Alba Rueda pide una Ley de Identidad de Genero
Identidad disidente
Por Marina González – (La Diaria)
Una ley que permita adecuar el nombre legal a la identidad de género se plantea como la siguiente meta para los militantes argentinos por la diversidad sexual.
A dos meses de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Argentina, que incluye el reconocimiento del derecho a adoptar por parte de las parejas, los activistas por la diversidad sexual van por más. Una de ellos es Alba Rueda, que vive en su día a día la discriminación por asumir una identidad “disidente”.
Alba Rueda es coordinadora del área de asesoramiento del Instituto Nacional Argentino contra la Discriminación (Inadi) y también integra la organización LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) 100% Diversidad y Derechos. Está de visita en Montevideo para el seminario académico de género y diversidad que comienza hoy, y en ese marco, desde su punto de vista como activista transexual, dará una charla mañana en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, titulada “La ley de identidad de género en Argentina. Un debate que comienza” (ver nota adjunta).
Son múltiples los proyectos de ley que la sociedad civil argentina está preparando con el objetivo de llevar al Parlamento una propuesta de ley que pueda establecer derechos para las personas trans -travestis, transexuales y transgénero-. “Después del matrimonio igualitario, aparece ya consensuado en todas las organizaciones el interés en aprobar una ley que abarque a una de las poblaciones más excluidas en Argentina -por variables de género, discriminación cultural, social, pero también por la falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales- que son las personas trans”, dijo Rueda en diálogo con la diaria. Rueda estima, en base a su conocimiento de esta comunidad, que son “miles y miles” la personas trans que viven en Argentina.
“Cuando adoptás una identidad disidente, es ejemplificante el castigo. Somos las personas que mayor índice de violencia y asociatividad con la violencia física por parte del aparato policial tenemos, somos el grupo social que sufre el mayor impacto del VIH, el mayor grado de exclusión en pobreza, acceso al trabajo, a la salud”, señala.
El proceso que desembocó en la aprobación por el Senado argentino de la ley de matrimonio igualitario “fue durísimo”, recuerda Rueda. Cuando el debate llegó a Senadores, “la Iglesia se armó”, relata. “Se nos asoció con el diablo, se nos dijo que éramos violadores, sidosos, que queríamos a los niños para abusar de ellos”, recuerda.
Cuando se le pregunta qué hubiera pasado si la ley hubiera sido rechazada, Rueda responde así: “Hubiese sido devastador saber que estábamos viviendo en un país que ratifica ese nivel de violencia hacia las personas. Que eso se vea en el Parlamento argentino tiene una fuerza de violencia simbólica que nos hacía retroceder años [...] Realmente, las caracterizaciones con las que se refirieron a nosotros y nosotras, a nuestras familias, a nuestros niños, tenían una violencia simbólica terrible”.
“Ahora que salió la ley, nos permite elaborar el proceso desde otro lugar, con mucha más fuerza. Hay un cambio muy grande en Argentina”, estima.
Para esto, el caso uruguayo sirve de antecedente y “como experiencia”. Primero para probar que después de que se aprobó una ley similar a la de identidad de género que se impulsa en Argentina, “no se terminó el mundo, sino que, por lo contrario, vino a aportar derechos a las personas que no los tenemos”. A su entender, en Uruguay hay “unión concubinaria, ley de nombre propio para las personas trans, adopción…”. Además, opina, existe en el tema “una mirada progresista de izquierda, bien consensuada y que se debate a la interna de los partidos políticos”. En cambio, señala, en Argentina, “aunque muchos grupos militantes por la diversidad sexual pertenecen a partidos, no hay partidos políticos que se jueguen y que hayan planteado esto”. Una excepción, dice, es “el Partido Socialista, que recibió directivas internacionales para que apoyara el matrimonio homosexual tal como existe en España; directivas, y financiamiento, seamos honestas, no es casual, no es un interés espontáneo”.
