negociaciones. Antonio Ruiz durante unas conversaciones con el líder de IU, Gaspar Llamazares.Foto sergio barrenechea/efe
El Gobierno indemnizará a los homosexuales represaliados por las leyes franquistas
Lucha desde Xirivella
El Gobierno indemnizará a los homosexuales que fueron encarcelados durante la dictadura de Franco en aplicación de la Ley de Peligrosidad Social. Izquierda Unida ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y que propone la dotación de 4 millones de euros para este colectivo. Cada afectado recibirá un primer pago de 12.000 euros y una pensión vitalicia de 800.
José Parrilla, Valencia Todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados han mostrado su disposición a apoyar una enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Els Verds a los Presupuestos Generales del Estado para que los homosexuales represaliados por el franquismo sean indemnizados. Así lo anunció ayer el vecino de Xirivella y presidente de la Asociación Ex-Presos Sociales, Antonio Ruiz, quien asegura que de esta manera se hace justicia con un colectivo que tuvo que sufrir la marginación social de la época y la persecución policial. Desde su misma creación en el año 2004, la asociación, con sede en Xirivella, ha tratado de buscar el resarcimiento moral, político y económico de las personas que fueron perseguidas en virtud de la famosa Ley de Peligrosidad Social, que antes del año 1970 era conocida como Ley de Vagos y Maleantes y que no fue derogada totalmente hasta la reforma del Código Penal de 1995. Alguno de sus objetivos ya los ha conseguido. El Congreso de los Diputados aprobó en el año 2004 una declaración Institucional que reconocía y condenaba la persecución de los homosexuales durante la dictadura, y en varias prisiones y campos de concentración de Huelva, Badajoz o Fuerteventura se han descubierto placas y monolitos en recuerdo de quienes pasaron por la cárcel por su orientación sexual. Sólo quedaba, pues, conseguir una compensación económica por aquel sufrimiento, tal como ha ocurrido con otros represaliados de la dictadura. Meses de trabajo Desde hace meses, el propio Antonio Ruiz ha encabezado las negociaciones con los distintos grupos políticos para llevar sus propuestas al Congreso e incluso se barajó la posibilidad de incluirlas en la Ley de la Memoria Histórica, pero «al parecer, los acuerdos sobre esta ley estaban cogidos con alfileres y prefirieron, al tratarse de dinero, dejarlo para los Presupuestos Generales del Estado», explicó Ruiz. Ahora, con la tramitación de esta ley, el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Els Verds ha presentado una enmienda que incluye una dotación de cuatro millones de euros para «indemnización a ex presos sociales represaliados por su condición de homosexuales por las leyes franquistas de vagos y maleantes y de peligrosidad social». En concreto, propone una indemnización de 165.000 euros para cada una de estas personas o el pago de 12.000 euros iniciales y la asignación de una pensión vitalicia de 800 euros mensuales, que es la fórmula finalmente pactada. Antonio Ruiz explicó a Levante-EMV que la enmienda cuenta con el apoyo del PSOE, PNV y ERC e incluso con el acuerdo tácito del Partido Popular, que «no se ha pronunciado al respecto pero no ha puesto ninguna objeción». Ahora, esa enmienda tendrá que ser aprobada definitivamente, algo para lo que, a la vista de los acuerdos, no debe haber ningún problema.
