jueves, 27 de febrero de 2014

Represaliados quieren que la cárcel de Huelva se convierta en símbolo de la represión franquista contra la sexualidad





La Antigua Prisión de Huelva transformada en nuevo Centro Social Okupado y Autogestionado. Después de años de abandono, dejadez e inoperancia de las










La Asociación de Expresos Sociales de España, formada por represaliados durante la dictadura franquista por ser gays, lesbianas y transexuales, o por parecerlo, pedirán a la Junta de Andalucía que se haga con la titularidad de la antigua cárcel de Huelva que, junto con la de Badajoz, eran los centros penitenciarios dedicados al encarcelamiento de presos homosexuales y transexuales. 

El anuncio fue hecho ayer por el Vicepresidente de esta asociación, el malagueño Antonio Gutiérrez, que participó en la presentación del grupo de trabajo de la Universidad Pablo de Olavide sobre la represión de la disidencia sexual en Andalucía durante el Franquismo y la Transición.

Con esta petición Gutiérrez pretende que la designación del antiguo penal como lugar de la Memoria, por parte de la Junta, vaya más allá “de poner un cártel”. La asociación pretende que “se conserve el núcleo central, para que sea un lugar de la memoria, que debe ser algo físico” para que de esta forma pueda acoger “una exposición permanente y pueda albergar un centro de documentación de la represión de la peligrosidad social” durante el franquismo y la Transición, detalló Gutiérrez..

Con esta última medida la asociación pretende que toda la documentación sobre este tipo de represión (fichas policiales, expedientes…) quede catalogada y digitalizada de manera centralizada en un mismo archivo, como ocurre por ejemplo en Barcelona. Gutiérrez denunció que este tipo de archivos se encuentran “guardados en cajas” en la nueva cárcel de Huelva.

El Vicepresidente de este colectivo recordó también que todavía hay represaliados por su orientación sexual que no han podido recibir la indemnización del Estado al no poder localizarse su expediente.También explicó que de los 116 expedientes de reparación aprobados, 45 corresponden a personas represaliadas de Andalucía.