Kamala Harris, fiscal general de California, ha remitido un escrito a la Corte de Apelaciones de San Francisco en el que pide que se haga efectiva la sentencia del juez federal Vaugh Walker, que hace varios meses declaró contraria a la Constitución de Estados Unidos la Proposición 8 (la enmienda a la Constitución de California que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo) y permita de inmediato la reanudación de las bodas. La aplicación de la sentencia permanece suspendida cautelarmente debido a un embrollo jurídico.
La historia es algo complicada. La demanda inicial está planteada contra el estado de California. Sin embargo, una vez que el juez Walker emitió su fallo contra la Proposición 8, el estado de California (la parte demandada) decidió no apelar. Ni el anterior Gobernador (Arnold Schwarzenegger) ni el entonces fiscal general Jerry Brown, partidarios ambos del matrimonio entre personas del mismo sexo en esa época, quisieron hacerlo.
Una situación que no ha cambiado después de las elecciones de noviembre: Jerry Brown es, de hecho, el nuevo Gobernador, y la que ha sido elegida como su sustituta al frente de la fiscalía general, la también demócrata Kamala Harris, es contraria a la Proposición 8 y desde el principio expresó que no tenía intención alguna de defenderla ante los tribunales. “Es simplemente inconstitucional”, ha llegado a declarar.
Los recurrentes ante la Corte de Apelaciones, por tanto, han sido los grupos defensores de la Proposición 8, que según los abogados que llevan el caso no tienen capacidad legal para hacerlo (abogados que recordemos no son precisamente aficionados: al frente de ellos se encuentra Ted Olson, de gran prestigio en ámbitos conservadores). Finalmente, la Corte de Apelaciones decidió plantear el caso ante la Corte Suprema de California, que tiene que decidir si dichos grupos tienen o no derecho a recurrir ante la Corte de Apelaciones. Una decisión que la propia Corte Suprema ya ha anunciado que no resolverá hasta después del verano, lo que retrasa varios meses la resolución del conflicto.
Ante tal escenario, la fiscal general de California considera que no ha lugar a prolongar la suspensión de la sentencia de Walker, dado que la parte perjudicada por dicha suspensión (las parejas que no se pueden casar, y que por lo tanto tienen restringido un derecho) lo son en una medida mucho mayor que la parte perjudicada por su levantamiento (que en ningún caso vería disminuidos sus propios derechos civiles).
Puedes descargar el texto del escrito de la fiscal Harris (en inglés, formato PDF) pinchando aquí.
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