La familia de la menor transexual de Málaga que abandonó un colegio concertado religioso porque se negaba a tratarla como a una niña continuará adelante con la querella anunciada contra el obispo de esta diócesis, Jesús Catalá, por las críticas que vertió contra la madre en un desayuno con periodistas en el que la acusó de estar “dirigiendo” su sexualidad y “perjudicar” a la pequeña. La medida se adopta después de que haya fracasado el acto de conciliación, previo a la presentación de esa denuncia, en el que se le ha dado al prelado la posibilidad de retractarse.
La demanda exigía a Catalá que rectificara y reconociera públicamente que es falso que la madre actuara para dañar a la menor. Entre otras declaraciones, el texto incluía una afirmación que no solo reprobaba la actitud de la familia, sino también del Gobierno andaluz, que llegó a abrir un expediente al colegio por supuesta discriminación que ya ha sido archivado. El centro y la fundación a la que pertenece “defienden al niño en sus derechos como ser humano, le respetan en su identidad, en contra del abuso de la Junta y de su madre”, sostuvo el obispo.
“Hemos sido muy flexibles”, dijo Oliver Roales, abogado de la familia, tras el fallido acto de conciliación en un juzgado de Primera Instancia de Málaga. En este proceso preliminar ha habido una suspensión para intentar llegar a un acuerdo, que al final no ha sido posible.
La nota ofrecida por la representante legal del obispo para su posible difusión, según el letrado, alegaba que Catalá no había hecho esas manifestaciones, algo así como que hubo una malinterpretación, pero no incluía si “suscribe o no” esas palabras, una pretensión irrenunciable para los denunciantes. Tras la falta de acuerdo, se presentará una querella por un delito de calumnias e injurias con publicidad ante un juzgado penal.
Este frente judicial se une a otro abierto también por la familia después de que la fiscalía archivara las diligencias abiertas para determinar si existió delito en el trato dispensado por el colegio a la niña. Los padres presentaron en marzo una querella contra la directora del centro y el obispo por una supuesta denegación de la prestación del servicio público por motivo discriminatorio, delito penado con entre seis meses y dos años de prisión, además de multa e inhabilitación.
Esta denuncia se sustenta en que las personas contra las que se dirige “conocían desde el principio y a la perfección” la condición de transexual de la menor por los informes médicos y psicológicos que fueron remitidos por la Delegación de Educación, que dio instrucciones para que la pequeña pudiera llevar la falda del uniforme, usar los baños femeninos y aparecer en la documentación interna según su identidad de género. Tras varios meses de conflicto, los padres optaron por cambiarla de colegio y ahora asiste a clase en un centro público.
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