La Corte Suprema de California prohibió que los médicos invoquen sus creencias religiosas como una razón para negar tratamiento a los homosexuales y las lesbianas, y dictaminó que la ley estatal que prohíbe la discriminación según la orientación sexual se extiende a la profesión médica.
La juez Joyce Kennard manifestó por escrito que dos médicos de fertilidad cristianos que se rehusaron a inseminar artificialmente a una lesbiana no tienen derecho a la libre expresión ni una excepción religiosa de la ley estatal que "impone a las empresas determinadas obligaciones antidiscriminación".
En la demanda judicial que llevó a la decisión, Guadalupe Benítez, 36, de Oceanside, señaló que los médicos la trataron con medicamentos para la fertilidad y le dieron instrucciones para inseminarse a sí misma en su hogar, pero le dijeron que sus creencias les impedían inseminarla. Uno de los médicos la envió con otro especialista en fertilidad sin objeciones morales y Benítez desde entonces ha dado a luz a tres niños.
De todas formas, en 2001 Benítez demandó al grupo médico North Coast Women’s Care, con sede en Vista.
Benítez y sus abogados alegaron con éxito que la ley estatal que prohíbe que las empresas discriminen según la orientación sexual se aplica a los médicos.
La ley se diseñó originalmente para evitar que los hoteles, restaurantes y otros servicios públicos se negaran a atender a los clientes debido a su raza.
La Asamblea Legislativa la ha ampliado desde entonces para cubrir características como la edad y la orientación sexual.
Fue terrible pasar por eso", dijo Benítez. "Fue muy doloroso el hecho de que alguien le diga a uno que no lo ayudarán debido a ser quién es, que le negarán el derecho de ser madre y de tener una familia".
Benítez ha dado a luz a tres niños mediante inseminación artificial: Gabriel, de 6, y las mellizas Sophia y Shane, que cumplen 3 años esta semana.
Los está criando en Oceanside con su compañera de toda la vida, Joanne Clark.Jennifer Pizer, abogada de Benítez, dijo que la decisión fue "una victoria para la salud pública" y que esperaba que tuviera influencia a nivel nacional.
"Fue claro y rotundo que la discriminación no tenga lugar en los consultorios de los médicos", señaló Pizer.
La decisión fue unánime y se manifestó en 18 breves páginas, un contraste con la escisión de 4 a 3 de la Suprema Corte cuando en mayo se legalizó el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Robert Tyler, uno de los abogados de la clínica, señaló que la decisión adelantó la "agenda radical" de la Suprema Corte del estado y que ayudaría a la campaña que apoya la votación en noviembre de la medida para prohibir nuevamente el matrimonio homosexual en California.
"El público debe enterarse del deseo de la Suprema Corte de promover el estilo de vida homosexual a riesgo de infringir el derecho de la Primera Enmienda al libre ejercicio de la religión", dijo Tyler, quien lidera a los Defensores sin Fines de Lucro para la Fe y la Libertad en Murrieta, California.
La Suprema Corte ordenó a un tribunal que considerara si los médicos cristianos tenían permiso para negarse a inseminar a Benítez debido a que no era casada.
La Asamblea Legislativa enmendó la ley para prohibir la discriminación según el estado civil en 2006, pero no es clara respecto a si los médicos podían impedir legalmente el tratamiento en 2000.
El caso atrajo a varios amigos de los expedientes judiciales de una amplia variedad de organizaciones religiosas, grupos médicos y organizaciones de derechos civiles de los homosexuales.
La Unión Estadounidense de Defensa de los Derechos Civiles apoyó a los médicos cristianos, adhiriéndose a la Asociación Médica Islámica de América del Norte, las Asociaciones Cristianas Médica y Dental y los grupos antiaborto.
La Asociación Médica de California revirtió su apoyo inicial a los médicos cristianos luego de recibir un aluvión de críticas de activistas por los derechos de los homosexuales y se unió al proveedor de atención médica Kaiser Foundation Health Plan para oponerse a los médicos cristianos.
La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), el procurador general de California, Jerry Brown, el Programa Legal de Salud Nacional y la Asociación Médica de Homosexuales y Lesbianas presentaron documentos apoyando a Benítez.