Pese a los logros, su organización considera que “no hay que confiar”. A su entender, otras organizaciones se confían en que como se logró aprobar la ley de matrimonio igualitario, la siguiente batalla va a ser más fácil, pero ella no lo cree así. “Estoy convencida de que para muchas personas en el Parlamento y en la sociedad argentina, un travesti es un hombre disfrazado de mujer. Yo creo que de ahí tenemos que partir, porque ése es el sentido común en Argentina”, señala.
Más allá de estereotipos
Cuando llegó el momento de hacer las prácticas del profesorado en filosofía que Rueda cursó en la Universidad de Buenos Aires, su profesora le hizo prometer que nadie se daría cuenta de que era trans. “Era exponerme frente a 40 chicos prometiendo que nadie se iba a dar cuenta, y además ser evaluada. ¡Un estrés!”, recuerda. “Eso fue lo más excluyente para mí. El problema era que yendo vestida de Alba Rueda, nadie tenía que saber que yo era una persona trans y eso suponía negar parte de mi identidad”, señala. En ese aspecto, la activista argentina rompe con los estereotipos y no exhibe ropa llamativa ni mucho maquillaje.
Su trayectoria laboral la llevó a vivir situaciones muy precarias. Antes de vincularse al mundo del activismo y luego de comenzar a trabajar en el Inadi, hace cuatro años, se presentaba a las entrevistas laborales con el diario en la mano y muchas veces quedaba seleccionada. “Pero cuando había que formalizar ese proceso, había que presentar los papeles. Mi experiencia fue como la de otras personas trans, que al momento de presentar los papeles no quedaba seleccionada”, relata. “Esa actitud reaccionaria se justificaba -y aun más hace diez años- en base a los estereotipos con los que vivimos en la Argentina; es pensar que las travestis existimos exclusivamente para la prostitución, que nos encanta pararnos en una esquina con frío desnudas para ver si le podemos sacar 10 pesos al taxista de turno o a la persona que pase…”, critica Rueda.
Por ese motivo, terminó acercándose al activismo, para no sentirse tan sola y porque resultó ser muy hábil para armar y presentar con éxito proyectos para conseguir financiación. “No me quedaban muchas alternativas, o me paraba en una esquina o hacía algo para innovar. Decidí hacer algo para innovar. Esto fue asociarme con mis pares, con los grupos más excluidos. Eso fue un salvataje emocional”, explica.
En el marco de las pequeñas victorias de la comunidad trans en Argentina, Rueda destaca que hace un mes, la Facultad de Filosofía y Letras en la que estudió aprobó una resolución interna que permite que las personas trans puedan cursar con el nombre que adoptaron de acuerdo a su género.
En noviembre de 2008, Rueda logró algo que sigue siendo un caso único. En los expedientes del Inadi figura por el nombre que eligió para sí. Sin embargo, el trámite demoró casi un año, y fue necesaria la firma de de la presidenta argentina, Cristina Fernández, para que la situación se destrabara.
Respecto al camino que aún tiene que recorrer la sociedad argentina, Rueda recuerda que “todos se resistieron a la ley de divorcio en 1987 en Argentina, todos los católicos. Ahora no hay católico que no haya pasado por un divorcio y, en todo caso, ya no es un tema para ellos. Yo diría que la vida humana trasciende nuestras categorías, nos trasciende a todos en nuestros deseos.”
La activista agrega que cree “que hoy la estrategia pasa por reconocer los derechos más básicos, que son los derechos humanos para las personas trans”. Rueda señala: “No hay una sola biología que pueda fijar la percepción emocional. Todos vivimos en un cuerpo tecnificado: todos fuimos al dentista, todos nos tuvimos que operar, usamos anteojos… Usamos tecnología para que nuestro cuerpo sea más saludable y nos represente. Yo también uso la tecnología para hacer mi cuerpo habitable para mí. No es el fin último, no sólo estoy pidiendo el derecho a la apropiación de mi cuerpo, estoy pidiendo que el Estado reconozca esto en términos de ciudadanía”.