La noche del 16 de octubre, murió Juana María Rosales Salazar, sin poder lograr que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconociera a su hijo Ian Emanuel y a su pareja, Valeria del Carmen Niño Gomez, como sus beneficiarios.
Juana y Valeria, se habrían unido legalmente por medio de la figura jurídica "Pacto Civil de Solidaridad", vigente en el estado de Coahuila desde 2007.
Hace 3 años, "Juani" se jubiló del IMSS y luego de ser diagnosticada con cáncer de mama, decidió firmar el pacto con Valeria con la finalidad de no dejarla desamparada a ella y a su hijo Ian. Sin embargo, el IMSS se negó a reconocer los derechos de la familia de Juani.
El IMSS estaría violando lo dispuesto en el Artículo 385-1 del Código Civil de Coahulia, que establece:
El Pacto Civil de Solidaridad es un contrato celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se consideraran compañeros civiles. Los compañeros civiles, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí.
Juana y Valeria decidieron tener un hijo hace 4 años, pero sólo pudieron registrarlo a nombre de Valeria, quien fue la "mamá gestante".
Lamentablemente, debido a la negativa del IMSS a reconocer los derechos de una familia encabezada por dos mujeres, Valeria no podrá recibir los 2 mil pesos mensuales que le corresponden por pensión de viudez.
Activistas LGBT (Lésbico, Gay, Bisexual, Trans) de Coahulia han buscado desde antes de la muerte de Juani, que el gobierno de ese estado legalice el Matrimonio Igualitario para evitar este tipo de casos.
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