Desde la Asociación Estatal de Familias de Menores Transexuales (Chrysallis) queremos denunciar las situaciones de indefensión a las que se ven expuestos continuamente los menores transexuales en numerosos ámbitos.
En los colegios e institutos, como se ha podido conocer en las últimas semanas, pero también en entornos legales y sanitarios.
La infancia y la adolescencia suponen las etapas más cruciales para la configuración de la personalidad del individuo. La lucha para superar estas dificultades es, por tanto, una contrarreloj para proteger a nuestros niños y niñas de graves daños y trastornos psicológicos y emocionales. Sin embargo, en multitud de ocasiones las familias nos vemos abocadas a callejones sin salida, golpeando muros de prejuicios, desinformación y costumbres reaccionarias que suponen una violación de los derechos fundamentales de nuestros menores.
Todas estas situaciones podrían resolverse con facilidad y rapidez si contásemos con una Ley que garantizara específicamente los derechos de las personas transexuales, que situara a nuestros hijos e hijas en una categoría humana equiparable a la que disfruta los demás niños.
Resulta desalentadora la actitud inmovilista del Gobierno Andaluz en este sentido. Hasta tal punto que para conseguir el legítimo reconocimiento de los derechos humanos de esta minoría, las presidentas de los colectivos de personas transexuales tengan que llegar a extremos tan dramáticos como encadenarse junto al Parlamento Andaluz e iniciar una huelga de hambre indefinida.
Queremos hacer hincapié en que esta ley no pretende otorgar derechos especiales. La Ley de No Discriminación por Razón de Identidad de Género y Transexualidad de Andalucía (Ley Integral de Transexualidad) viene a garantizar los mismos derechos que tiene el resto de la ciudadanía (a ninguna niña se le exige un seguimiento psicológico para permitirle utilizar el aseo de chicas o tener que desplazarse centenares de kilómetros para un simple análisis de sangre). Las familias no estamos dispuestas a permitir que nuestros hijos e hijas sean considerados ciudadanos de segunda clase.
Queremos, pues, manifestar nuestro más absoluto y enérgico apoyo a estas asociaciones, a Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía – Sylvia Rivera, y a Ángela Gutiérrez, copresidenta de la Asociación Conjuntos Difusos – Autonomía Trans. Asimismo, anunciamos que nuestras familias provenientes de todos los puntos de Andalucía acompañarán y respaldarán a estas luchadoras en su valiente esfuerzo reivindicativo, exigiendo junto a ellas al Gobierno Andaluz que se registre la mencionada Ley antes del final del segundo periodo de sesiones de 2013, y que se presente como Proyecto de Ley por el propio Gobierno Andaluz.
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