ANÁLISIS
La divinización del todo
JUAN G. BEDOYA 31/12/2007
Acostumbrada a contar los años desde la fecha —incierta, desconocida— del nacimiento de su fundador Jesús, la jerarquía del catolicismo cree también haber inventado la familia, el matrimonio, la filosofía, la ciencia, la vida misma. Adán como el principio de todo, y para espantarle la soledad, el generoso añadido de Eva a partir de su costilla. Ayer aludió a esta historieta uno de los oradores, ante la inmensa multitud concentrada en la plaza de Colón.
No hay más familia que la cristiana, sostienen lo obispos. Si cae la familia formada entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio eclesiástico, “cae la suerte del hombre mismo”, precisó el cardenal Rouco. Las nuevas legislaciones conducen a la decadencia, el apocalipsis, la destrucción de la Constitución e, incluso, a la disolución de la democracia. Uso palabras exactas entre las muchas pronunciadas ayer. También se escuchó que el hombre es un ser conyugal, más que un ser civil, poniendo por testigo, cómo no, al mismísimo Aristóteles. Se dice esto, por cierto, en una organización que tiene prohibido a sus jefes el casarse y tener hijos, y a la mujer, desempeñar cargos de relevancia.
No es la primera legislatura, desde la muerte del dictador Franco, que los obispos salen a la calle o alzan su voz contra el Gobierno. Pero nunca lo habían hecho con tanto estruendo y frecuencia. La concentración de ayer surge, además, sin motivo nuevo aparente. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no ha tomado medida alguna —ni anunciado que vaya a hacerlo en el futuro, si gana las elecciones de mazo— que deba preocupar a los prelados. Al contrario, en los últimos meses les mejoró, con sorprendente generosidad, el sistema de financiación de la Iglesia católica mediante los impuestos de todos los españoles, y ha cedido no poco en su idea inicial de impartir en las escuelas públicas y concertadas una llamada educación para la ciudadanía coherente con la Constitución de 1978, es decir, aconfesional, laica, libre de ataduras religiosas de Estado.
¿Qué ha ocurrido, entonces, para que 42 obispos, los inevitables Kikos y todo el entramado del catolicismo europeo más tradicional y movilizador se hayan echado a la calle este final de año? Las heridas del pasado, que tardan en cicatrizar. Los obispos se irritan por la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo; porque se agilizan —y abaratan, se supone— los trámites del divorcio; porque se permite investigar con embriones con fines terapéuticos, y, sobre todo, porque se diga que debería reformarse la ley que despenaliza el aborto y generalizar los métodos anticonceptivos. Es decir, están en contra de que se cumpla con lo que, parafraseando al expresidente Adolfo Suárez, debe hacerse desde un Gobierno legítimo: elevar a la categoría de legal lo que ya es en la calle normal, incluso para millones de católicos.
Los obispos superarán el trauma de estos cambios. Siempre ocurrió. Pero necesitan años. Y no exigirán a un hipotético Gobierno de la derecha que derogue la legislación que tanto les disgusta ahora. No lo hicieron cuando gobernó, durante ocho años, José María Aznar, católico confeso.
Este comportamiento recuerda lo ocurrido cuando el Estado español decidió legalizar el matrimonio civil. Entonces, 41 obispos españoles —ayer hubo 42 en Colón— execraron del Gobierno con brutalidad. Dijeron: “El matrimonio civil no será jamás otra cosa que un inmoral concubinato o un escandaloso incesto”. Fue en 1870. El Gobierno de la época sólo quería que los españoles no católicos tuvieran por fin derecho al modelo napoleónico de matrimonio civil obligatorio, manteniendo la indisolubilidad del eclesiástico. “La ley de la mancebía”, argumentaron los prelados. Ayer se escucharon descalificaciones igual de gruesas, como que con la despenalización del aborto se otorgan “licencias para matar”.
Apenas ha transcurrido siglo y medio y la Iglesia romana mantiene sus tesis: tampoco ahora el Estado puede legislar sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo, o sobre la educación cívica de los niños. Sólo la Iglesia, sólo Dios, según el cardenal Rouco. Su idea es que el matrimonio tiene origen divino y es un contrato natural instituido con anterioridad a la sociedad civil. Por tanto, un asunto lejos del alcance del Estado. Y en el caso del matrimonio gay, que el Gobierno tampoco podría legislar porque son “derechos inexistentes”. Como si el matrimonio y la familia fuesen realidades fijas e inmutables.
No es la primera legislatura, desde la muerte del dictador Franco, que los obispos salen a la calle o alzan su voz contra el Gobierno. Pero nunca lo habían hecho con tanto estruendo y frecuencia. La concentración de ayer surge, además, sin motivo nuevo aparente. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no ha tomado medida alguna —ni anunciado que vaya a hacerlo en el futuro, si gana las elecciones de mazo— que deba preocupar a los prelados. Al contrario, en los últimos meses les mejoró, con sorprendente generosidad, el sistema de financiación de la Iglesia católica mediante los impuestos de todos los españoles, y ha cedido no poco en su idea inicial de impartir en las escuelas públicas y concertadas una llamada educación para la ciudadanía coherente con la Constitución de 1978, es decir, aconfesional, laica, libre de ataduras religiosas de Estado.
¿Qué ha ocurrido, entonces, para que 42 obispos, los inevitables Kikos y todo el entramado del catolicismo europeo más tradicional y movilizador se hayan echado a la calle este final de año? Las heridas del pasado, que tardan en cicatrizar. Los obispos se irritan por la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo; porque se agilizan —y abaratan, se supone— los trámites del divorcio; porque se permite investigar con embriones con fines terapéuticos, y, sobre todo, porque se diga que debería reformarse la ley que despenaliza el aborto y generalizar los métodos anticonceptivos. Es decir, están en contra de que se cumpla con lo que, parafraseando al expresidente Adolfo Suárez, debe hacerse desde un Gobierno legítimo: elevar a la categoría de legal lo que ya es en la calle normal, incluso para millones de católicos.
Los obispos superarán el trauma de estos cambios. Siempre ocurrió. Pero necesitan años. Y no exigirán a un hipotético Gobierno de la derecha que derogue la legislación que tanto les disgusta ahora. No lo hicieron cuando gobernó, durante ocho años, José María Aznar, católico confeso.
Este comportamiento recuerda lo ocurrido cuando el Estado español decidió legalizar el matrimonio civil. Entonces, 41 obispos españoles —ayer hubo 42 en Colón— execraron del Gobierno con brutalidad. Dijeron: “El matrimonio civil no será jamás otra cosa que un inmoral concubinato o un escandaloso incesto”. Fue en 1870. El Gobierno de la época sólo quería que los españoles no católicos tuvieran por fin derecho al modelo napoleónico de matrimonio civil obligatorio, manteniendo la indisolubilidad del eclesiástico. “La ley de la mancebía”, argumentaron los prelados. Ayer se escucharon descalificaciones igual de gruesas, como que con la despenalización del aborto se otorgan “licencias para matar”.
Apenas ha transcurrido siglo y medio y la Iglesia romana mantiene sus tesis: tampoco ahora el Estado puede legislar sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo, o sobre la educación cívica de los niños. Sólo la Iglesia, sólo Dios, según el cardenal Rouco. Su idea es que el matrimonio tiene origen divino y es un contrato natural instituido con anterioridad a la sociedad civil. Por tanto, un asunto lejos del alcance del Estado. Y en el caso del matrimonio gay, que el Gobierno tampoco podría legislar porque son “derechos inexistentes”. Como si el matrimonio y la familia fuesen realidades fijas e inmutables.
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