Las fichas carcelarias de los ‘maricones’ de Franco
• Fueron miles. Los llamaban pervertidos, violetas, desviados y, sobre todo, maricones. Sufrieron persecución, detención, cárcel, trabajos forzados y hasta experimentos médicos. Y sin embargo, para la dictadura casi no existían los homosexuales. interviú desvela ahora los expedientes de ‘los gais de Franco’
05/02/07“Leemos memorias de prisioneros políticos en las cárceles franquistas, honramos a quienes sufrieron por enfrentarse al fascismo; pero ¿quién recuerda o quién honra a los homosexuales que padecieron tanta injuria en la negra España que existió hasta ayer mismo?”. La pregunta que se hacía el escritor Antonio Muñoz Molina en su libro La vida por delante (Alfaguara, 2002, una recopilación de artículos de prensa) puede ahora, después de tres décadas de democracia, tener respuesta: el Gobierno estudia indemnizar a los gais represaliados por la dictadura, internados en cárceles y hasta en campos de trabajo al amparo de las leyes de Vagos y Maleantes (1954) y de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970), sólo completamente derogadas en 1995, con la aprobación del Código Penal del ministro Belloch. Pero la rehabilitación, sin duda, llega tarde para muchos de ellos: la Asociación de Ex Presos Sociales (AEPS), que preside Antonio Ruiz, calcula que el franquismo expedientó a más de 4.000 homosexuales, pero la AEPS sólo tiene, de momento, localizados a 75 de ellos en condiciones de acogerse al inminente Real Decreto que prepara el Ministerio de Justicia para intentar recompensarlos. Antonio Ruiz –también víctima, una más, de la represión– lo explica así: “Muchos de los que pasaron por las cárceles han muerto o viven otras vidas y no quieren recordar su pasado. En muchos casos, los vivos sólo se mantienen con una pensión no contributiva. El Gobierno quiere llegar a los 800 euros mensuales más una compensación simbólica de 12.000 a cada uno. Pero faltan muchos expedientes por tramitar”. Esos expedientes son la memoria histórica deshonrosa de una época de España. La Constitución de 1978 prohíbe catalogar y preguntar a los ciudadanos por su sexualidad; pero hasta un año antes la propia UCD, entonces en el Gobierno, pretendía crear 10.000 nuevas plazas reeducadoras para homosexuales, según la terminología de la Ley de Peligrosidad. Se conoce que se quedaban cortos, primero, el campo de trabajo de Tefía, en Fuerteventura, y, luego, las prisiones de Badajoz (donde solían ingresar gais pasivos y lesbianas) y, sobre todo, Huelva, destinada a los activos. Precisamente, hace sólo siete años que en esta última prisión (una vez cerrada y sustituida por una nueva) aparecieron miles de esos expedientes, abandonados en una sala. Izquierda Unida, por medio de su diputado y portavoz provincial, Francisco José Camacho, promovió una moción para que fueran archivados como documentos históricos. “Tuvimos el apoyo de todo el mundo, pero nunca los entregaron a la Diputación, que es la que dispone del Archivo Histórico Provincial”, dice. La jefa de este organismo, Remedios Rey, lo confirma: “Instituciones Penitenciarias los conserva en la nueva cárcel y sólo se los da a los interesados o a quienes éstos autoricen; pero nosotros creemos que son una documentación esencial del franquismo y que, con las lógicas reservas que marca la ley, tendrían que estar a disposición pública”. El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha unas comisiones de expurgo (así se denominan) para localizar, sistematizar y, en su caso, destruir los expedientes si así se solicita. En Cataluña –con las competencias penitenciarias transferidas– calculan que tendrán todo terminado en seis meses. interviú, no obstante, ha logrado localizar algunos de estos expedientes y hablar con los interesados.
05/02/07“Leemos memorias de prisioneros políticos en las cárceles franquistas, honramos a quienes sufrieron por enfrentarse al fascismo; pero ¿quién recuerda o quién honra a los homosexuales que padecieron tanta injuria en la negra España que existió hasta ayer mismo?”. La pregunta que se hacía el escritor Antonio Muñoz Molina en su libro La vida por delante (Alfaguara, 2002, una recopilación de artículos de prensa) puede ahora, después de tres décadas de democracia, tener respuesta: el Gobierno estudia indemnizar a los gais represaliados por la dictadura, internados en cárceles y hasta en campos de trabajo al amparo de las leyes de Vagos y Maleantes (1954) y de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970), sólo completamente derogadas en 1995, con la aprobación del Código Penal del ministro Belloch. Pero la rehabilitación, sin duda, llega tarde para muchos de ellos: la Asociación de Ex Presos Sociales (AEPS), que preside Antonio Ruiz, calcula que el franquismo expedientó a más de 4.000 homosexuales, pero la AEPS sólo tiene, de momento, localizados a 75 de ellos en condiciones de acogerse al inminente Real Decreto que prepara el Ministerio de Justicia para intentar recompensarlos. Antonio Ruiz –también víctima, una más, de la represión– lo explica así: “Muchos de los que pasaron por las cárceles han muerto o viven otras vidas y no quieren recordar su pasado. En muchos casos, los vivos sólo se mantienen con una pensión no contributiva. El Gobierno quiere llegar a los 800 euros mensuales más una compensación simbólica de 12.000 a cada uno. Pero faltan muchos expedientes por tramitar”. Esos expedientes son la memoria histórica deshonrosa de una época de España. La Constitución de 1978 prohíbe catalogar y preguntar a los ciudadanos por su sexualidad; pero hasta un año antes la propia UCD, entonces en el Gobierno, pretendía crear 10.000 nuevas plazas reeducadoras para homosexuales, según la terminología de la Ley de Peligrosidad. Se conoce que se quedaban cortos, primero, el campo de trabajo de Tefía, en Fuerteventura, y, luego, las prisiones de Badajoz (donde solían ingresar gais pasivos y lesbianas) y, sobre todo, Huelva, destinada a los activos. Precisamente, hace sólo siete años que en esta última prisión (una vez cerrada y sustituida por una nueva) aparecieron miles de esos expedientes, abandonados en una sala. Izquierda Unida, por medio de su diputado y portavoz provincial, Francisco José Camacho, promovió una moción para que fueran archivados como documentos históricos. “Tuvimos el apoyo de todo el mundo, pero nunca los entregaron a la Diputación, que es la que dispone del Archivo Histórico Provincial”, dice. La jefa de este organismo, Remedios Rey, lo confirma: “Instituciones Penitenciarias los conserva en la nueva cárcel y sólo se los da a los interesados o a quienes éstos autoricen; pero nosotros creemos que son una documentación esencial del franquismo y que, con las lógicas reservas que marca la ley, tendrían que estar a disposición pública”. El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha unas comisiones de expurgo (así se denominan) para localizar, sistematizar y, en su caso, destruir los expedientes si así se solicita. En Cataluña –con las competencias penitenciarias transferidas– calculan que tendrán todo terminado en seis meses. interviú, no obstante, ha logrado localizar algunos de estos expedientes y hablar con los interesados.
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