jueves, 20 de marzo de 2014

Ofensiva jurídica contra la ley antihomosexuales de Uganda


El parlamentario del partido en el gobierno, Fox Odoi, el día en que presentaron la demanda ante el Tribunal Constitucional







Louis Michel, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Paritaria entre la UE y los países ACP (África, Caribe y Pacífico), ha rechazado la ley contra los homosexuales que se aprobó en Uganda el pasado febrero. En la apertura de la 27 sesión conjunta ha señalado que la criminalización de ese colectivo contraviene los acuerdos internacionales y añadió que «debe ser revocada», algo que están intentando en Uganda.


Kampala, (IPS) - Los activistas y juristas que solicitan la inconstitucionalidad de la draconiana ley de Uganda contra los homosexuales creen que lograrán tumbarla.

«Los jueces son humanos. Pero estamos muy seguros de que hemos hecho una argumentación convincente y de que los magistrados aplicarán su capacidad jurídica a la ley tal como fue presentada, en lugar de prestar atención al clima de la opinión pública», nos dice el secretario de la Sociedad Legal de Uganda, Nicholas Opiyo.

El martes 11, una coalición de organizaciones de juristas y defensores legales presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de Uganda, en Kampala, contra la Ley Anti-Homosexualidad que el presidente Yoweri Museveni promulgó el 24 de febrero.


El objetivo del recurso es que el máximo tribunal emita una orden que frene su aplicación.

La ley endurece las penas por actos homosexuales, establece la cadena perpetua por «homosexualidad agravada» y penaliza la «promoción» de la homosexualidad.

Opiyo, que ha participado en la redacción del recurso, cree que este «plantea importantes cuestiones constitucionales y legales que el tribunal debe resolver satisfactoriamente».

El recurso cuenta con el respaldo de la Coalición de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Derecho Constitucional (CSCHRCL), integrada por 50 entidades no gubernamentales locales que promueven la no discriminación.

La ley antigay «viola los derechos garantizados por la Constitución a la privacidad, a la no discriminación, a la dignidad, a no recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes…», arguye el recurso.

Los demandantes también solicitan que se expida una orden judicial permanente que impida a los medios de comunicación difundir imágenes, nombres, direcciones u otros detalles de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) o de quienes se supone que lo sean.

El 25 de febrero, apenas un día después de que Museveni promulgara la ley, el tabloide ugandés Red Pepper publicó una lista de «los 200 principales homosexuales de Uganda». Le siguieron una serie de títulos sensacionalistas en varias ediciones del mismo medio y de Hello.

Geoffrey Ogwaro, de la CSCHRCL, fue mencionado por Red Pepper el 1 de este mes con un título de portada que rezaba «Homosexuales ugandeses forman gabinete». Su fotografía apareció en la página dos.

Aunque la familia del activista sabe que es gay, su madre está «con el corazón roto» desde que lo vio en el periódico, nos dice Ogwaro. «Ella nunca aceptó realmente (mi homosexualidad), y cuando se hizo pública se sintió muy avergonzada», explica Ogwaro. Ya se ha calmado un poco, pero para ella fue una conmoción», añade.

Según la «estimación conservadora» de Opiyo, el tratamiento del recurso podría llevar «alrededor de seis meses». Pero incluso para entonces, el debate público sobre la ley, que se aprobó por la mayoría de los ugandeses, puede «pesar en la decisión de los jueces».

«No tenemos ninguna espernza en que este recurso sea popular. Sabemos demasiado bien que el público puede estar en contra y vilipendiar a quienes lo han presentado y a sus abogados», explica.

Entre los litigantes está Fox Odoi, parlamentario del partido gobernante, exasesor legal de Museveni y único legislador que se ha manifestado públicamente contra la ley.

La norma «es irracional, no tiene fundamentos, viola cada derecho humano en el que uno pueda pensar, viola nuestra Constitución. Infringe nuestras obligaciones (contraídas en) tratados internacionales», dice Odoi.

«Como ciudadano, como legislador, como abogado de derechos humanos le debo al pueblo de Uganda plantarme y desafiarla. Por supuesto que corro un gran riesgo político, esta sociedad es muy homofóba y tienes que soportar todo tipo de insultos porque te plantaste para defender a la minoría. Pero en la vida uno asume un riesgo incluso cuando se despierta en su cama cada día», declara.

«No creo que vayamos a perder en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Apelaciones… Tenemos un buen caso», dice Odoi.

Otros firmantes del recurso son Joe Oloka-Onyango, profesor de derecho, Andrew Mwenda, figura de los medios, y Morris Ogenga-Latigo, exlíder de la oposición.

Varios prestigiosos activistas por los derechos homosexuales y el Foro Ugandés para la Concienciación y la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF, por sus siglas en inglés) y el Centro para la Salud, los Derechos Humanos y el Desarrollo (CEHURD) también se han sumado a la petición.

Adrian Jjuuko, director ejecutivo de HRAPF, dice que, desde que el parlamento aprobó la ley en diciembre, han arrestado a 10 personas presuntas o declaradas LGBTI. También ha habido al menos tres desalojos de arrendatarios llevados a cabo de forma ilegal por los propietarios.

Los activistas ugandeses llevan años apelando contra normas injustas en los tribunales. Ya se han anotado dos victorias legales. En 2011, el defensor David Kato y otras dos personas ganaron una demanda contra el ahora extinto tabloide Rolling Stone, que había reclamado ahorcar a los homosexuales. Semanas después, Kato fue asesinado.

En 2008, dos lesbianas, Yvonne Oyoo y Victor Juliet Mukasa, recibieron una indemnización de 7.800 dólares pues un juez dictaminó que sus derechos habían sido violados cuando la policía las arrestó y desnudó a una de ellas.


Algunos tienen esperanzas de obtener un nuevo triunfo.

«El tribunal puede dar resultado; suele ser muy objetivo. Lo ha sido en los otros dos casos que ganamos», dijo Ogwaro, de la CSCHRCL. «Sin embargo, habrá las demoras habituales, porque los jueces tendrán miedo de emitir su fallo y de cómo se reciba», añadió.

Y aunque el Tribunal Constitucional no falle a su favor, no es el fin de la batalla legal.

«Apelaremos a la Corte Suprema. Uganda es signataria de la ley que estableció la Comunidad de África Oriental, que también tiene un tribunal», promete Odoi. «Exploraremos esa opción y seguiremos luchando».