miércoles, 13 de abril de 2011

El colectivo de gais exige a Salud medidas contra el personal que denegó medicación a una lesbiana

Andrea Muñiz, con la medicación que le deniega Salud

Xega afirma que los informes del caso prueban que hubo un trato discriminatorio a la mierense que quiere ser madre

El colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bixesuales de Asturias, Xega, reclamó ayer a la Consejería de Salud que inicie «las medidas disciplinarias oportunas» contra los funcionarios que denegaron a una mierense un tratamiento de fertilidad para ser madre «por ser lesbiana». Los responsables de Xega, que están meditando «la posibilidad de presentar una querella por presunta prevaricación basada en motivos de discriminación por razón de orientación sexual», hicieron públicos ayer documentos internos de la Inspección de Salud que según ellos «prueban» la exclusión.

En septiembre de 2010, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) prescribió a la mierense Andrea Muñiz la medicación necesaria para aumentar las posibilidades de éxito del tratamiento de inseminación artificial al que se está sometiendo para ser madre. Su mujer acudió al Área de Inspección de Mieres y allí le autorizaron las recetas. En noviembre de 2010 volvió a realizar la misma operación y el mismo inspector de Prestaciones le denegó la autorización por dos veces. El colectivo XEGA señaló ayer que los informes que remite el inspector de Prestaciones de Mieres al Servicio de Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud señalan que no autoriza el tratamiento porque «no consta que se hayan realizado estudios de esterilidad a ningún varón» y porque «el presente caso no se encuentra incluido en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud a tenor del Real Decreto 1030/2006».

Desde Xega se apunta que el informe deja entrever «lesbofobia» ya que «parece que, en contra de la Ley de reproducción asistida, en Mieres, el derecho a ser madre de una mujer pasa por tener un varón estéril como pareja» y se apunta que «nunca antes en el Principado se negó un tratamiento a ninguna mujer en base a ese Real Decreto, y no parece lógico que cinco años después se recurra a ese argumento». Además apuntan que «Andrea fue valorada por un médico especialista que convino la necesidad de la medicación para el éxito del tratamiento y esa valoración no se respetó».

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