martes, 29 de abril de 2014

Denuncian por trato vejatorio a un colegio que impidió el acceso al hijo de una pareja gay










El expediente está en curso después de que a comienzos del pasado 6 de marzo, la denuncia en cuestión fuese registrada en la Administración educativa

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, más concretamente el servicio de Inspección Educativa, ha incoado un expediente a cuenta de una denuncia promovida por varias familias de antiguos alumnos, así como exprofesores, del centro privado de educación 'Yago School', ubicado en Castilleja de la Cuesta (Sevilla), por presuntas «agresiones físicas», «insultos» y «castigos excesivos» en el trato dispensado a los alumnos, según ha contado fuentes de la Administración autonómica.
El expediente está en curso después de que a comienzos del pasado 6 de marzo, la denuncia en cuestión fuese registrada en la Administración educativa, toda vez que se trata del centro de educación privada cuyo director y responsable de admisión están encausados por el Juzgado de Instrucción número dos de Sevilla, a cuenta de la no admisión del hijo de una pareja de homosexuales. Para cada uno de ellos, la Fiscalía solicita un año de inhabilitación para el ejercicio de la enseñanza y de la administración o dirección de centros de enseñanza.
Acusación
En su escrito de acusación, el Ministerio Público pide para cada uno de los imputados un año de inhabilitación para el ejercicio de la enseñanza y de la administración o dirección de centros de enseñanza por un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas del Código Penal.
El fiscal relata que, como quiera que el menor comenzaba su escolarización en el curso 2012/2013, los padres del mismo se pusieron en contacto por medio de un correo electrónico en septiembre de 2011 con el colegio, «haciendo constar expresamente su condición de familia homoparental», a fin de «manifestarles su interés de que su hijo estudiara en dicho colegio».
Respondieron que no había plazas, aunque había tres libres, por lo que la negativa se debió, según el fiscal, a la «condición de familia homoparental» de sus padres