La futura ley autonómica deja de considerar la transexualidad una enfermedad
Andalucía será la primera comunidad autónoma en reconocer el derecho a la libre autodeterminación del género y la obligación de la Administración autonómica de respetar esa identidad sin necesidad de informes psicológicos o psiquiátricos. Para garantizar este derecho, la Junta creará un documento de identidad para los transexuales que tendrá plena validez administrativa para todos los servicios andaluces, desde los educativos a los sanitarios, pasando por las residencias de ancianos.
La Junta y las asociaciones de transexuales han consensuado el texto de la Ley Integral de Transexualidad, un compromiso recogido en el pacto de Gobierno de PSOE e IU y que los dos partidos prevén registrar en el Parlamento andaluz antes del 15 de diciembre. La principal novedad es el reconocimiento a la identidad sexual “libremente determinada”, una garantía que estableció por primera vez la Ley de Identidad de Género de Argentina, la primera también en no considerar la transexualidad como una patología (la OMS aún la tiene catalogada como una enfermedad mental, aunque se prevé que deje de hacerlo en la próxima clasificación internacional de enfermedades). La ley andaluza fija también que la transexualidad no es “un trastorno de la salud”.
La Ley Estatal de Identidad de Género, de 2007, permite a este colectivo cambiar el nombre y el sexo en el DNI, pero solo si a la persona se le ha diagnosticado un trastorno de género y ha recibido tratamiento hormonal durante al menos dos años. El nuevo documento de identificación andaluz abrirá a este colectivo todas las puertas para garantizar que la Administración respeta su identidad sexual, lo que incluye también el acceso a los tratamientos médicos que precise (como hormonas o intervenciones quirúrgicas) sin necesidad de un informe médico que acredite su condición transexual.
La libre determinación del género se extiende también a los menores. Serán los padres los que tendrán que solicitar que los niños accedan a esta documentación, que da un marco legal a la Junta para evitar casos de discriminación como el ocurrido este curso en un colegio de Málaga.
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