no contaba. En la guía de requisitos habla de certificado de matrimonio a secas, pero la funcionaria que la atendió en la Subdelegación del Gobierno le precisó por escrito que debía ser un «certificado de matrimonio inscrito en los Paises Bajos» (país de su mujer). Para el abogado de la pareja, Juan Costa, se trata de una « interpretación muy rígida » de la ley de la que responsabiliza a la funcionaria. En su caso, dice, no representa un obstáculo insalvable porque Holanda o Paises Bajos, es uno de los tres estados europeos donde está legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, es decir, no habrá ningún problema, salvo el del tiempo, para conseguir ese documento y aportarlo a su expediente en España. « ¿Pero qué pasaría si su mujer, en vez de ser holandesa, fuera de otro país de la Unión Europea donde no está reconocido el matrimonio entre homosexuales» , se pregunta Costa. «Pues que no podría conseguir ese certificado de matrimonio y no podría conseguir su tarjeta de residencia, lo que además de limitar un derecho individual como es el de la residencia, dificultaría notablemente su integración en nuestro país », responde. Costa entiende que este tipo de exigencias deberían suprimirse de la ley o de las instrucciones que la desarrollan para no entorpecer determinados procedimientos. Entiende, así mismo, que en la Subdelegación del Gobierno, ante la que han presentado un recurso de reposición, deberían hacer una lectura menos rígida de la norma, de manera que no se violenten derechos individuales.

La posibilidad del contencioso

Mientras su queja llega a las más altas instancias de la Subdelegación del Gobierno en Valencia, Juan Costa se plantea cómo actuar con sus clientas. Llegado a este punto sólo tiene dos opciones. Una es dirigirse a la Embajada de Holanda en España y tramitar el certificado de matrimonio en aquel país. Según le informaron, no es el primer caso de estas características que se les presenta y para resolverlo el propio gobierno holandés ha creado un departamento específico en La Haya que se encarga de estos trámites. El problema es que los papeles tardan cinco meses, precisó el letrado. La otra alternativa es iniciar un contencioso administrativo para denunciar la situación y reclamar los derechos de Alfiya, reconocidos en todos los textos legales de este país, el último de ellos la Ley de Extranjería. Y lo más probable es que opte por la primera, que inicie los trámites en Holanda para conseguir el documento que le piden. «Si nos metemos en un contencioso podemos tardar mucho tiempo y eso perjudica a Alfiya. Lo más útil sería hacer los papeles cuanto antes para así tener claro el tiempo que pueden tardar, que es de cinco meses, según nos han dicho», explica Costa. De momento, esperan una respuesta de la Subdelegación del Gobierno para tomar definitivamente su decisión.

El gobierno del PP de Paterna lleva una corona republicana al monolito de los fusilados

Levante-EMV.com » Comarcas

El gobierno del PP de Paterna lleva una corona republicana al monolito de los fusilados

