Expediente Judicial abierto contra un homosexual español en 1976.
Justicia pretende desde hace más de un año eliminar 2 millones de expedientes judiciales.
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Se trata del mayor expurgo judicial de la historia de España. Fue el anterior conseller, Fernando de Rosa, quien en el verano de 2008 anunció la destrucción de los documentos a partir de 1942. En la selección se incluyen desde procedimientos de Habeas Corpus, a expedientes de contrabando, juicios verbales, diligencias, actos de conciliación o rollos de apelación, entre otros.
Montañas de papel que debían pasar a mejor vida. El objetivo consiste en ganar espacio en las sedes judiciales. De momento, la propuesta sigue siendo un anuncio. A día de hoy con una nueva consellera, Paula Sánchez de León, y con más de un año de retraso, todavía no existe fecha para la destrucción de los documentos, que siguen almacenados en el Archivo Provincial.
La secretaria autonómica de Justicia, Patricia Montagud, explicó los dos motivos de la demora. El primero ha causado a su vez el segundo. Muchos juzgados siguieron enviando, una vez se terminó el plazo, ingentes cantidades de documentación. En su día se citó a los órganos de Torrent, Carlet y Llíria. Y desde la Conselleria se decidió esperar para no tener que repetir dos veces el mismo proceso. Mejor eliminarlo todo en un solo expurgo que en dos fases. «Se corrió la voz para que los juzgados mandaran más documentación».
Los datos del último año, adelantados por el departamento autonómico, no dejan dudas de que el trabajo ha sido abundante. Desde aproximadamente julio de 2008, se han recibido 524.000 nuevos expedientes. La Conselleria aporta un dato muy gráfico: «Si todas las cajas se colocaran una encima de la otra se alcanzaría una altura 15 veces mayor que la torre Eiffel».
Pese a todo, la destrucción de todo este material sólo afectará a la quinta parte de lo existente en las dependencias, ubicada en el camino de Moncada.
La selección de los documentos ya ha empezado. En este punto intervienen varias Administraciones, lo que invita a pensar que no es un trámite rápido. La Junta, según la responsable, está compuesta por un magistrado, un secretario judicial, un fiscal, un miembro de la Conselleria y un archivero de Cultura. «Intentaremos que todo esté solucionado antes de final de año». Una vez constituido el órgano, serán sus miembros quienes den el visto bueno a los expedientes.
Existen documentos que se salvarán del expurgo por motivos históricos. Por ejemplo, todo lo relativo a la pantanada de Tous de 1982 o la Riada de 1957. Lo mismo ocurre con los expedientes relacionados con las elecciones y referéndums. Además, la Ley de Memoria Histórica obligar a conservar todo el material que tenga que ver con la antigua Ley de Vagos y Maleantes y la de Peligrosidad y Rehabilitación Social , ya que los afectados tienen derecho al resarcimiento
Montañas de papel que debían pasar a mejor vida. El objetivo consiste en ganar espacio en las sedes judiciales. De momento, la propuesta sigue siendo un anuncio. A día de hoy con una nueva consellera, Paula Sánchez de León, y con más de un año de retraso, todavía no existe fecha para la destrucción de los documentos, que siguen almacenados en el Archivo Provincial.
La secretaria autonómica de Justicia, Patricia Montagud, explicó los dos motivos de la demora. El primero ha causado a su vez el segundo. Muchos juzgados siguieron enviando, una vez se terminó el plazo, ingentes cantidades de documentación. En su día se citó a los órganos de Torrent, Carlet y Llíria. Y desde la Conselleria se decidió esperar para no tener que repetir dos veces el mismo proceso. Mejor eliminarlo todo en un solo expurgo que en dos fases. «Se corrió la voz para que los juzgados mandaran más documentación».
Los datos del último año, adelantados por el departamento autonómico, no dejan dudas de que el trabajo ha sido abundante. Desde aproximadamente julio de 2008, se han recibido 524.000 nuevos expedientes. La Conselleria aporta un dato muy gráfico: «Si todas las cajas se colocaran una encima de la otra se alcanzaría una altura 15 veces mayor que la torre Eiffel».
Pese a todo, la destrucción de todo este material sólo afectará a la quinta parte de lo existente en las dependencias, ubicada en el camino de Moncada.
La selección de los documentos ya ha empezado. En este punto intervienen varias Administraciones, lo que invita a pensar que no es un trámite rápido. La Junta, según la responsable, está compuesta por un magistrado, un secretario judicial, un fiscal, un miembro de la Conselleria y un archivero de Cultura. «Intentaremos que todo esté solucionado antes de final de año». Una vez constituido el órgano, serán sus miembros quienes den el visto bueno a los expedientes.
Existen documentos que se salvarán del expurgo por motivos históricos. Por ejemplo, todo lo relativo a la pantanada de Tous de 1982 o la Riada de 1957. Lo mismo ocurre con los expedientes relacionados con las elecciones y referéndums. Además, la Ley de Memoria Histórica obligar a conservar todo el material que tenga que ver con la antigua Ley de Vagos y Maleantes y la de Peligrosidad y Rehabilitación Social , ya que los afectados tienen derecho al resarcimiento
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