Esta semana se informó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Distrito Federal decidió crear una agencia especializada en atención a personas lesbianas gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales (LGBTTTI) del Ministerio Público - la primera de este tipo. “La Unidad Especializada para la atención a usuarios de la comunidad LGBTTTI se encontrará adscrita a la Coordinación Territorial CUH-5, dependiente orgánicamente de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en la delegación Cuauhtémoc” (la delegación que reporta más crímenes por homofobia). La Coordinación Territorial CUH-5 se encuentra en la calle Santa María La Ribera 37 de la colonia Santa María La Ribera.
¿Y eso para que servirá? Esta unidad estará capacitada para atender a víctimas de delitos de discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, crímenes por homofobia, et cetera. En pocas palabras, cualquier delito en el que la orientación sexual, identidad de género o manera de expresar la sexualidad del denunciante, ofendido, probable responsable, querellante o víctima, sea relevante.
Como parte de esta nueva instancia, la Dirección General de Política y Estadística Criminal pondrá en marcha “un sistema de registro electrónico que permita identificar y clasificar las averiguaciones previas en trámite y que se inicien, con motivo de los supuestos señalados … con el propósito de establecer lineamientos y criterios de política criminal.”
Para todo lo anterior es necesario contar con personal capacitado para atender y tratar correctamente a personas LGBTTTI cuando ellas acudan a poner una denuncia. Esto incluye conocer sus derechos como ciudadanos, utilizar el lenguaje adecuado, ser sensibles a posibles expresiones discriminatorias y evitarlas. El Instituto de Formación Profesional tendrá a cargo la tarea de preparar al personal sustantivo que labora en toda la institución.
La creación de esta unidad tiene implicaciones prácticas, pero también tiene un significado simbólico: con esta acción, el poder judicial capitalino demuestra que está conciente de que hay ciertos grupos demográficos que son víctimas de delitos en específico, y que para ello se requiere de una estrategia focalizada y de procedimientos legales que reconozcan, en este caso, la diversidad sexual y la vulnerabilidad de las personas LGBTTTI en ciertos contextos. Ojalá que otros estados de la república sigan el ejemplo del Distrito Federal.
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