domingo, 6 de abril de 2014

El Pleno del Parlamento andaluz debate esta semana la proposición de ley sobre derechos de los transexuales









El Pleno del Parlamento andaluz debate esta semana la propuesta de toma en consideración de la proposición de ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, presentada conjuntamente por PSOE-A e IULV-CA y que cuenta con el criterio favorable del Consejo de Gobierno de la Junta.

Dicha proposición de ley fue registrada el pasado 16 de enero en la Cámara andaluza por los portavoces de los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno andaluz, Mario Jiménez (PSOE-A) y José Antonio Castro (IULV-CA), quienes estuvieron acompañados por la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), quien tildaba el día de "histórico".

La presentación de esta normativa, incluida en el acuerdo de Gobierno, se realizó tras numerosos meses de negociación entre PSOE-A, IULV-CA y los colectivos transexuales, quienes amagaron con llevar a cabo una huelga de hambre si los grupos parlamentarios no atendían sus reivindicaciones en el citado texto, mostrándose finalmente satisfechos con el contenido resultante.

Entre las principales cuestiones que recoge la proposición destaca
la creación de una tarjeta identificativa para este colectivo que podrán presentar ante las administraciones andaluzas, incluyendo colegios, universidades y hospitales. Dicha tarjeta "no sustituye" al Documento Nacional de Identidad (DNI), sino que servirá para acreditarse ante las administraciones andaluzas mientras que se tramita el cambio de nombre en el registro, una competencia estatal.

El Consejo de Gobierno, en su sesión del pasado 18 de febrero, manifestó el criterio favorable a la citada proposición de Ley, que da respuesta a las demandas planteadas por este colectivo para ampliar la regulación más allá de la rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio en el Registro Civil, que desde 2007 permite la legislación estatal.

El objetivo fundamental de la propuesta, según apunta el Consejo de Gobierno, se dirige a garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiestan una identidad distinta a la que tienen al nacer y unas condiciones de vida iguales a las del resto de la ciudadanía, en consonancia con los principios de no discriminación y libertad de decisión individual reconocidos en el Estatuto de Autonomía y en la legislación andaluza para la promoción de la igualdad de género.

El futuro texto legal incluirá medidas para asegurar la atención educativa, social, familiar y sanitaria de las personas transexuales. En este último ámbito, se prevé que el Servicio Andaluz de Salud generalice un procedimiento integral de reasignación sexual y una atención sanitaria multidisciplinar segura y de calidad. Su cartera de servicios proporcionará los tratamientos y la cirugía, minimizando desplazamientos innecesarios. Además, el Plan Integral de Formación del sistema sanitario público desarrollará acciones formativas específicas en esta materia.

ATENCIÓN SANITARIA PARA LOS MENORES TRANSEXUALES

De otro lado, los menores tendrán pleno derecho a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención a la etapa de la pubertad. La atención sanitaria que se preste en este ámbito se realizará de acuerdo con lo dispuesto en las leyes autonómicas de menores y de derechos en materia de información y documentación clínica.

En el ámbito educativo, el texto de la proposición prevé programas de coordinación para detectar situaciones de riesgo para el desarrollo integral de los menores que manifiesten una identidad de género distinta de la de su sexo biológico.

Finalmente, la propuesta incluye medidas de tipo laboral como el establecimiento de cláusulas administrativas para garantizar que las empresas concesionarias o entidades adjudicatarias de la Junta no hayan sido condenadas, en ninguna jurisdicción, por discriminación a las personas objeto de la futura normativa.