Foto, Europa PressEl PSOE saca adelante la Ley de Memoria Histórica con apoyos de IU-ICV, CiU y PNV
MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PSOE, con apoyos de IU-ICV, CiU, PNV y CC, logró hoy sacar adelante en la Comisión Constitucional del Congreso la denominada Ley de Memoria Histórica, a la que en cambio se opusieron tanto Esquerra Republicana como el PP, si bien el Grupo Popular apoyó los artículos referidos a la mejora de indemnizaciones ya existentes.
En el debate de hoy se introdujeron seis cambios puntuales la redacción que los socialistas habían pactado hace una semana con la coalición de izquierdas y los nacionalistas.
Con IU-ICV se acordó ampliar la posibilidad de recuperar la nacionalidad española a los descendientes en segundo grado (nietos) de los exiliados como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura, atendiendo a peticiones de la emigración. Este derecho a la nacionalidad española de origen habrá de solicitarse en los dos años siguientes a la entrada en vigor de la ley.
LAS ACTAS DE DEFUNCIONES
También destaca el acuerdo, alcanzado igualmente con IU-ICV, para facilitar la consulta de los libros de las actas de defunciones de los registros civiles dependientes de la dirección general correspondiente del Ministerio de Justicia.
Asimismo, los socialistas pactaron con CiU que la Fundación privada que gestiona el Valle de los Caídos deba, además de honrar la memoria de todos los fallecidos en la Guerra Civil y durante la represión franquista, profundizar en el conocimiento de ese periodo histórico y de los valores constitucionales. A este acuerdo se sumó el PP y en cambio de desmarcó IU-ICV por haberse suprimido la mención original a los valores de exaltación de la paz.
El resto de las enmiendas fueron rechazadas. Las propuestas de las minorías fueron vetadas al juntarse el PSOE con el PP, mientras que las iniciativas del Grupo Popular fueron desechadas por socialistas y minorías.
Del mismo modo, los distintos artículos de la ley fueron aprobándose con los votos del PSOE y algunos de sus aliados en este proyecto o todos ellos, más el Grupo Mixto, representado en la votación por CC. Esquerra Republicana mantuvo su oposición frontal al conjunto de la redacción al igual que el PP, si bien en el caso de los 'populares' apoyaron los artículos referidos a mejorar indemnizaciones ya existentes en disposiciones legales anteriores.
PP: OTRA ESPAÑA VUELVE A HELAR EL CORAZÓN
En el debate, el PP volvió a reiterar su rechazo a la idea de revisar la denominada Memoria Histórica. Según Jorge Fernández Díaz, secretario general del Grupo Popular, "los herederos" del Partido Comunista de la Transición han traído "el rencor" hasta el punto de que, como escribió Machado, de nuevo "una de las dos Españas puede volver a helar el corazón" en 2008.
A su juicio, esta "vuelta atrás" no se ha arreglado ni con el acuerdo entre el PSOE y los nacionalistas, pues considera que la redacción pactada es incluso peor que el proyecto original del Gobierno.
Habló de "falta de lealtad institucional" por reabrir un debate que, en su opinión, quedó cerrado con la condena del franquismo aprobada en 2002, en tiempos de mayoría absoluta del PP, y proclamó que su partido "no acepta lecciones de nadie en materia de defensa de la libertad".
Fernández Díaz también expresó sus recelos hacia el Centro Documental de la Memoria Histórica con sede en Salamanca, pues teme que el "sectarismo" vaya a determinar cuál ha sido la historia de España, y se quejó de que no se devuelvan fondos que están en la Fundación Pablo Iglesias, cuyo presidente, Alfonso Guerra, presente en la mesa de la Comisión Constitucional, saltó para indicar que la mención a este tema tenía "muy poca gracia", además de estar equivocada. De hecho, el PP acabó retirando la enmienda sobre este punto, aceptando las explicaciones de Guerra.
Desde el Grupo Socialista, Daniel Fernández recalcó que el espíritu de la ley es recordar los muertos de unos y de otros, y que no se pretende dividir a la sociedad española. Juan Antonio Barrio añadió además que la nueva condena del franquismo es necesaria y que la declaración de ilegitimidad de las sentencias políticas de la dictadura no deja de ser respetuosa con los tribunales. "Máxima sanción en el ámbito político y máximo respeto a la separación de poderes", resumió.
IU-ICV AVISA DE QUE SÓLO ES "UN PUNTO DE PARTIDA"
Por su parte, el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, admitió que su acuerdo con el texto no es total y de hecho quiso dejar claro que, para su formación, esta ley es "un punto de partida" para no empezar "de cero" en la próxima legislatura, donde ya anunció que pedirán que el Estado ayude a pedir en los tribunales la nulidad de las sentencias del franquismo.