«El Ayuntamiento de Paterna en recuerdo de los que murieron por la defensa de las libertades y la democracia ». Esta era la dedicatoria que llevaba la corona de flores con los colores de la bandera republicana -rojo, amarillo y morado- que puso ayer, día de Todos los Santos, el consistorio gobernado por el Partido Popular en el monolito del cementerio que homenajea a los más de 2.200 fusilados durante la represión franquista.
Cèsar Garcia, Paterna El alcalde del PP Lorenzo Agustí quiso que la corona tricolor fuera portada por el edil de Servicios, Juan Fernández, responsable de la decisión de arrancar las flores rojas y moradas para sustituirlas por blancas y amarillas, lo que provocó las críticas de la oposición socialista y de EU, que obligó a los populares a asumir el error y volver a ornamentar el jardín del monumento, primero con crisantemos morados, y luego con los tres colores republicanos, el mismo miércoles. Agustí, que permaneció detrás de la corona arropado por la mayoría de su gobierno, tuvo que aguantar, frente al monolito, los gritos e insultos de algunos vecinos y familiares de represaliados presentes en el acto que organiza el PSPV desde hace 12 años para homenajear a las víctimas del franquismo. «Fascistas», «esto también demuestra vuestra falta de respeto», «os gustaría llevar el águila puesta, pero no vais a poder nunca más», fueron algunas de las voces lanzadas hacia el PP. Desde el PSPV se recriminó la actitud del alcalde y del PP porque «nunca antes habían venido a rendir homenaje a los fusilados». Agustí, al ser preguntado sobre si la decisión de llevar una corona republicana contradecía la postura del PP nacional de rechazo a la Ley de la Memoria aprobada el miércoles en el Congreso, contestó que «hoy —por ayer— no es un día de partidos, sino de instituciones y desde el ayuntamiento, como institución e independientemente de los partidos, queremos mostrar nuestro respeto por aquellos que lucharon por la libertad y la democracia». Por eso dijo que se hizo la ofrenda institucional como un «gesto» hacia las víctimas, como se hace todos los años, al margen de la polémica creada tras arrancar las plantas que simbolizaban la República. Tras el acto institucional, comenzó el homenaje de los socialistas encabezado por el ex alcalde y secretario general local Francisco Borruey, que hizo un principio de discurso muy político para recriminar la actitud del PP de Paterna por arrancar las flores del monolito. Borruey, que leyó dos poemas de Miguel Hernández, calificó de «sarcasmo» que el PP apareciera con la corona. «Que el PP nos salga ahora republicano después de las tropelías que ha hecho, me parece inmoral, casi causa risa».«A mi tío lo mataron por tener ideas avanzadas»Los familiares de los fusilados que año tras año acuden al cementerio de Paterna, desde numerosos puntos de la Comunitat porque hay enterrados en fosas comunes represaliados de muchos pueblos valencianos y de España, no salían de su asombro al ver tanta cámara, periodista y político. Depositaban claveles rojos, ramos y flores junto a las tumbas que llevan el nombre de los fusilados, la mayoría sepultados con cal viva tras ser asesinados a espaldas del cementerio. Acuden cada 1 de noviembre para recordar la memoria de sus padres, abuelos o tíos. Y ayer muchos de ellos no quisieron permanecer ajenos a la polémica suscitada por la decisión del PP de retirar las flores con los colores republicanos. Toni Mira, que llegó desde Canals para ver a su tío, fusilado el 29 de agosto de 1940, aseguraba a que el cambio de plantas «responde al carácter de algunas personas del PP que no tienen ninguna sensibilidad por la historia de este país. A mi tío lo mataron por tener ideas avanzadas, sin haber cometido ningún delito». Josefa Peiró, de Tavernes de la Valldigna, visitó ayer a su padre, fusilado en 1939, y comentó que «los colores son de todos. Me parece muy mal lo que han hecho. No hay bastante con el olvido que han sufrido durante tantos años». El coordinador del grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica de la Fundació Societat y Progrés y ex edil del PSPV en Valencia, Matías Alonso, destacó que el PP de Paterna «a la fuerza ha tenido que doblar la rodilla» para «lavarse la cara». Sin embargo, en el cap i casal la alcaldesa popular Rita Barberá, «sigue impertérrita» en el mantenimiento de una fosa común «rodeada de vallas» en el cementerio general.

IU afirma que la Iglesia tendrá que retirar los símbolos franquistas

ELPAIS.com > España

IU afirma que la Iglesia tendrá que retirar los símbolos franquistas

Llamazares asegura que la excepción artístico-religiosa "es casi inocua"

EL PAÍS - Madrid - 02/11/2007

La Ley de Memoria no exonera a la Iglesia de retirar de sus inmuebles los símbolos franquistas, según advirtió ayer Izquierda Unida, en contra de lo que se ha dicho desde algunas formaciones como Convergència i Unió. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, aseguró ayer que, pese a lo que se mantiene desde la coalición nacionalista catalana, la modificación del texto adoptada a última hora en el Congreso, que permitirá al clero invocar razones "artístico-religiosas" para evitar la retirada de símbolos de la Guerra Civil o la dictadura, es una enmienda "prácticamente inocua".

La Ley de Memoria no exonera a la Iglesia de retirar de sus inmuebles los símbolos franquistas, según advirtió ayer Izquierda Unida, en contra de lo que se ha dicho desde algunas formaciones como Convergència i Unió. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, aseguró ayer que, pese a lo que se mantiene desde la coalición nacionalista catalana, la modificación del texto adoptada a última hora en el Congreso, que permitirá al clero invocar razones "artístico-religiosas" para evitar la retirada de símbolos de la Guerra Civil o la dictadura, es una enmienda "prácticamente inocua".
"Me ha sorprendido la propaganda que ha hecho CiU de esa enmienda", pactada, además de por el Grupo Catalán, por el Grupo Parlamentario Socialista y por el PNV, "porque es confundir los deseos con la realidad pretender que esa enmienda exonera a la Iglesia católica de la retirada de los símbolos franquistas", lamentó Llamazares.
Según el líder de Izquierda Unida, esa enmienda, en realidad, es "prácticamente inocua" porque la Ley de Patrimonio "no contempla el patrimonio histórico religioso, sino el patrimonio sin más".
Según el dirigente de la coalición de izquierdas, cualquier parroquia que forme parte del patrimonio puede argumentar que la retirada de una placa franquista afecta al patrimonio, pero "la inmensa mayoría de las placas franquistas que se conservan en los muros de las iglesias no son patrimonio histórico religioso ni son patrimonio", aseguró.
Las mismas obligaciones
De este modo, añadió Llamazares, la Iglesia "tiene las mismas obligaciones que tenía antes de la aprobación de esa enmienda" y no queda exonerada de la retirada de los símbolos franquistas y de la Guerra Civil ni tampoco de la retirada de subvenciones ni de las sanciones previstas si incumple la ley. A pesar de que, a su juicio, la ley "queda empañada" por esa enmienda, destaca que la valoración que de ella se hace en su formación sigue siendo muy positiva, ya que "repone una memoria democrática oficial" y "homologa nuestro país con el resto de países europeos que han sufrido dictaduras".
La ley se aprobó el miércoles en el Congreso sin apenas cambios con el apoyo de todas las fuerzas salvo PP y Esquerra Republicana. El único aceptado fue esa excepción al artículo 15, de retirada de símbolos, que promovió CiU y beneficia a la Iglesia. Esa enmienda permite salvar símbolos cuando concurran razones artístico-religiosas. El PP, que aceptó algunos artículos de la norma, no votó la propuesta de CiU y anunció que intentará que se retire en el Senado porque no autorizó su tramitación.

