En la decisión la Corte Constitucional se insta al Gobierno para que vigile la convivencia pacífica y la socialización.
En una trascendental decisión, la Corte Constitucional exhortó al Ministerio del Interior para que junto a la Defensoria del Pueblo y la Procuraduría General para que creen una política pública “integral” nacional, constante y unificada con el fin de lograr la total convivencia de los miembros del llamado sector LGBT, (lesbianas, gay, bisexuales y transexuales).
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Según la decisión del alto tribunal, existe una falencia en las principales instituciones y entidades estatales en las que se deberían adelantar políticas públicas para incentivar la visibilidad, el respeto y la protección de la comunidad LGBT, pese a que la mayoría de estos “son conscientes del reconocimiento jurídico del grupo y de la necesidad de adelantar políticas y acciones afirmativas en la materia”.
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Ante esta posición se precisa que existe un desconocimiento completo de la población homosexual, “lo que impide dimensionar la necesidad de actuar y obstaculiza el reconocimiento social de una minoría merecedora de protección y respeto”.
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Esta decisión hace parte de los conceptos emitidos en una resolución de una tutela interpuesta por una transexual, quien señaló que sus derechos fueron vulnerados en una discoteca del centro de Bogotá quien le prohibió el acceso por su condición sexual.
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Pese a que la tutela fue negada, la Corte Constitucional instó a la Policía y otros organismos para que vigilen el cumplimiento y respeto de las normas en los bares abiertos al público, principalmente para la población vulnerable, en este caso la LGBT.
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