Entrada del centro penitenciario de Huelva de La Ribera
La reconstrucción del pasado bebe de las fuentes documentales. La memoria histórica se nutre con archivos, expedientes y todo tipo de documentos, además de la tradición oral si abrimos la página contemporánea. Incluso algunos textos legales de la Guerra Civil y de la Dictadura sirven de bastón jurídico a represaliados o perseguidos para recibir de la Administración algún tipo de indemnización de carácter económico, reconocimiento social por haber sido víctimas de la represión, y reconocimiento incluso de derechos civiles y de propiedad sobre bienes que en algún momento perdieron. Sobre este tablero juegan en papel primordial los expedientes judiciales y penitenciarios de los presos encarcelados en la antigua prisión de Huelva, que se encuentran disgregados por parte del territorio nacional. Esta falta de reunificación complica en extremo su estudio y catalogación.
Los archivos históricos del añejo tienen al menos hasta cuatro localizaciones diferentes en virtud de su naturaleza jurídica (judiciales o penitenciarios) y de la división judicial del territorio o audiencia territorial. Algunos tienen coartados aún su consulta directa porque la fecha final de su tramitación aún no ha superado el límite legal para el acceso libre en virtud de Ley de Protección de Datos. Es decir, los documentos pueden ser consultados si tienen más de 50 años desde la finalización del expediente o 25 si la fecha del fallecimiento de la persona en cuestión es conocida. Además, algunos de los archivos penitenciarios continúan 'aprisionados' no muy lejos de la capital onubense.
El Archivo Histórico de Huelva custodia y conserva, transferidos por Instituciones Penitenciarias, los expedientes personales de internos con un periodo cronológico que abarca desde el año 1933 al 1949 (fecha de salida de prisión). A partir de ahí la pista se complica y el camino de migas de pan abre diferentes senderos.
Los archivos judiciales al no estar unificados se hallan en función del partido judicial correspondiente, según la demarcación regida durante la Dictadura y la tipología del delito. Los expedientes judiciales por infringir la Ley de Vagos y Maleantes mantienen un paradero 'desconocido'. El juzgado estaba centralizado en Sevilla, con jurisprudencia por tanto en la provincia onubense. No obstante, los archivos territoriales o histórico-provinciales no disponen de los expedientes ni siquiera el archivo de la ciudad hispalense que mantiene algunos documentos judiciales referentes a la provincia de Huelva. Su creación en 1989 hizo que los fondos judiciales permanecieran en depósitos documentales de la Administración judicial acumulados durante muchos años. Es "difícil -según aseguró la directora del Archivo de Provincial de Sevilla, Amparo Alonso García- saber si se han conservado y dónde, o si verdaderamente se han perdido".
Si bien, la propia Alonso García destacó el esfuerzo institucional para recopilar el fondo documental. "Actualmente sabemos que se está llevando a cabo por parte de la Consejería de Justicia y el Ministro de Interior, a través de la Secretaría General para la Justicia, un trabajo de identificación de todos los expedientes conservados en los archivos judiciales para preparar su traslado a los archivos territoriales o históricos provinciales", apuntó.
El Archivo Histórico de Sevilla sí custodia los archivos judiciales de la provincia de Huelva, relativos a la Ley 16/1970, de 4 de Agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, y al Reglamento de 1971. Conserva, por tanto, el fondo documental del Juzgado de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Huelva. En la base de represaliados políticos se encuentran catalogados 922 expedientes correspondientes a la provincia de Huelva, siendo 760 del Juzgado de Peligrosidad, y el resto del Servicio de Libertad Vigilada o inscripciones de defunción en el Registro Civil fuera de plazo.
La antigua cárcel de Huelva, por decreto de 1968, aparece definida como "centro especializado" para la "reeducación" de los homosexuales, al igual que la prisión de Badajoz. Es por ello que aquellos condenados por la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social acabaron en el centro penitenciario de la ciudad aún estando juzgados en otra provincia española. De hecho, algunos expedientes judiciales referentes a internos en la cárcel onubense han sido hallados en el Archivo de la Real Chancillería de Granada, como puso de manifiesto la Asociación de Expresos Sociales. Esta disgregación de los documentos aparece definida en el nuevo marco jurisdiccional de la ley que supuso la continuación –o relevo- de la Ley de Vagos y Maleantes. Con el nuevo marco legislativo en 1971, la competencia para la declaración del estado de peligroso social, fijada en el Reglamento de aplicación de la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, pasó a corresponder a la jurisdicción ordinaria, a través de los jueces de 1ª instancia e instrucción, a los que se asignó un doble cometido. Éstos desempeñarían las funciones de la nueva Ley en cada capital de provincia, correspondiéndole al número 1 en las capitales donde hubiese más de un juzgado.
Este grupo de fondos, Vagos y Maleantes y Peligrosidad y Rehabilitación Social, junto con los expedientes penitenciarios, es "vital" en la búsqueda de antecedentes conocidos para acreditar la desaparición de personas durante la Guerra Civil, y para acreditar el sufrimiento de cualquier tipo de represión.
Al menos ya existen tres localizaciones diferentes: archivos históricos de Huelva, Sevilla y Granada. Pero aún queda otra vertiente documental, los expedientes penitenciarios de los encarcelados en la antigua prisión de Huelva durante las décadas de los 50, 60 y 70. Este fondo, de "difícil acceso", se encuentra en el actual Centro Penitenciario Provincial de Huelva, sito La Ribera, al pertenecer a Instituciones Penitenciarias, según varias fuentes consultadas por este diario. Su valor documental es "incalculable", puesto que en ellos se hace referencia a la Junta de Clasificación una vez entrada en vigor la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Este organismo era el encargado, con todo tipo de vejaciones, de calificar al homosexual preso por la citada ley, además de reflejar la 'pseudomedicina' aplicada a esta "enfermedad", como era calificada durante el régimen franquista. De hecho, el preso homosexual debía ser clasificado entre activo o pasivo, ya que los pasivos iban al penal de Badajoz y los activos a Huelva. Además durante su encarcelamiento esta junta albergaba la potestad de decidir cuando estaban 'curados' de su "enfermedad" y por tanto rehabilitados para lograr su reingreso en la sociedad. La aleatoriedad en sus decisiones ahondaba aún más en la represión sufrida, ya que la puesta en libertad no se basaba en ningún fundamento jurídico.
El presidente de la Asociación de Expresos Sociales, Antoni Ruiz, asegura que "es complicado saber la ubicación exacta de los expedientes penitenciarios. Ni siquiera en los procesos de solicitud de indemnización por las represiones a homosexuales, el solicitante sabe dónde se hallan estos documentos. El propio Ministerio de Interior e Instituciones Penitenciarias son los encargados de reunirlos para la posterior investigación que derive en la indemnización o no. Son documentos de muy difícil acceso".
La Asociación de Expresos Sociales reclama la "necesaria" catalogación y reunificación de todos los documentos históricos, ya sean expedientes judiciales o penitenciarios, al objeto de que puedan ser estudiados y pongan de manifiesto las "vejaciones" aplicadas a los homosexuales en centros penitenciarios como el de Huelva. "Es necesario y prioritario la protección de estos documentos para que los investigadores tengan acceso a ellos", sentenció Antonio Ruiz.
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