Editor del informe y director del Centro Derechos Humanos de la UDP, Nicolás EspejoINFORME DDHH: "El Estado de Chile es pasivo frente a la discriminación que afecta a las minorias sexuales
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En su nuevo estudio, la Universidad Diego Portales advierte que los derechos humanos de las minorías sexuales son vulnerados "frecuentemente" en Chile. Algunos ejemplos son violentos atropellos que en el 2007 provinieron de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia Católica, de los tribunales y de la falta de políticas gubernamentales para hacerles frente.
Para la UDP, los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) son "frecuentemente vulnerados" y carecen de "una protección adecuada", situaciones que se agudizan por la invisibilización pública de los problemas que aquejan al sector y por la "directa animadversión en su contra, como lo demuestran constantes casos de discriminación o violencia".
Centrando su análisis en hechos ocurridos el 2007, la universidad apuntó que los principales y más emblemáticos casos de discriminación dañaron a los policías gays Víctor Rivas, Armando Salgado y César Contreras y a la profesora de religión Sandra Pavez, quienes fueron expulsados de sus respectivos trabajos en razón de su orientación sexual.
Junto con lamentar que a la fecha ninguno de esos hechos hubiese alcanzado justicia en los tribunales nacionales, la UDP identificó como los principales responsables de esos y otros atropellos a las Fuerzas Armadas, a la Iglesia Católica y al sistema educacional, que expulsa de las aulas a quienes identifica como homosexuales o transexuales.
Tanto Carabineros, como la Policía Civil y Gendarmería presentan "dificultades (...) para cumplir debidamente con el mandato constitucional de no discriminación en general, y en particular respecto de las minorías sexuales que forman legítimamente parte de ellas", sostiene el estudio.
Los hechos, cuya virulencia se agravaron con declaraciones homofóbicas de altos mandos en retiro, "son preocupantes, toda vez que pueden dar cuenta de una percepción al interior de las Fuerzas Armadas respecto a una naturaleza de las personas pertenecientes a minorías sexuales, asimilada o asociada a conductas desviadas, comportamiento ilícito y falta de rectitud".
En relación a la Iglesia Católica, la UDP criticó que dicha institución pueda decidir quienes o no pueden ejercer clases de religión, gracias a una normativa que la faculta para determinar la idoneidad de los y las docentes y que le permite dejar fuera de las aulas a homosexuales, como ocurrió con la profesora Pavez.
"La situación se agudiza al verificar la inexistencia de una definición vaga de lo que constituye lo idóneo, quedando su determinación a la discrecionalidad de la autoridad ", y al constarse que los recursos de protección presentados a favor de las personas afectadas no son acogidos por los tribunales.
"Al igual que en muchos otros casos de recursos de protección" los tribunales no se hacen cargo de los derechos invocados por las personas afectadas, "menos de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que importan una estricta aplicación de la cláusula de no discriminación".
A la luz del Caso Pavez, y del fallo que de la Corte de Apelaciones de San Miguel que le negó su derecho a ejercer clases, es "posible identificar una doble normativa en materia de derecho a la educación y derecho al trabajo", una regida por la Constitución y los tratados internacionales y la otra por la la jurisdicción religiosa, que termina por imponerse a la primera, señala la UDP.
La institución consideró además alarmante que la expulsión de estudiantes en razón de su orientación sexual ocurrida en el 2007 fuera acompañada " durante un largo período de hostigamientos de distinta índole de parte de sus mismos establecimientos", además de lamentar que una pareja lésbica fuera golpeada en un pub de la Región Metropolitana sólo por darse un beso.
"Las expresiones de cariño realizadas por estas parejas son continuamente reprimidas, situación distinta a la de las parejas heterosexuales", advirtió la UDP en su capítulo sobre las minorías sexuales redactado por Tabata Santelices con la co-edición de los profesores Domingo Lovera y Mayra Faddersen.
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