Aunque la ley no colme sus deseos, admitió que los "mínimos básicos" conseguidos hacen que esta norma, hecha de sus "sueños", sea el texto que haya ido, "de largo, más lejos" en materia de memoria. "A partir de esta ley se va a empezar a construir políticas de memoria", proclamó.
También el ponente de CiU, Jordi Xuclá, indicó que el apoyo de los nacionalistas es "parcial" por "insuficiente" y lamentó que haya faltado "brújula" para haber explicado la motivación del proyecto. En cualquier caso también dijo que la Transición había sido un "pacto de amnesia selectiva y colectiva" que había que mejorar.
En la misma línea, Aitor Esteban, del PNV, reconoció que al final hubo que optar entre esta ley de "mínimos" o dejar pasar la oportunidad "para siempre", pues considera que esperar otra legislatura habría sido "imposible". De todas formas, se mostró "razonablemente satisfecho" por el acuerdo, que "difiere sustancialmente" del original del Gobierno y "no es una ley de punto final". De hecho, reiteró su reivindicación pendiente de la devolución a Euskadi de documentos guardados en el Archivo de Salamanca.
Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, también admitió que la redacción consensuada en el Congreso es "mejor" que el proyecto que remitió el Gobierno inicialmente, que no garantizaba la justicia, pero en su opinión "tampoco llega al aprobado".
ERC: SE CONSAGRA LA IMPUNIDAD Y HABLARÁ LA JUSTICIA
La otra formación disconforme con el conjunto del proyecto, Esquerra Republicana, expresó su solidaridad con las asociaciones de memoria que rechazan la ley por insuficiente y optó hoy por reservar su discurso político para el debate en sesión plenaria y por hacer un repaso de sus enmiendas, que mantendrá 'vivas' para el Pleno.
Su portavoz, Joan Tardà, recalcó eso sí que el debate sobre la memoria histórica no acaba este año, sino que se reeditará después de las generales. Además, aseguró que la ley "consagra el modelo español de la impunidad" por lo que auguró que el Estado "se verá tarde o temprano en los tribunales" europeos, conforme a la doctrina de Nuremberg.
El dictamen de la Comisión Constitucional se eleva ahora al Pleno del Congreso para su aprobación y posterior remisión al Senado, lo que se calcula para la última semana de este mes. Si en la Cámara Alta no hay cambios, cosa que esperan los socialistas, el texto se remitirá al Boletín Oficial del Estado antes de Navidad sin necesidad de volver al Congreso.
El PSOE, con apoyos de IU-ICV, CiU, PNV y CC, logró hoy sacar adelante en la Comisión Constitucional del Congreso la denominada Ley de Memoria Histórica, a la que en cambio se opusieron tanto Esquerra Republicana como el PP, si bien el Grupo Popular apoyó los artículos referidos a la mejora de indemnizaciones ya existentes.
En el debate de hoy se introdujeron seis cambios puntuales la redacción que los socialistas habían pactado hace una semana con la coalición de izquierdas y los nacionalistas.
Con IU-ICV se acordó ampliar la posibilidad de recuperar la nacionalidad española a los descendientes en segundo grado (nietos) de los exiliados como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura, atendiendo a peticiones de la emigración. Este derecho a la nacionalidad española de origen habrá de solicitarse en los dos años siguientes a la entrada en vigor de la ley.
LAS ACTAS DE DEFUNCIONES
También destaca el acuerdo, alcanzado igualmente con IU-ICV, para facilitar la consulta de los libros de las actas de defunciones de los registros civiles dependientes de la dirección general correspondiente del Ministerio de Justicia.
Asimismo, los socialistas pactaron con CiU que la Fundación privada que gestiona el Valle de los Caídos deba, además de honrar la memoria de todos los fallecidos en la Guerra Civil y durante la represión franquista, profundizar en el conocimiento de ese periodo histórico y de los valores constitucionales. A este acuerdo se sumó el PP y en cambio de desmarcó IU-ICV por haberse suprimido la mención original a los valores de exaltación de la paz.
El resto de las enmiendas fueron rechazadas. Las propuestas de las minorías fueron vetadas al juntarse el PSOE con el PP, mientras que las iniciativas del Grupo Popular fueron desechadas por socialistas y minorías.
Del mismo modo, los distintos artículos de la ley fueron aprobándose con los votos del PSOE y algunos de sus aliados en este proyecto o todos ellos, más el Grupo Mixto, representado en la votación por CC. Esquerra Republicana mantuvo su oposición frontal al conjunto de la redacción al igual que el PP, si bien en el caso de los 'populares' apoyaron los artículos referidos a mejorar indemnizaciones ya existentes en disposiciones legales anteriores.
