jueves, 7 de febrero de 2013

Canarias cierra su único centro para enfermos de VIH sin hogar











Los recortes impuestos por el Gobierno Canario obligan a paralizar el único proyecto que apoyaba a personas enfermas de VIH que verán complicada su salud si se ven obligados a vivir en la calle.


07/02/2013- Kike Fuster El Archipiélago canario contaba, hasta el momento, con tan solo un centro para acoger a los enfermos de VIH sin hogar. Lejos de aportar más medios a las necesidades de este colectivo poniendo a su disposición las instalaciones públicas precisas, el Gobierno autónomo cedió esta función a la organización de beneficencia Cáritas Diocesana.
A través de las subvenciones recibidas del Ejecutivo regional, la ONG católica impulso el Proyecto Lázaro, albergando a estos enfermos en una casa de tres plantas ubicada en el barrio de Finca de España, en el municipio de La Laguna.
Sin embargo, dada la drástica reducción de las subvenciones (de más de un 60%) motivada por los recortes presupuestarios aplicados por el Gabinete de CC y PSOE, el centro ha sido abocado al cierre. De 1 millón de euros que recibían por parte de la Consejería de Bienestar Social de Canarias, la aportación ha pasado a los 369.000 euro.
Desde que en 1995 diera comienzo el Proyecto Lázaro, ha sido la única respuesta a una demanda cuyas competencias debieran haber sido satisfechas por los servicios sociales. "Tenemos 12 plazas residenciales pero atendemos a nivel externo a más de 70 personas. Casi todos son casos de exclusión social, personas que se encuentran viviendo en la calle y son enfermos del VIH que nos vienen derivados de los centros hospitalarios y están en la indigencia", declaró Úrsula Peñate, coordinadora de Acción social de Cáritas.
Por su parte, La Consejera de Bienestar Social Inés Rojas se ha comprometido a "buscar la financiación para poder mantener el proyecto" aunque la promesa de la responsable autonómica no convence ni de lejos a la dirección del centro. El Gobierno canario les ha ofrecido hasta el momento 20.000 euros, de los 120.000 que reclaman para mantener su actividad.

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