En mayo de 2008, en la Comisaría Provincial de Alicante, un ciudadano pidió un certificado de sus antecedentes penales y se topó con que el Estado guarda memoria de tres infracciones. Dos de 1975 y una de 1973, por violar la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Se trata de una ley preconstitucional que permitía meter a personas en la cárcel durante la dictadura (por ejemplo, ser homosexual). En teoría, esos antecedentes, aberrantes en democracia, no existen. Con este certificado de penales en la mano, de 2008, la senadora del PP Rosa Vindel le dijo ayer al ministro del Interior que "esto convierte en papel mojado todas las garantías constitucionales".
Alfredo Pérez Rubalcaba, que contestó en un principio que no existen tales antecedentes registrados por leyes como la de peligrosidad social o la "infausta" de vagos y maleantes, achacó después la cuestión a un error administrativo. Cuando se creó la base de datos de antecedentes penales, explicó, se incorporaron todos los expedientes. En 1986 "se empezó a depurar manualmente" todo lo referido a delitos preconstitucionales. Pero 30 años después de la Constitución, aún quedan "errores" en esa base de datos.
"Puede haber algún error administrativo", reconoció Rubalcaba, "pero en la base de datos actual no hay ninguna referencia a esas leyes". El ministro reprochó al PP que sacara conclusiones de un ejemplo aislado.
Pero un solo caso supone una grave violación de la protección constitucional, explicaba después Vindel. "Si esa persona tiene un problema en España y un policía o guardia civil ve esos antecedentes, enseguida sabe que es un error", decía ayer la senadora. "Pero si esa base de datos se consulta desde Alemania, y no tienen ni idea de qué son esos antecedentes, se puede meter en un problema grave".
SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO
SENADO
10 DE FEBRERO DE 2009
PREGUNTA ORAL
De Dª MARÍA ROSA VINDEL LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL MOTIVO POR EL QUE TODAVÍA SE EXPIDEN CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES POLICIALES GENERADOS POR LA APLICACIÓN DE LA LEY 16/1970, DE 4 DE AGOSTO, SOBRE PELIGROSIDAD Y REHABILITACIÓN SOCIAL, QUE SUSTITUYÓ A LA LEY DE VAGOS Y MALEANTES, DE 4 DE AGOSTO DE 1933. (Núm. exp. S. 680/000234).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Vindel. Tiene la palabra.
La señora VINDEL LÓPEZ: Señor Ministro, ¿por qué razón todavía se expiden certificados de antecedentes policiales generados por la aplicación de la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social y, por lo tanto, de la Ley de Vagos y Maleantes?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Tiene la palabra el ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.
Siento ser hoy mister no, pero no, señoría, no se expiden certificados -leo literalmente lo que me escribe la Policía- de antecedentes policiales generados por la aplicación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y de Vagos y Maleantes.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la senadora Vindel.
La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, permítame una recomendación: dígale a la Policía que le cuente la realidad de las cosas porque yo ahora le voy a exhibir un documento que es un certificado como aquel por el que le he preguntado.
Señor presidente, señor ministro, hay un grupo de personas a los que los derechos fundamentales no les alcanzan todavía.
Me estoy refiriendo, señorías, señor presidente, a los que se conocen como ex presos sociales, que son todos aquellos condenados en la época del franquismo por infracción o por aplicación de la infausta Ley de vagos y maleantes y la no menos infausta Ley de peligrosidad y rehabilitación social. Le recuerdo, señor ministro, que estas leyes se aplicaban fundamentalmente a homosexuales por el hecho de serlo.
Las personas que padecieron esta persecución eran detenidos y condenados a encierros de algunos meses. A partir de la condena, lógicamente, tenían antecedentes penales, lo que les impedía continuar con su vida estudiantil, con su vida laboral a la salida de la cárcel, donde llevaban, como se podrán imaginar, una vida de auténtico infierno.
Pero el castigo no acababa ahí. Al salir de la cárcel, era frecuente la obligación de extrañamiento o destierro de la zona de residencia como medida –se decía en aquel entonces- de higiene social. Por tanto, a las dificultades de encontrar trabajo por tener antecedentes se unía la obligación de alejarse de la familia y del entorno habitual.
