Dos parejas homosexuales acudieron este lunes ante la justicia de Costa Rica para inscribir sus matrimonios en un acto simbólico, puesto que la legislación de este país no reconoce la unión entre personas del mismo sexo, informó una fuente del movimiento gay.
"Esto es el inicio de una nueva campaña para reclamar la ciudadanía plena en favor de las personas con inclinación sexual diversa", declaró a la AFP Abelardo Araya, presidente del Movimiento Diversidad, que reúne a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.
Araya comentó que "la soberanía plena consiste en el cumplimiento de todas las responsabilidades y deberes, pero también en el goce de los derechos. A nosotros se nos han negado históricamente muchos derechos y uno de ellos es el matrimonio".
El dirigente dijo que las solicitudes de matrimonio de las dos parejas tienen que ser resueltas por un juzgado y que, en caso de que sean rechazadas, interpondrán una demanda contra el estado costarricense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Lo que queremos es que los derechos sean iguales para todos, tener un respaldo legal y todos los beneficios que tiene una pareja heterosexual", afirmó Eliécer, uno de los jóvenes que demandan el reconocimiento legal de su unión con alguien de su mismo sexo.
"En los próximos días, como parte de esta campaña, vamos a acudir también ante las autoridades judiciales por el caso de una lesbiana a la que le fue negada la patria potestad de su hijo en razón de su opción sexual", anunció Araya.
Además, "pediremos a la Defensoría (de los Habitantes) que busque recursos para abrir una oficina encargada de los temas de la comunidad (homosexual), encargada de ver los casos de discriminación y que eduque a la población en la tolerancia hacia la diversidad sexual".
El Congreso de Costa Rica analiza un proyecto de ley para reconocer derechos civiles a las parejas de personas del mismo sexo, luego de que una corte constitucional prohibió el año anterior la realización de un referendo sobre el tema.
El referendo había sido pedido por grupos conservadores y religiosos y convocado por el Tribunal Supremo de Elecciones, pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que la consulta era improcedente porque los derechos humanos son inherentes a las personas y no objeto de consulta
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