La ley de memoria se aprueba entre aplausos de invitados antifranquistas

Fernández de la Vega con miembros de la asociaciones de Memoria Histórica en el Congreso- CRISTOBAL MANUEL

La ley de memoria se aprueba entre aplausos de invitados antifranquistas

CiU logra excluir del texto los monumentos "artístico-religiosos" de la Iglesia

ELPAIS.com > España

CARLOS E. CUÉ - Madrid - 01/11/2007

Setenta años de historia condensados en tres horas de intenso debate. Con un centenar de testigos, la mayoría supervivientes del antifranquismo, el Congreso aprobó la primera ley de memoria de la democracia, que contó con el apoyo de todos los grupos menos el PP y ERC, como estaba previsto, y ahora pasa al Senado. Los antifranquistas aplaudieron desde las tribunas -algo prohibido-, algunos lloraban y el presidente, Manuel Marín, tuvo que llamar al orden ante la emoción desbordada.

Uno tras otro, los portavoces que la apoyaban homenajearon a los luchadores antifranquistas, algunos con 23 años de cárcel a sus espaldas como el poeta Marcos Ana. Y todos trasladaron la urgencia de la ley, que homenajea a una generación que está desapareciendo. "No hay derecho a que durante la Transición se les dijera que era demasiado pronto y ahora que ya es demasiado tarde. Tienen más de 70 años. Hemos hecho leyes para las plantas de vivero y hay quien dice que no es necesario hacerlo para quienes perdieron la guerra", resumió el socialista José Andrés Torres Mora.
Todo transcurría en tono de homenaje a las víctimas y de denuncia por la excepción española, ya que es el único país de su entorno repleto de homenajes a la dictadura. "Algo no va bien cuando incluso hoy, el PP habla de la placidez del franquismo, cuando la Iglesia no pide perdón por llevar al dictador bajo palio, cuando héroes de la lucha antifranquista, como Simón Sánchez Montero han muerto casi en el anonimato y genocidas como Queipo de Llano están enterrados a los pies de la Macarena", se lamentó Joan Herrera, de IU-ICV.
La ley se aprobó sin apenas modificaciones, salvo la introducción de una excepción al artículo 15, de retirada de símbolos, que promovió CiU y beneficia a la Iglesia: se salvarán cuando concurran "razones artísitico-religiosas". El PP no la votó e intentará que se retire esa enmienda transaccional porque no autorizó su tramitación. Estaría así, extrañamente, trabajando en contra de los intereses de la Iglesia.
Fue Eduardo Zaplana quien rompió la línea de reivindicación de la ley que había dominado el debate. El portavoz del PP, sin entrar en ningún momento al contenido concreto del texto, montó un gran revuelo al citar a referentes de la izquierda como Felipe González o Manuel Azaña para criticar la ley. "No lo manches", le gritaba Álvaro Cuesta desde su escaño cuando mentó a Azaña. Santiago Carrillo se llevaba las manos a la cabeza en la tribuna de invitados.
La tesis de Zaplana es sencilla. El PSOE, plagado según dijo de hijos de franquistas, al contrario que él, que reivindica su pasado en las juventudes de UCD y una familia no vinculada al régimen, "se ha radicalizado". "Pero por mucho que ustedes se radicalicen no van a separar al PP del centro político ni de la libertad que siempre hemos defendido", dijo entre grandes protestas. Varias veces aludió a esas familias de los socialistas, pero se frenó: "No daré nombres". ¡Dalos, dalos! le gritaban desde el PSOE. Él, lejos de amilanarse, subió el tono: "Por primera vez en democracia, el Gobierno y sus socios deciden hacer de las fosas de la Guerra Civil un argumento de propaganda".
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, principal responsable de la ley -el presidente no estuvo ni para votarla-, reconoció que se ha mejorado mucho y criticó al PP. "No hay ni una sola línea que no pueda ser respaldada en su integridad por cualquier demócrata", sentenció. "Ésta es una ley que se ocupa de las víctimas y de sus familias, que deja la historia a los historiadores, a los jueces lo que es de los jueces y que, al tiempo que amplía, extiende e instaura derechos", insistió.
Al final hubo una gran foto de familia en la que estaban quienes la redactaron y las víctimas a las que iba dirigida. Y una de ellas gritó: "Hoy, por fin, se ha acabado la guerra".