El próximo 31 de diciembre finaliza el plazo para que las personas LGTB represaliadas durante la dictadura franquista y la transición puedan solicitar una indemnización por el tiempo pasado en la cárcel por su orientación sexual o identidad de género, según lo establecido por el actual Gobierno en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2013. Antoni Ruiz, presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales, fue el primer homosexual al que se le reconoció el derecho a esta ayuda, que fuedenegada en un tercio de los casos presentados.
Como él, se calcula que otras cinco mil personas LGTB pasaron por prisión en virtud de lo establecido en la Ley de Vagos y Maleantes (1954) y la de Peligrosidad Social (1970). “Negociamos con el Gobierno, pero el PSOE no quería que se les tachase de pro-gays, y no aceptaron las cuantías que pedíamos en base a los datos que manejábamos sobre el número de personas que podían solicitar dicha indemnización”, señala Ruiz. A ello añade que la idea inicial era “crear un fidecomiso” con los cuatro millones aprobados para este fin en los Presupuestos Generales del Estado para 2010. Sin embargo, sostiene que pelearon por lograr que “se entregase una cantidad de 12 mil euros en concepto de indemnización, y una pensión vitalicia de 800 euros mensuales” a los damnificados. Nada de esto llegó a cumplirse, y a día de hoy son solo 111 las personas que han obtenido esta indemnización.
Sobre el apoyo recibido por parte del PP, Ruiz asegura que “Siempre hemos contado con ellos y desde un principio apoyaron las indemnizaciones, aunque otras cosas no las hagan”. La única crítica que hace al Gobierno es que “Se han dado mucha prisa en cerrar el plazo para la presentación de solicitudes, aunque quizás no sea tan exagerado teniendo en cuenta que ya no están apareciendo más personas con intención de pedirlas”. Efectivamente, la demanda ha sido escasa en los últimos años debido a que “la mayoría de los represaliados han fallecido”. Por desgracia, esas víctimas no podrán disfrutar nunca de resarcimiento moral alguno.
Cuatro meses en prisión por homosexual
“Ten cuidado con este, que es maricón”. Esas fueron las palabras con las que un agente de la policía “advertía” a su compañero de que Antoni Ruiz, la persona a la que acababan de solicitar el DNI en un control en 1995, era homosexual. Como es lógico, Ruiz no entendió nada y, asombrado por el comentario, preguntó por qué afirmaban tal cosa. “Si quieres saber más, búscate un abogado”, le respondió el agente. Y eso fue precisamente lo que hizo. A partir de ahí, descubrió con estupefacción que su nombre constaba en una base de datos junto a su orientación sexual, y en el año 2000 consiguió que dicho expediente fuese destruido, no sin antes hacerse con una copia del mismo. Tras esto, “empecé a tomar contacto con otras personas y así nació la Asociación en 2004”. Desde entonces, Ruiz no ha parado de luchar por los derechos legales y sociales de las personas LGTB.
Su historia, como la de otros muchos, es surrealista, cuando menos.Corría el año 1976 y, con tan solo 17 años, Ruiz le acababa de contar a su familia que era homosexual. “Mi madre, a falta de información y con lo que suponía ser gay en el Franquismo, se lo contó a una monja y esta me denunció ante la Brigada Criminal”. Relata que, poco después, “cuatro secretas se presentaron en mi casa y me llevaron detenido a la Comisaría de Valencia, y de ahí al calabozo”. Y allí pasó tres interminables días con sus tres noches, en las que fue sometido a inquisitoriales interrogatorios, con el fin de hacerle delatar a otros homosexuales de la zona, e incluso sufrió una violación “incitada por un gris que le dijo a otro preso que había en el calabozo que hiciese conmigo lo que quisiera porque yo era maricón”. Tras un juicio plagado de irregularidades y carente de toda garantía procesal, fue condenado a varios meses de prisión. Pasó varios días en la cárcel Modelo de Valencia y en la de Carabanchel, antes de ser trasladado a la prisión para homosexuales pasivos de Badajoz, donde estaría noventa días. El mismo día en el que cumplía dieciocho años fue puesto en libertad, después de que un cura avisara a sus padres del “lugar en el que su hijo se encontraba”. A partir de ahí, se vio obligado a cumplir un año de “destierro” a más de 100 kilómetros de su población natal. “Tiene gracia que una monja me metiera en la cárcel y un cura me sacase de ella”, comenta entre risas.





Se acaba el plazo para compensar a las víctimas LGTB del franquismo

Mientras se acaba el plazo para pedir las indemnizaciones para la población LGTB reclusa, muchos de aquellos llamados "presos sociales" siguen presionando para que se reconozca todo lo sucedido durante el régimen de Franco.


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27/12/2013 - Eduardo Nabal | Opinión Aunque como decía el director Javier Larrauri, en cualquier momento podemos ser testigos de otro tiempo maldito marcado por la alianza de la derecha española y los sectores más conservadores de la jerarquía eclesiástica, muchos de los presos que sobrevivieron al franquismo ven por fin, parcialmente, reconocida su historia poco contada. No obstante, no ha habido una renovación suficiente de aquellas estructuras sociopolíticas que condujeron a la población LGTB a la cárcel o al manicomio y no hay una clara legislación ni antidiscriminatoria ni sobre la memoria histórica, esa memoría de la dictadura franquista que hasta Argentina pide que se investigue. Pero a este gobierno no le interesa hacer memoria.
Las lobotomías de López Ibor, las terapias brutales de gente como Vallejo Nájera, la censura, el exilio, los matrimonios forzosos, los abusos en colegios de curas y monjas, los encuentros clandestinos... fueron acabando a finales de los setenta, pero la ideología y los que lo promovieron (o sus dicípulos) siguen ostentando el poder aliados con una iglesia que, a pesar de las bondades dichas por el Papa Francisco, sigue condenado a las personas LGTB y a las mujeres en general a depender de sus leyes no escritas y de sus ideas sectarias.
La reforma de la ley del aborto de Gallardón, las declaraciones del ministro del Interior, el cierre de los programas de prevención y reproducción asistida, la censura sutil pero en aumento y la eliminación de la diversidad sexual en las aulas a través de la extinta educación para la ciudadanía en los programas académicos son preocupantes pasos atrás que hacen necesario que las jóvenes generaciones, sea cual sea su orientación sexual, conozcan lo que la dictadura franquista y la moral dominante hicieron con los disidentes sexuales o de género.