lunes, 24 de febrero de 2014

La Asociación de Expresos Sociales teme que el Ayuntamiento venda “al mejor postor” los terrenos de la vieja cárcel

Antonio Ruiz, homosexual encarcelado durante el franquismo.



Vetusta cárcel, garante de injusticias al amparo del régimen franquista durante la década de los 60 y 70. Gays, lesbianas, bisexuales y transexuales recibieron una condena perpetua a su dignidad, sentencia de muerte sobre sus derechos. Fueron castigados por sus relaciones afectivas a toda clase de vejaciones para su "vuelta a la normalidad" por ser considerados unos "enfermos". Desde 2006 la dejadez institucional pone en peligro el futuro del penal, de su memoria, al no formalizarse el cambio de titularidad desde la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios al Ayuntamiento de Huelva.
La Asociación de Expresos Sociales, que defienda a los represaliados por su condición sexual durante el franquismo, también prevé otro escenario aún más devastador a pesar de que el edificio esté catalogado como de especial singularidad en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) . "No estamos de acuerdo con el traspaso de titularidad. Nos tememos, como ha ocurrido en otros casos idénticos, que el Ayuntamiento de Huelva venderá al mejor postor los terrenos de la antigua cárcel y con ellos su memoria histórica", aseguró el presidente del colectivo, Antoni Ruiz, quien acudió en 2005 junto con Mercedes Gallizo, exdirectora de Instituciones Penitenciarias, a la colocación de una placa en el penal onubense en homenaje a las víctimas de la represión franquista.
Ruiz aboga por su conservación porque la añeja prisión "tiene que ser para el pueblo, convertirse en un centro cívico para la ciudadanía". Es por ello que plantea una fórmula que proteja el edificio y su historia. "La mejor opción es que la Junta de Andalucía solicite su titularidad para que se encargue de su conservación como patrimonio histórico-artístico. La Administración andaluza posee esas competencias. Hay que impedir que se eliminen sus patios y galerías porque un ayuntamiento considere que no son de importancia histórica en pos de su falta de valor arquitectónico. Sin estos elementos perdemos la perspectiva de que era una cárcel, de la represión sufrida en ese entorno. La Junta debe intervenir y quedarse con esos terrenos, como ha ocurrido en Badajoz donde se ha instalado un museo en la antigua cárcel o seguir el ejemplo de la progresiva recuperación de la antigua cárcel de Valencia".
La Asociación de Expresos Sociales marca una hoja de ruta clara, definida por la preservación de estos espacios. "La antigua cárcel de Huelva, como otras similares por sus connotaciones históricas, han de ser declaradas como centros de uso social, de carácter público y que a su vez sirvan para conocer la represión política y social que sufrieron los homosexuales durante el franquismo. Ese edificio debe permanecer en la memoria histórica del país y que no lleguen las máquinas y lo destrocen", sentenció Antonio Ruiz.
La okupación de la antigua cárcel por parte de CSOA Apoyo Mutuo, que cumple este 23 de febrero su primer aniversario, no es vista como una "preocupación" por parte de la Asociación de Expresos Sociales. "No nos preocupa el uso dado por colectivos sociales. Nuestra preocupación es que se destrocen estos recintos como ha ocurrido en La Modelo". Desde la llegada del Centro Social y Autogestionado Apoyo Mutuo han concluido los actos vandálicos en el interior del centro penitenciario, al acabar los incendios provocados, el consumo de heroína en su interior y el robo de material metálico para su posterior venta.
El presidente de la Asociación de Expresos Sociales, Antoni Ruiz, mantiene una postura clara hacia la antigua cárcel. "Hay que conservarla para la Memoria Histórica de Huelva y de España. Lo que se tapa, lo que se destruye, conlleva el riesgo de volver a ocurrir en la Historia de nuestro país", concluyó.