Tienda con libros de texto- PÉREZ CABOEl inicio del curso
Sólo 252 alumnos han objetado Ciudadanía
No es que no concuerden los números, es que la diferencia es abismal. A día de ayer, según los datos de la Consejería de Educación, en las distintas delegaciones provinciales de este departamento tan sólo se habían registrado 252 recursos de objeción de conciencia contra la asignatura Educación para la Ciudadanía, frente a los 7.000 que aseguran haber presentado asociaciones como la Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos).
No es que no concuerden los números, es que la diferencia es abismal. A día de ayer, según los datos de la Consejería de Educación, en las distintas delegaciones provinciales de este departamento tan sólo se habían registrado 252 recursos de objeción de conciencia contra la asignatura Educación para la Ciudadanía, frente a los 7.000 que aseguran haber presentado asociaciones como la Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos). La desproporcionada disparidad de las cifras da una idea de la ferocidad de la campaña desatada por algunos sectores muy conservadores, con el PP y la Conferencia Episcopal a la cabeza, hacia esta materia, que ha sido llevada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y podría ser recurrida ante el Constitucional.
Pese a que hace escasos días el presidente de la Concapa en Málaga, Eduardo Caro, contaba las solicitudes de objeción por miles, la relación oficial que ofrece la Consejería de Educación es irrelevante. En puridad, no llegan ni a la centena, ya que si bien el número global de escritos es de 252, únicamente 68 se refieren a alumnos que este año van a estudiar 3º de ESO, el nivel en el que se comenzará a impartir la asignatura en Andalucía, y el resto a alumnos de otros cursos que no la tienen.
Además, según la consejera de Educación, Cándida Martínez, muchos de los escritos están duplicados (el padre y la madre del alumno presentan cada uno un recurso) o no aportan la documentación que demuestre que hablan de sus hijos. Por provincias, Córdoba saca varios cuerpos a las otras con 188 solicitudes, y en la cola figura Jaén, donde se ha registrado tan sólo una. La consejería ha retirado a las delegaciones provinciales de su departamento las competencias para la resolución de las solicitudes de objeción con el fin de uniformar las respuestas, que asume en exclusiva el viceconsejero de este departamento, Sebastián Cano. Según Martínez, la mayoría de los escritos siguen un mismo patrón y son prácticamente idénticos.
La Fiscalía ya ha rechazado en sus alegaciones los recursos interpuestos por cinco padres -en realidad, tres núcleos familiares (dos matrimonios) y otro progenitor- que piden la suspensión cautelar de la asignatura. El ministerio público califica los recursos de "infundados" y resalta que no afecta a los derechos fundamentales de los niños que recibirán la materia, tal y como sostienen sus padres. La Junta ha presentado también sus alegaciones: dos escritos a cada recurso. El primero pide la inadmisión por inadecuación de procedimiento, puesto que los decretos de la Consejería de Educación contra los que van dirigidos las demandas lo único que hacen es fijar el curso en el que se va a impartir este año la asignatura, como obliga la Ley Orgánica de Educación (LOE), sin entrar en los contenidos. Y un segundo, de oposición a la suspensión cautelar, con el argumento de que no se acreditan los perjuicios que se producirían ni la prueba del supuesto daño. Los servicios jurídicos de la Junta señalan, por el contrario, las lesiones al interés público y a terceros de la suspensión, pues afectaría a los miles de padres que no han manifestado su contrariedad a los decretos. Lo mismo ocurriría con los centros docentes que ya han iniciado el curso conforme a esta planificación, los profesores contratados, o las editoriales que han elaborado los manuales.
En consecuencia, la Junta ha emplazado a los sectores afectados e implicados (Ministerio de Educación, asociaciones de padres, sindicatos, editoriales) a que presente sus respectivas alegaciones en el procedimiento.
El portavoz de los padres que han presentado los recursos, Carlos Seco Gordillo, dijo ayer que los decretos de la Junta sí entran en los contenidos de la asignatura porque reproducen el real decreto del Ministerio de Educación, y sostiene que es la Consejería de Educación la que establece la implantación de la asignatura. Seco no quiso pronunciarse sobre las alegaciones de la fiscalía hasta tener en su mano el texto legal (adelantado ayer por éste periódico), lo mismo que respecto al segundo escrito de los servicios jurídicos de la Junta contrario a la suspensión cautelar.
La patronal de los colegios concertados católicos FERE ha rechazado la objeción de conciencia en sus centros al entender que la materia se puede adaptar al ideario católico. La Consejería de Educación asegura que los contenidos que establece el decreto del ministerio sobre las enseñanzas mínimas de la asignatura son asumibles por cualquier ciudadano, así como que los materiales y libros de texto ofrecen tal diversidad ideológica que es perfectamente compatible con la doctrina de todo tipo de centros.
