Entrada de la antigua prisión de Huelva.
Desde 2006, la cesión del edificio y del suelo está pendiente del pago de 2,2 millones de euros a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP). Además, el Consistorio no podría hacer frente a los gastos derivados de la rehabilitación de la infraestructura y de la reconversión del espacio.
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¿Jaque mate a la antigua cárcel de Huelva? El tira y afloja de las administraciones deja en el limbo al vetusto centro penitenciario. Su futuro está en entredicho por los "problemas financieros" del Ayuntamiento de Huelva y la falta de acuerdo con la Administración central. Desde hace ocho años no puede cumplir una de las condiciones del convenio de adquisición de los terrenos, firmado con Instituciones Penitenciarias y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) en marzo de 2006.
El citado organismo, dependiente del Ministerio de Interior y de Hacienda, regenta la titularidad de la añeja prisión. De hecho, las llaves de la vieja cárcel están custodiadas en el actual Centro Penitenciario de Huelva, ubicado en La Ribera. Casi una década y la SIEP aún no ha formalizado la desafectación de los terrenos para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad por parte del Ayuntamiento de Huelva. El motivo: la falta del pago de 2,2 millones de euros para la concreción del traspaso. De hecho, en 2011 realiza un requerimiento a la Administración Local "para resolver la permuta del inmueble que se encuentra pendiente de realizar por sus problemas financieros", según refleja la memoria anual de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios.
Fuentes cercanas al proceso de negociación del cambio de titularidad revelaron a este diario que la situación se encuentra "encallada" porque el Ayuntamiento no dispone de recursos financieros para cumplir el convenio. No obstante, y tras reconocer que no disponen de "dinero en metálico" para afrontar el pago ni tienen la "obligación" de cumplir el convenio de 2006, desde el gabinete de Comunicación del Consistorio mantienen un discurso contrario al asegurar que están inmersos en "conversaciones" con Instituciones Penitenciarias al objeto de "encontrar alternativas y adquirir la cárcel con el objetivo de ponerla en valor". Sin embargo, la segunda vía -ceder unos terrenos municipales valorados en esos 2,2 millones de euros- también cojea ya que a priori el Ayuntamiento tampoco dispone de suelo con esa tasación en el mercado actual.
El embrollo legal deja huérfana a la antigua cárcel de Huelva. Ni siquiera en los registros electrónicos de infraestructuras de Instituciones Penitenciarias y de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios aparece la propiedad del centro penitenciario. Un limbo administrativo que también desemboca en la dejadez sobre la responsabilidad de conservación del edificio. Desde el cierre completo del penal -2008-, no se ha acometido ninguna tarea de conservación arquitectónica. La competencia recae en la Sociedad Estatal de Equipamientos Penitenciarios, o en su defecto Instituciones Penitenciarias, pero con el convenio de traspaso de titularidad sobre la mesa, aún sin formalizar, el 'lavado de manos' es una constante. El documento deriva la responsabilidad de rehabilitación del edificio y el desarrollo urbanístico de la parcela hacia el Ayuntamiento de Huelva, cuando ya estén cumplimentadas las condiciones del documento. Sin embargo, la Administración local no dispone de "financiación suficiente" para el mantenimiento y busca "el apoyo y colaboración de otras administraciones", según citaron fuentes municipales.
En ese eres tú, no eres tú. La conservación aparece defenestrada por completo. El Ayuntamiento de Huelva no posee la capacidad de 'obligar' al actual propietario de la cárcel- la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios- a ejecutar las tareas de mantenimiento a no ser que estuviera en riesgo de declararse en ruina y alegando el deber innato a la propiedad. Incluso podría guardarse algún as en la manga. Si el edificio acabara derruido, la SIEP debería abonar la diferencia del coste de levantar una nueva infraestructura.
Del lago del organismo estatal, está el convenio de 2006 donde se fija la competencia municipal sobre la rehabilitación de la antigua cárcel, aunque este documento es tinta mojada al no suscribirse en su totalidad. No lo es tanto las actas de los plenos municipales que desde el año 2001 fijan que la recuperación del espacio está encaminada a su "rehabilitación y uso dotacional". Las cartas están sobre la mesa y las instituciones dejan claro su ´regate´ hacia los costes de conservación del vetusto penal, cuya construcción se inició en 1926 y se inauguró en 1933, según el periódico La Provincia.
El Ayuntamiento de Huelva asegura que su intención es "poner en valor" este edificio catalogado en el Plan General de Ordenación Histórica como de "especial singularidad" por su carácter monumental. No obstante, las famélicas arcas municipales, la dejadez institucional al no formalizar el convenio, la carencia de acuerdos concretos y la falta de conservación ponen en peligro riesgo a "un edificio emblemático por su arquitectura y por su historia", según declaró el 9 de marzo de 2006 el actual alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, tras la firma el convenio de traspaso de titularidad. Una fotografía que esta vez retrata al primer edil, quien hace ocho años calificaba la recuperación de la cárcel de "excelente noticia" para Huelva y el barrio de Isla Chica.
