Pese a observaciones de organismos internacionales, Congresistas de la Comisión de Justicia seden a presiones de lobby católico y evangélico
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República de Perú, bajo la presidencia de la Congresista Marisol Pérez Tello, ha emitido un dictamen en mayoría sobre el Proyecto de Ley 495, el cual planteaba agravar los delitos basados en discriminación, de tal manera que la orientación sexual y la identidad de género ingresen como categorías de discriminación para cometer cualquier acto contra a vida y la salud de las personas lesbianas, gais, trans y bisexuales.
Esta iniciativa, presentada por el Congresista Carlos Bruce, tomaba en cuenta el llamado de las familias cuyos hijos e hijas habían sido víctimas de cruel violencia y que a muchos de ellos les había costado la vida, por el simple hecho de ser homosexual, lesbiana o una persona trans.
Maria Cristina Carnero, de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual, mostró su preocupación por esta decisión de la Comisión: “Esperamos que el Pleno del Congreso pueda debatir coherentemente este dictamen, y considere incluir a nuestros hijos en esta ley, no es justo que queden desamparados y se les asesine de la forma como sucede en el Perú. No comprendemos la homofobia de los y las Congresistas”, recalcó.
Por su parte, Liurka Otsuka, de la ONG Promsex, quienes han seguido de cerca el proceso de discusión del proyecto de ley, lamentó que se haya retirado la orientación sexual y la identidad de género del documento final, por obedecer a presiones de lobby evangélico y católico; ya que las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos les han recomendado que sancionen este tipo de crímenes en especial; y que además se tenía la opinión favorable de la Defensoría del Pueblo; del Ministerio de Justicia y de muchas organizaciones de derechos humanos. Pese a esto; es ilógico que se concluya de esta forma; desamparando a un sector vulnerable a la violencia extrema.
El dictamen en mayoría del proyecto de ley será sometido al pleno del Congreso de la República, donde se espera que se rectifique esta decisión de la Comisión, ya que no solo afectaría a muchas familias peruanas en su acceso a la justicia; si no que haría caso omiso al pedido explícito del sistema internacional de derechos humanos.
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