Una asociación considera que algunas preguntas a las que son sometidas las pacientes en el test de evaluación vulneran derechos fundamentales
La Fiscalía contra la Violencia de Género de Andalucía ha abierto una investigación contra la Unidad de Trastorno de Identidad de Género del Hospital (UTIG) Carlos Haya de Málaga para averiguar si se están vulnerando derechos fundamentales de los transexuales que acuden a este servicio. La apertura de diligencias se produce como consecuencia de una denuncia presentada por la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), que considera «vejatorias» alguna de las preguntas del test de evaluación que se le realizan a los candidatos a someterse a un tratamiento de hormonación o bien a una intervención quirúrgica de cambio de sexo.
Fuentes de la Fiscalía confirmaron la apertura de la investigación, que se ha concretado ya con una primera reunión de la fiscal delegada, Flor de Torres, con los responsables de la UTIG y la gerencia del hospital. La apertura de las diligencias fue comunicada a la responsable de la Consejería de Salud y Bienestar Social, María José Montero.
La presidente de ATA, Mar Cambrollé, explicó ayer en una rueda de prensa en Sevilla que la denuncia se produce después de recabar durante varios meses testimonios transexuales que alertan de que, en las evaluaciones previas a las que se someten en dicha unidad, se les realizan preguntas que «vulneran el principio de igualdad, son vejatorias porque atentan contra la intimidad, solicitan información de terceros y anulan el derecho de autonomía personal».
La denuncia se centra, sobre todo, en las preguntas incluidas en los test que le hacen a todos los pacientes en su primera visita a la Utig, que ATA considera que no tienen que ver con la identidad de género. Entre los ejemplos aportados por los usuarios a la Fiscalía hay cuestiones sobre las preferencias sexuales, las relaciones de pareja e incluso la frencuencia de las prácticas sexuales de sus padres y de su grado de satisfacción.
Estas prácticas, que, en opinión de Cambrollé, «no justifican ser válidas para una evaluación que dependa de ella la terapia hormonal o intervenciones quirúrgicas», han llevado también a la asociación que preside a ponerse en contacto con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien ya ha expresado en una reunión mantenida con ella y la mencionada fiscal de violencia de género «la necesidad de revisar estos protocolos». ATA ha ofrecido «mano tendida» a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía para «buscar una solución» a esta cuestión que «respete la dignidad y el principio de igualdad».
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