José Parrilla, Valencia Todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados han mostrado su disposición a apoyar una enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Els Verds a los Presupuestos Generales del Estado para que los homosexuales represaliados por el franquismo sean indemnizados. Así lo anunció ayer el vecino de Xirivella y presidente de la Asociación Ex-Presos Sociales, Antonio Ruiz, quien asegura que de esta manera se hace justicia con un colectivo que tuvo que sufrir la marginación social de la época y la persecución policial. Desde su misma creación en el año 2004, la asociación, con sede en Xirivella, ha tratado de buscar el resarcimiento moral, político y económico de las personas que fueron perseguidas en virtud de la famosa Ley de Peligrosidad Social, que antes del año 1970 era conocida como Ley de Vagos y Maleantes y que no fue derogada totalmente hasta la reforma del Código Penal de 1995. Alguno de sus objetivos ya los ha conseguido. El Congreso de los Diputados aprobó en el año 2004 una declaración Institucional que reconocía y condenaba la persecución de los homosexuales durante la dictadura, y en varias prisiones y campos de concentración de Huelva, Badajoz o Fuerteventura se han descubierto placas y monolitos en recuerdo de quienes pasaron por la cárcel por su orientación sexual. Sólo quedaba, pues, conseguir una compensación económica por aquel sufrimiento, tal como ha ocurrido con otros represaliados de la dictadura. Meses de trabajo Desde hace meses, el propio Antonio Ruiz ha encabezado las negociaciones con los distintos grupos políticos para llevar sus propuestas al Congreso e incluso se barajó la posibilidad de incluirlas en la Ley de la Memoria Histórica, pero «al parecer, los acuerdos sobre esta ley estaban cogidos con alfileres y prefirieron, al tratarse de dinero, dejarlo para los Presupuestos Generales del Estado», explicó Ruiz. Ahora, con la tramitación de esta ley, el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Els Verds ha presentado una enmienda que incluye una dotación de cuatro millones de euros para «indemnización a ex presos sociales represaliados por su condición de homosexuales por las leyes franquistas de vagos y maleantes y de peligrosidad social». En concreto, propone una indemnización de 165.000 euros para cada una de estas personas o el pago de 12.000 euros iniciales y la asignación de una pensión vitalicia de 800 euros mensuales, que es la fórmula finalmente pactada. Antonio Ruiz explicó a Levante-EMV que la enmienda cuenta con el apoyo del PSOE, PNV y ERC e incluso con el acuerdo tácito del Partido Popular, que «no se ha pronunciado al respecto pero no ha puesto ninguna objeción». Ahora, esa enmienda tendrá que ser aprobada definitivamente, algo para lo que, a la vista de los acuerdos, no debe haber ningún problema.
Miles de casos, pero apenas cincuenta solicitantes
J. P., Valencia Si finalmente se aprueba la enmienda de Izquierda Unida, la propia Asociación Ex-Presos Sociales se ha prestado a la tramitación de las solicitudes. Según Antonio Ruiz, el número de homosexuales perseguidos y encarcelados en virtud de las leyes de vagos y maleantes y de peligrosidad social puede llegar a los 4.000, pero casi treinta años después de la derogación de aquellas normas -el artículo referente a los homosexuales desapareció de la Ley de Peligrosidad Social en el año 1979 durante el Gobierno de Adolfo Suárez- son pocas las personas que quedan vivas y que están dispuestas a revelar su condición sexual y la afrenta de su encarcelamiento. Esto explica que la asociación sólo tenga constancia hasta ahora de una veintena de personas dispuestas a reclamar y que su previsión final no supere las cincuenta. «Como siempre, somos el último colectivo al que le reconocen sus derechos y pasa esto» , lamenta Ruiz. En estos expedientes, el documento más importante será el certificado del Ministerio de Justicia que acredite que el solicitante fue detenido y encarcelado por su condición de homosexual, tal como ocurrió, por ejemplo, con el propio Antonio Ruiz, que pasó tres meses en la prisión de Badajoz en el año 1976 por este motivo. Al respecto, Ruiz dijo que en estos meses se han mantenido contactos con los Ministerios de Interior y Justicia para allanar estos trámites y facilitar la presentación de solicitudes. Otras reivindicaciones El presidente de la Asociación Ex-Presos Sociales ya tiene experiencia en sus litigios con Instituciones Penitenciarias y con el Ministerio de Justicia. Fue el primer represaliado que consiguió una orden judicial para destruir su expediente de peligrosidad social, dando con ello inicio a un proceso aun no concluído para borrar de todos los archivos policiales, judiciales y penitenciarios los expedientes que hablan de la orientación sexual de las personas, un dato que corresponde a la privacidad de cada uno, según reconocieron los jueces.
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