Frente a la crítica de que Andalucía especialmente inculca a los jóvenes "conceptos ideológicos", Cándida Martínez recuerda que la Consejería no intervine en nada respecto a la elaboración de los currículos o la elección de los libros de textos. Son los consejos escolares los que determinan qué manual se va a utilizar en cada centro, y estos libros abarcan un amplio abanico de postulados morales. Hay una única indicación que la Junta de Andalucía incorpora a la orden de desarrollo del currículo: la formación del alumnado andaluz en el funcionamiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma y el conocimiento del Estatuto de Autonomía
La consejera -quien comparecerá hoy en el Parlamento autonómico para hablar de la materia- precisa también que Educación para la Ciudadanía, por ejemplo, ocupará tan sólo 35 horas lectivas en todo el ciclo de Secundaria, "una parte mínima si se compara con las casi 4.000 horas del resto de las materias".
Pese a que hace escasos días el presidente de la Concapa en Málaga, Eduardo Caro, contaba las solicitudes de objeción por miles, la relación oficial que ofrece la Consejería de Educación es irrelevante. En puridad, no llegan ni a la centena, ya que si bien el número global de escritos es de 252, únicamente 68 se refieren a alumnos que este año van a estudiar 3º de ESO, el nivel en el que se comenzará a impartir la asignatura en Andalucía, y el resto a alumnos de otros cursos que no la tienen.
Además, según la consejera de Educación, Cándida Martínez, muchos de los escritos están duplicados (el padre y la madre del alumno presentan cada uno un recurso) o no aportan la documentación que demuestre que hablan de sus hijos. Por provincias, Córdoba saca varios cuerpos a las otras con 188 solicitudes, y en la cola figura Jaén, donde se ha registrado tan sólo una. La consejería ha retirado a las delegaciones provinciales de su departamento las competencias para la resolución de las solicitudes de objeción con el fin de uniformar las respuestas, que asume en exclusiva el viceconsejero de este departamento, Sebastián Cano. Según Martínez, la mayoría de los escritos siguen un mismo patrón y son prácticamente idénticos.
La Fiscalía ya ha rechazado en sus alegaciones los recursos interpuestos por cinco padres -en realidad, tres núcleos familiares (dos matrimonios) y otro progenitor- que piden la suspensión cautelar de la asignatura. El ministerio público califica los recursos de "infundados" y resalta que no afecta a los derechos fundamentales de los niños que recibirán la materia, tal y como sostienen sus padres. La Junta ha presentado también sus alegaciones: dos escritos a cada recurso. El primero pide la inadmisión por inadecuación de procedimiento, puesto que los decretos de la Consejería de Educación contra los que van dirigidos las demandas lo único que hacen es fijar el curso en el que se va a impartir este año la asignatura, como obliga la Ley Orgánica de Educación (LOE), sin entrar en los contenidos. Y un segundo, de oposición a la suspensión cautelar, con el argumento de que no se acreditan los perjuicios que se producirían ni la prueba del supuesto daño. Los servicios jurídicos de la Junta señalan, por el contrario, las lesiones al interés público y a terceros de la suspensión, pues afectaría a los miles de padres que no han manifestado su contrariedad a los decretos. Lo mismo ocurriría con los centros docentes que ya han iniciado el curso conforme a esta planificación, los profesores contratados, o las editoriales que han elaborado los manuales.
En consecuencia, la Junta ha emplazado a los sectores afectados e implicados (Ministerio de Educación, asociaciones de padres, sindicatos, editoriales) a que presente sus respectivas alegaciones en el procedimiento.
El portavoz de los padres que han presentado los recursos, Carlos Seco Gordillo, dijo ayer que los decretos de la Junta sí entran en los contenidos de la asignatura porque reproducen el real decreto del Ministerio de Educación, y sostiene que es la Consejería de Educación la que establece la implantación de la asignatura. Seco no quiso pronunciarse sobre las alegaciones de la fiscalía hasta tener en su mano el texto legal (adelantado ayer por éste periódico), lo mismo que respecto al segundo escrito de los servicios jurídicos de la Junta contrario a la suspensión cautelar.
La patronal de los colegios concertados católicos FERE ha rechazado la objeción de conciencia en sus centros al entender que la materia se puede adaptar al ideario católico. La Consejería de Educación asegura que los contenidos que establece el decreto del ministerio sobre las enseñanzas mínimas de la asignatura son asumibles por cualquier ciudadano, así como que los materiales y libros de texto ofrecen tal diversidad ideológica que es perfectamente compatible con la doctrina de todo tipo de centros.
Frente a la crítica de que Andalucía especialmente inculca a los jóvenes "conceptos ideológicos", Cándida Martínez recuerda que la Consejería no intervine en nada respecto a la elaboración de los currículos o la elección de los libros de textos. Son los consejos escolares los que determinan qué manual se va a utilizar en cada centro, y estos libros abarcan un amplio abanico de postulados morales. Hay una única indicación que la Junta de Andalucía incorpora a la orden de desarrollo del currículo: la formación del alumnado andaluz en el funcionamiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma y el conocimiento del Estatuto de Autonomía
La consejera -quien comparecerá hoy en el Parlamento autonómico para hablar de la materia- precisa también que Educación para la Ciudadanía, por ejemplo, ocupará tan sólo 35 horas lectivas en todo el ciclo de Secundaria, "una parte mínima si se compara con las casi 4.000 horas del resto de las materias".
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