Un papeleo sin efecto
La adquisición municipal del edificio y parcela de la antigua cárcel recorre un largo periplo documental entre actas municipales, registros e informes estatales. El Pleno municipal, en sesión de 29 de marzo de 2001, adoptó el acuerdo de iniciar los trámites necesarios para la adquisición por el Ayuntamiento del antiguo Centro Penitenciario de Huelva, para su "rehabilitación y posterior uso dotacional". Igualmente, el Pleno municipal, en sesión de 29 de julio de 2003, adoptó el acuerdo de aprobar un Convenio con el Ministerio del Interior y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. para "la adquisición por el Ayuntamiento del antiguo Centro Penitenciario de Huelva y la cesión de terrenos a segregar de parcela dotacional en el ámbito del Plan Parcial nº 4 Vista Alegre, con destino a la construcción de un Centro Inserción Social".
En ese primer convenio aparece la primera clave del embrollo administrativo para no incumplir el marco legislativo. Establece dos operaciones jurídicas, una de adquisición de inmueble, previa su desafectación al dominio público-servicio público estatal (el edificio de la antigua cárcel), que permite la utilización del procedimiento negociado por razones de singularidad y especificidad histórica, cultural, artística o técnica del bien a adquirir; y otra de cesión de la titularidad de la parcela sita en el Plan Parcial nº 4 "Vista Alegre", que habría que tramitar como "mutación demanial subjetiva" a favor del Ministerio del Interior, al ser la parcela dominio público municipal, cediéndola directa y gratuitamente a dicho Ministerio, para su afectación al dominio público estatal o bien desafectarla para su cesión gratuita.
Más claro. El Ayuntamiento de Huelva no puede llevar a cabo en una sola operación el cambio de titularidad del antiguo centro penitenciario. La permuta de la parcela donde está ubicado el Centro de Inserción Social David Beltrán por el suelo de la antigua cárcel era ilegal en virtud de la Ley de Bienes dada la diferencia de valores entre uno y otro. Es por ello que se establece el procedimiento de negociado para la adquisición de la vieja cárcel y por otro lado se cede 'gratuitamente' los terrenos del Centro de Inserción Social. Es en 2003 cuando se "sientan las bases" –según el informe anual de Instituciones Penitenciarias- del convenio entre Instituciones Penitenciarias, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y el Ayuntamiento de Huelva. De hecho, en abril de ese año recibe la preceptiva aprobación de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Dos años más tarde –en 2005- se modifica el referido convenio para completar las determinaciones de la edificabilidad sobre la parcela destinada a la construcción del Centro de Inserción Social, segregada de la finca registral nº 70.809 y por entonces de titularidad municipal, de forma que a la misma se le asignó una edificabilidad máxima de 9.060 metros cuadrados sin limitación de alturas.
El 9 de marzo de 2006 se cierra el círculo el convenio una vez concretada la negociación por la adquisición de la cárcel. Tenía lugar la segunda de las operaciones jurídicas para el cambio de titularidad y que aún no se ha llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Huelva al no hacer frente al pago. En total, la Administración debía y debe pagar 2,2 millones de euros para hacer frente al diferencial de valores entre el terreno del Centro de Inserción Social y el de la antigua cárcel.
Este escenario legal se enraíza en el Plan de amortización y creación de centros penitenciarios, de 1991, queestablece la financiación mixta de las cárceles y centros de inserción social de nueva planta, con fondos estatales y con otros procedentes de la amortización de los que se van cerrando. Es decir, la antigua cárcel de Huelva debía generar recursos al Estado para acometer su renovación de centros carcelarios. La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), actual propietaria de la antigua cárcel, fue creada para negociar estos convenios con las administraciones. En el caso de Huelva las negociaciones se realizaron con la Administración Local.
Ese citado 9 de marzo de 2006 llegó el momento de la rúbrica del convenio entre el actual alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, y la ex directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. En esa fecha, el primer edil calificó de "duras" las negociaciones con la SIEP si bien el acuerdo alcanzado era "positivo" para la ciudad de Huelva.
De hecho, el antiguo presidente de la SIEP, el leonés Benigno Castro, aseguró en diciembre de 2006 que "hasta ahora nadie nos ha pedido que regalemos alguna de las cárceles antiguas que han pasado a manos municipales", citando concretamente la de Huelva. Si bien no tuvo en cuenta que el punto económico del convenio no llegaría a buen puerto.
En 2009 y una vez puesto en funcionamiento el Centro de Inserción Social David Beltrán, Instituciones Penitenciarias –según su informe anual- inicia los trámites de desafectación de la antigua cárcel y ya forma parte del patrimonio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) al no cumplir el Ayuntamiento de Huelva con la parte económico del convenio. Dos años más tarde, la SIEP realiza un requerimiento al Ayuntamiento de Huelva para realizar el cambio de titularidad. Sin embargo éste no sucede por "problemas financieros" del Consistorio, tal y como queda reflejada en la Memoria Anual de 2011 de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios.
Tras esta batalla administrativa, la antigua cárcel continúa huérfana de acción institucional, una acción que acabe con su orfandad y asegure su rehabilitación y la puesta en valor de uno de los edificios con más historia de la capital onubense.
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