Este documento, señor ministro, es un certificado de una comisaría provincial española en el que el año pasado se hace constar que el solicitante tiene antecedentes policiales porque infringió –y leo textualmente- hasta en tres ocasiones en los años 1973 y 1975 la Ley de peligrosidad y rehabilitación social. En 2008, señoría.
Que se sigan expidiendo documentos como este significa que tenemos una anomalía democrática y que el sufrimiento padecido por estas personas continúa, a pesar de los 30 años de vida de la Constitución, porque, señor presidente, a estas personas, a los ex presos sociales del franquismo les ampara, en teoría, nada más y nada menos que la Ley de amnistía, la Constitución española, el Código penal vigente en materia de cancelación de antecedentes, la Ley Orgánica de protección civil del honor, la Ley Orgánica de protección de datos, la Ley de protección de régimen jurídico y además el Real Decreto de cancelación de antecedentes policiales. Pero ocurre que este certificado de la Policía del año pasado convierte en papel mojado, señor ministro, todas estas leyes.
Los ex presos sociales, además de tener los derechos fundamentales de que gozamos todos, tienen uno más, que es el derecho al olvido, que es el principio, señor presidente, a tenor del cual determinadas informaciones trascurrido un cierto tiempo deben desaparecer de los archivos para que el individuo no quede preso de su pasado.
Yo le pido solo dos cosas, señor ministro: primero, que no le hagan a usted negar la realidad; segundo, que no haga usted como acostumbra a hacer el Gobierno con los acuerdos aprobados en esta Cámara, que es ignorarlos.
El señor PRESIDENTE: Ruego, señoría, que termine.
La señora VINDEL LÓPEZ: Concluyo, señor presidente.
Señoría, cumpla lo acordado en esta materia a finales del año pasado en el Congreso por unanimidad y conteste al requerimiento que por escrito hace casi dos meses le dirigieron estas personas, porque, sinceramente, creo que todos estamos en deuda con ellos pero usted el primero.
Menos leyes de memoria histórica y más memoria real y cercana.
Gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado .)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias.
Señoría, le agradezco el repaso por la historia; no me la tiene que recordar. Algunos hace mucho, mucho, muchísimo tiempo que salimos a la calle, jugándonos bastantes cosas, para defender lo que usted ha dicho. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Por tanto, señoría, sobre sus lecciones político-morales, no me siento concernido.
Ahora vamos al funcionamiento del Ministerio, que es otra cuestión distinta. Lo digo porque usted…(La señora Vindel López hace gestos negativos.) Sí, sí sé lo que ha hecho usted. Nos ha contado una historia grandilocuente para hablar de un error evidentemente administrativo, porque, señoría, ¿cree usted que la Policía española conserva estos datos? ¿Lo cree de verdad? (La señora Vindel López muestra un documento.) Porque ustedes han gobernado durante ocho años. La pregunta es qué ha hecho el señor Acebes, qué ha hecho el señor Rajoy, por qué no han limpiado la base de datos. Déjeme leerle lo que me dice la Policía. (La señora Vindel López muestra de nuevo el documento.) Sí, sí. Deje de hacer gestos, hombre.
Usted sabe que hay la base de datos Perpol, cuya informatización se inició en 1977. Según me cuenta la Policía, se cargó con los datos que había en aquel momento y eran 350.000 fichas, entre las cuales estaban, lógicamente, las correspondientes a las leyes a las que usted se refiere. Posteriormente, en 1986, una vez que la base funcionaba, se empezó a depurar manualmente, de manera que se sacaron todas las fichas y los señalamientos correspondientes a leyes que, efectivamente, ya no se aplicaban porque nuestra democracia y nuestra Constitución las habían derogado.
Es cierto que se hizo manualmente y que había que examinar muchos datos por lo que la policía me dice que, dado que además el código informático que se aplicaba era un código indeterminado que se aplicaba a más de 20 delitos distintos, puede haber, y de hecho usted lo acaba de demostrar, algún error.
En todo caso, me insisten que en la base actual no hay ninguna referencia a la Ley de Vagos y Maleantes ni a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
Ciertamente -como usted dice- en aplicación de una proposición no de ley la comisaría está en este momento revisando todos los ficheros por si hubiera quedado alguno. Alguno es evidente que ha quedado, pero señoría de un ejemplo no puede usted pretender hacer una categoría como la que ha hecho ni dar lecciones a nadie porque creo que en esta Cámara -fíjese- ninguno de los que estamos aquí las necesitamos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
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