Garzón busca a los desaparecidos del franquismo
El juez abre diligencias y recaba datos para poder investigar si el 18 de julio de 1936 desencadenó un genocidio en España
DIEGO BARCALA - Madrid - 01/09/2008 23:38
“Es muy impactante. La verdad es que no había tenido ocasión de ver una fosa en la que se están descubriendo cadáveres y ver los cuerpos y sus restos”. La declaración, de hace una semana, es de Baltasar Garzón después de asistir a una exhumación de cadáveres en Apartadó (Colombia). El titular del Juzgado central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ha tenido, a sólo 200 kilómetros de su despacho, 110 fosas comunes que han sido exhumadas en los últimos siete años. Él no había asistido hasta ahora a ninguna de ellas.
Después de trabajar por la recuperación de la memoria histórica de Chile, Argentina, Colombia o Guatemala, Garzón atendió las ocho peticiones que le reclaman ayuda para reparar el dolor de las víctimas del franquismo en España. Está decidido a elaborar un censo de los desaparecidos desde el alzamiento hasta el final de la dictadura.
Para ello, ha solicitado toda la información que pueda estar archivada en algún cuarto oscuro de los ministerios de Defensa, Interior y Cultura. También los datos sobre muertos en los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid. Y, sobre todo, ha exigido colaboración a la Conferencia Episcopal Española. La Policía Judicial deberá poder acceder a los libros de difuntos de las casi 23.000 parroquias españolas. Uno de los libros relacionados con una de las fosas más grandes de presos republicanos se encuentra a pocos metros de la tumba de su verdugo. Los documentos de la basílica del Valle de los Caídos están entre los que Garzón exige investigar.
La iniciativa del juez de la Audiencia Nacional no es una respuesta espontánea. Durante años, varias asociaciones de víctimas del franquismo y afectados individuales se han dirigido a este juzgado para denunciar que en España hubo un genocidio. Un “exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad” –como lo define la Real Academia Española– que está todavía por investigar.
“Una verdad judicial”
Uno de los denunciantes es el abogado Fernando Magán, colaborador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Este letrado presentó una denuncia en la Audiencia el 14 de diciembre de 2006. Es el tribunal competente para investigar atentados contra los derechos humanos, según sentencia del Constitucional.
Ese mismo 14 de diciembre se debatió por primera vez en el Congreso de los Diputados la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en diciembre del año pasado. En opinión de Magán, Baltasar Garzón trata ahora de “llevar una realidad al nivel de verdad judicial investigada”.
Pese a las diligencias previas abiertas ayer por el juez, la Audiencia no ha dilucidado aún si existe un caso de genocidio que investigar. Primero debe dictaminar que las desapariciones registradas en España fueron forzosas y que obedecieron a un objetivo común político.
Se trata de unir a todas las víctimas de los fusilamientos en un mismo proceso. En otras ocasiones, las víctimas han acudido sin éxito a los juzgados correspondientes al lugar del suceso. Hasta ahora, los jueces han considerado que una desaparición individual de la que han pasado tres décadas está archivada.
No se buscan culpables
Magán asegura que el objetivo de sus denuncias no es buscar culpables, sino reparaciones para los familiares de los represaliados. “Los que pudieran aparecer ahora en una sentencia ya no tienen edad de cumplir pena”, añade el abogado.
Las diligencias abiertas afectarán a archivos históricos como el de Salamanca. Ahí espera encontrar fichas que certifiquen los miles de fusilamientos que sólo se conocen por testimonios orales y el paradero de los cuerpos. La mayoría de estos paseos fueron registrados en los 40, pero otros muchos se conocieron a raíz de las indemnizaciones a represaliados impulsadas por el gobierno de Felipe González.
“Es muy impactante. La verdad es que no había tenido ocasión de ver una fosa en la que se están descubriendo cadáveres y ver los cuerpos y sus restos”. La declaración, de hace una semana, es de Baltasar Garzón después de asistir a una exhumación de cadáveres en Apartadó (Colombia). El titular del Juzgado central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ha tenido, a sólo 200 kilómetros de su despacho, 110 fosas comunes que han sido exhumadas en los últimos siete años. Él no había asistido hasta ahora a ninguna de ellas.
Después de trabajar por la recuperación de la memoria histórica de Chile, Argentina, Colombia o Guatemala, Garzón atendió las ocho peticiones que le reclaman ayuda para reparar el dolor de las víctimas del franquismo en España. Está decidido a elaborar un censo de los desaparecidos desde el alzamiento hasta el final de la dictadura.
Para ello, ha solicitado toda la información que pueda estar archivada en algún cuarto oscuro de los ministerios de Defensa, Interior y Cultura. También los datos sobre muertos en los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid. Y, sobre todo, ha exigido colaboración a la Conferencia Episcopal Española. La Policía Judicial deberá poder acceder a los libros de difuntos de las casi 23.000 parroquias españolas. Uno de los libros relacionados con una de las fosas más grandes de presos republicanos se encuentra a pocos metros de la tumba de su verdugo. Los documentos de la basílica del Valle de los Caídos están entre los que Garzón exige investigar.
La iniciativa del juez de la Audiencia Nacional no es una respuesta espontánea. Durante años, varias asociaciones de víctimas del franquismo y afectados individuales se han dirigido a este juzgado para denunciar que en España hubo un genocidio. Un “exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad” –como lo define la Real Academia Española– que está todavía por investigar.
“Una verdad judicial”
Uno de los denunciantes es el abogado Fernando Magán, colaborador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Este letrado presentó una denuncia en la Audiencia el 14 de diciembre de 2006. Es el tribunal competente para investigar atentados contra los derechos humanos, según sentencia del Constitucional.
Ese mismo 14 de diciembre se debatió por primera vez en el Congreso de los Diputados la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en diciembre del año pasado. En opinión de Magán, Baltasar Garzón trata ahora de “llevar una realidad al nivel de verdad judicial investigada”.
Pese a las diligencias previas abiertas ayer por el juez, la Audiencia no ha dilucidado aún si existe un caso de genocidio que investigar. Primero debe dictaminar que las desapariciones registradas en España fueron forzosas y que obedecieron a un objetivo común político.
Se trata de unir a todas las víctimas de los fusilamientos en un mismo proceso. En otras ocasiones, las víctimas han acudido sin éxito a los juzgados correspondientes al lugar del suceso. Hasta ahora, los jueces han considerado que una desaparición individual de la que han pasado tres décadas está archivada.
No se buscan culpables
Magán asegura que el objetivo de sus denuncias no es buscar culpables, sino reparaciones para los familiares de los represaliados. “Los que pudieran aparecer ahora en una sentencia ya no tienen edad de cumplir pena”, añade el abogado.
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