miércoles, 8 de mayo de 2013

Los homosexuales podrán casarse en Uruguay desde agosto









El presidente uruguayo, Jose Mujica, promulgó la ley del Matrimonio Igualitario, aprobada en abril por el Parlamento, con lo que a partir del 3 de agosto los homosexuales podrán casarse en Uruguay, informaron hoy fuentes parlamentarias.

Mujica y el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, firmaron la nueva norma el pasado viernes, que entrará en vigor 90 días después, tiempo durante el cual el Poder Ejecutivo dictará la reglamentación respectiva, explicaron a Efe las fuentes.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 10 de abril la ley con 71 votos a favor y 21 en contra. El texto había sido aprobado anteriormente por los senadores.

La ley fue impulsada por la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio pero obtuvo el respaldo de legisladores de la oposición.

La nueva norma señala que la institución del matrimonio "implicará la unión de dos contrayentes, cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de estos, en los mismos términos, con iguales efectos y formas de disolución que establece hasta el presente el Código Civil".

Uno de sus aspectos más llamativos es la reglamentación sobre el orden de los apellidos que deberán llevar los hijos de las parejas homosexuales, que será acordado por los cónyuges o mediante sorteo en caso de desacuerdo y que obligará a todos los matrimonios, como los heterosexuales.

También ha suscitado controversia el derecho de los hijos a reconocer a su padre biológico en el caso de que la madre estuviera casada con otra mujer pero lo hubiera concebido en la relación con un hombre.

No es ese el caso cuando se use el método de la fecundación "in vitro", por la reserva de la identidad de los donantes de esperma.

En medio del proceso legislativo, la Iglesia católica pidió a los legisladores que profesan esa religión no votar una iniciativa, que a su juicio, va "en contra del proyecto de Dios".

La Conferencia Episcopal Uruguaya recordó, además, las críticas que efectuó a una ley similar aprobada en 2010 en Argentina el papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires.

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