Usuarios del piso de acogida del comité ciudadano antisida de Ourense.
El obispado decide no condonar la deuda por el alquiler de una casa de acogida y reclama el deshaucio de sus ocho habitantes
Los ocho enfermos de sida que viven en un piso de acogida cedido por el obispado de Ourense sobre el que pesa una amenaza de desahucio tendrán que pagar. El nuevo obispo de la diócesis ourensana ya se ha manifestado al respecto de este conflicto revelado por EL PAIS el pasado 13 de enero. La Iglesia reclama el pago de una supuesta deuda contraída por la asociación que gestiona la vivienda (Comité Ciudadano Antisida), así como el desalojo de las personas enfermas que residen en ella.
El obispo, Leonardo Lemos Montanet, ha asegurado que es partidario de solucionar el enfrentamiento sin llegar “a estridencias” -en referencia al desahucio forzoso- pero con cambios sustanciales en la relación que mantienen ambas instituciones. En sus declaraciones aseveró que está estudiando una “vía intermedia para solucionar el problema”. Fuentes diocesanas consultadas sostienen que ese acuerdo intermedio entre el desahucio o el uso de la vivienda sin pagar su alquiler pasaría ahora por el cobro de una renta mensual asumible por la asociación.
oferta va a ser otra”, matizó Lemos Montanet cuando fue preguntado por la condonación de la deuda de alquiler, tal y como se venía haciendo desde la cesión del inmueble en 1993. Para el responsable de la diócesis hay “otros motivos” (además del económico) que tumban la cesión gratuita. Aunque no quiso concretar cuáles son esas causas, sí matizó que la vivienda no tiene por qué ser destinada a otros usos. Ubicado en pleno centro de Ourense, el piso está situado en un edificio de 9 plantas construido en 1976 en el que la Iglesia tiene varias propiedades. Además de la planta en la que se ubican los estudios de la Cadena Cope, posee otra vivienda reformada con subvenciones públicas y situada justo debajo de la casa ocupada por los enfermos de sida. Ahora está vacía aunque durante años se usó como centro de recepción y acogida de inmigrantes.
Agustín González, uno de los responsables de la asociación gestora, evita hacer valoraciones en profundidad de las declaraciones del responsable eclesiástico. De momento. “La única visión que tiene es la del vicario económico y también tienen que tener la nuestra”. Y es que precisamente desde el Comité Ciudadano Antisida culpan a la vicaría económica de azuzar el problema durante los dos últimos años, período en el que la diócesis ha estado descabezada por la falta de obispo. La asociación benéfica, que reconoce el retraso en el desembolso de algunas cuantías, ha solicitado una reunión con el nuevo responsable diocesano para explicar su punto vista. “Tras esa reunión nos manifestaremos contundentemente para bien o para mal” concluye.
La vicaría económica solicitó el pago de supuestas deudas pendientes y el desalojo de la vivienda a través de un burofax. En una vista de conciliación posterior - paso previo a la interposición de una demanda de desahucio-, mantuvo sus requerimientos. La reclamación consiste en el pago del alquiler desde 2009 y de facturas de gasto corriente. Por un lado, exige 300 euros de IBI (del que solo está pendiente el pago del recibo del último año) y, por otro, 130 euros mensuales de gastos de comunidad vecinal. También se solicita el pago de una renta mensual de algo más de 500 euros. Las cuentas de la asociación que gestiona la casa de acogida no posibilitan asumir estos gastos. Tras la vuelta del Partido Popular a la Xunta de Galicia en 2009, los fondos públicos destinados por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo a estas casas de acogida se recortaron a la mitad.
El acuerdo firmado en 1993 y prorrogado hasta su caducidad en 2009 establecía la cesión gratuita de la vivienda, mientras que las facturas de la comunidad de vecinos y del impuesto de bienes inmuebles así como las de gasto corriente, debían ser asumidas por la asociación. En esta casa de acogida viven enfermos que provienen de centros penitenciarios y de unidades de drogodependencia que no tienen donde residir. Algunos los habitantes presentan una movilidad muy limitada por lo que tienen que desplazarse al médico acompañados siempre por los trabajadores del centro benéfico, que lleva ocho meses sin cobrar sus nóminas.
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