PP: OTRA ESPAÑA VUELVE A HELAR EL CORAZÓN
En el debate, el PP volvió a reiterar su rechazo a la idea de revisar la denominada Memoria Histórica. Según Jorge Fernández Díaz, secretario general del Grupo Popular, "los herederos" del Partido Comunista de la Transición han traído "el rencor" hasta el punto de que, como escribió Machado, de nuevo "una de las dos Españas puede volver a helar el corazón" en 2008.
A su juicio, esta "vuelta atrás" no se ha arreglado ni con el acuerdo entre el PSOE y los nacionalistas, pues considera que la redacción pactada es incluso peor que el proyecto original del Gobierno.
Habló de "falta de lealtad institucional" por reabrir un debate que, en su opinión, quedó cerrado con la condena del franquismo aprobada en 2002, en tiempos de mayoría absoluta del PP, y proclamó que su partido "no acepta lecciones de nadie en materia de defensa de la libertad".
Fernández Díaz también expresó sus recelos hacia el Centro Documental de la Memoria Histórica con sede en Salamanca, pues teme que el "sectarismo" vaya a determinar cuál ha sido la historia de España, y se quejó de que no se devuelvan fondos que están en la Fundación Pablo Iglesias, cuyo presidente, Alfonso Guerra, presente en la mesa de la Comisión Constitucional, saltó para indicar que la mención a este tema tenía "muy poca gracia", además de estar equivocada. De hecho, el PP acabó retirando la enmienda sobre este punto, aceptando las explicaciones de Guerra.
Desde el Grupo Socialista, Daniel Fernández recalcó que el espíritu de la ley es recordar los muertos de unos y de otros, y que no se pretende dividir a la sociedad española. Juan Antonio Barrio añadió además que la nueva condena del franquismo es necesaria y que la declaración de ilegitimidad de las sentencias políticas de la dictadura no deja de ser respetuosa con los tribunales. "Máxima sanción en el ámbito político y máximo respeto a la separación de poderes", resumió.
IU-ICV AVISA DE QUE SÓLO ES "UN PUNTO DE PARTIDA"
Por su parte, el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, admitió que su acuerdo con el texto no es total y de hecho quiso dejar claro que, para su formación, esta ley es "un punto de partida" para no empezar "de cero" en la próxima legislatura, donde ya anunció que pedirán que el Estado ayude a pedir en los tribunales la nulidad de las sentencias del franquismo.
Aunque la ley no colme sus deseos, admitió que los "mínimos básicos" conseguidos hacen que esta norma, hecha de sus "sueños", sea el texto que haya ido, "de largo, más lejos" en materia de memoria. "A partir de esta ley se va a empezar a construir políticas de memoria", proclamó.
También el ponente de CiU, Jordi Xuclá, indicó que el apoyo de los nacionalistas es "parcial" por "insuficiente" y lamentó que haya faltado "brújula" para haber explicado la motivación del proyecto. En cualquier caso también dijo que la Transición había sido un "pacto de amnesia selectiva y colectiva" que había que mejorar.
En la misma línea, Aitor Esteban, del PNV, reconoció que al final hubo que optar entre esta ley de "mínimos" o dejar pasar la oportunidad "para siempre", pues considera que esperar otra legislatura habría sido "imposible". De todas formas, se mostró "razonablemente satisfecho" por el acuerdo, que "difiere sustancialmente" del original del Gobierno y "no es una ley de punto final". De hecho, reiteró su reivindicación pendiente de la devolución a Euskadi de documentos guardados en el Archivo de Salamanca.
Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, también admitió que la redacción consensuada en el Congreso es "mejor" que el proyecto que remitió el Gobierno inicialmente, que no garantizaba la justicia, pero en su opinión "tampoco llega al aprobado".
ERC: SE CONSAGRA LA IMPUNIDAD Y HABLARÁ LA JUSTICIA
La otra formación disconforme con el conjunto del proyecto, Esquerra Republicana, expresó su solidaridad con las asociaciones de memoria que rechazan la ley por insuficiente y optó hoy por reservar su discurso político para el debate en sesión plenaria y por hacer un repaso de sus enmiendas, que mantendrá 'vivas' para el Pleno.
Su portavoz, Joan Tardà, recalcó eso sí que el debate sobre la memoria histórica no acaba este año, sino que se reeditará después de las generales. Además, aseguró que la ley "consagra el modelo español de la impunidad" por lo que auguró que el Estado "se verá tarde o temprano en los tribunales" europeos, conforme a la doctrina de Nuremberg.
El dictamen de la Comisión Constitucional se eleva ahora al Pleno del Congreso para su aprobación y posterior remisión al Senado, lo que se calcula para la última semana de este mes. Si en la Cámara Alta no hay cambios, cosa que esperan los socialistas, el texto se remitirá al Boletín Oficial del Estado antes de Navidad sin necesidad de volver al Congreso.
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