A pesar del reciente derogamiento de la venia matrimonial
Las organizaciones recibieron unas 60 consultas desde organismos de seguridad, relacionadas con el prejuicio y el hostigamiento dentro de las instituciones. En Corrientes la separación de dos policías llegó a la Legislatura local.
A pesar de que hace poco más de un año se sancionó la ley de matrimonio igualitario, miembros de distintas fuerzas de seguridad como policías o gendarmes denuncian persecución por parte de sus jefes cuando visibilizan su orientación sexual. Tanto desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) como desde la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) alertan sobre la recepción de consultas de oficiales de policía de distintas provincias donde todavía hay miedo de visibilizar la condición sexual ante la fuerza.
El caso de dos policías de Corrientes llegó hasta la Legislatura provincial y se aprobó allí de forma unánime un pedido de informe por parte del jefe de la comisaría para obtener una explicación de –entre otras cosas– la separación a distintas localidades (Virasoro y Goya) de los miembros de la pareja. Esto puso en debate nuevamente la necesidad de derogar las disposiciones legales que todavía siguen vigentes en algunas provincias y obligan a policías a informar su decisión de contraer matrimonio adjuntando la identidad del contrayente y sus antecedentes penales.
Hace 15 días la ministra de seguridad de la Nación, Nilda Garré derogó la venia matrimonial que regía desde hace décadas para las fuerzas nacionales como la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Policía Aeroportuaria. Esta disposición fue posterior a la muerte de Octavio Romero, el primer prefecto que salió oficialmente del closet (ver aparte). Pero hay provincias donde están vigentes.
“La resolución que elimina la venia matrimonial tiene efectos, tanto para los matrimonios igualitarios como para las uniones heterosexuales. Implica privilegiar la vida personal y el proyecto de vida personal por sobre las necesidades de regulación de la institución. Preserva los derechos civiles y políticos y la vida familiar”, dijo a Tiempo Argentino la directora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, Natalia Federman.
En la resolución ministerial se indica la adecuación de “todo acto administrativo, reglamento y práctica en el ámbito interno de modo tal que se elimine la solicitud y la autorización para contraer matrimonio como requisito previo para su realización”. Las fuerzas armadas las derogaron en 2005. Pero más allá de las normas, las consultas y denuncias demuestran la pervivencia de prejuicios y hostigamiento en estos ambientes de trabajo.
“Hemos tenido unas sesenta consultas, de todo el país. Generalmente son para averiguar por los derechos que los oficiales tienen dentro de las fuerzas, o para denunciar algún tipo de homo-lesbo-transfobia, que son la mayoría de los casos. Además, hemos tenido varias consultas por la pensión por fallecimiento dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En este caso, y gracias a la política del gobierno nacional, hemos logrado revertir las resoluciones contrarias de los servicios jurídicos de las fuerzas, y otorgar las mismas a sus parejas. En este sentido, hay que remarcar el apoyo y compromiso del jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, quien ha tomado intervención en estos pedidos, para que tengan una resolución favorable, y que además se coincide con las políticas públicas que lleva adelante el gobierno en relación con los derechos LGTBI”, dijo a Tiempo Argentino Pedro Paradiso Sottile del área jurídica de la CHA.
La cúpula de la policía correntina negó el hostigamiento a la pareja de oficiales gay que denunció y llegó hasta la Legislatura provincial y los medios. El comisario general Juan Ojeda, que se vio envuelto en este escándalo por la supuesta negativa a autorizar el matrimonio, dejó en claro la postura de la fuerza: aquellos policías gays que pretendan casarse lo podrán hacer ya que “es un hecho reservado a la privacidad de las personas”. El jefe de Policía aseguró que “se respetan los derechos sociales adquiridos”. El diputado Omar Yung, que elevó el pedido de informe a la Legislatura sostuvo que, hasta el momento, el comisario Ojeda no elevó su respuesta: “Todo quedó en la aprobación de forma unánime de este pedido de informes elevado al jefe de policía. Todos los bloques votaron a favor, estamos esperando la respuesta.” <
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