documentada . Alfiya Khayrullina muestra el certificado de matrimonio del Registro Civil de Xirivella. foto; ferran montenegro
El Gobierno dificulta la regulación de una inmigrante lesbiana casada en Xirivella
José Parrilla.
Valencia Aunque las leyes españolas garantizan los derechos de los inmigrantes y de los homosexuales, los obstáculos para unos y otros no han desaparecido y mucho menos si una persona es ambas cosas. Cada día hay ejemplos que lo demuestran y el caso de Jacqueline y Alfiya así lo demuestra. Ambas se han casado en Xirivella y cuando una de ellas ha querido hacerse la tarjeta de residencia le han pedido un certificado de matrimonio expedido por el país de la otra. En este caso se trata de Holanda y no habrá demasiados problemas, porque es uno de los tres paises que admite el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ¿y si fuera de un país donde no están reconocidas estas bodas, como es normal , seguramente ese derecho quedaría conculcado, asegura el abogado de la pareja. Nikita-Jacqueline Teodorovic, de nacionalidad holandesa, y Alfiya Khayrullina, natural de Uzbequistán, se casaron el pasado 19 de octubre en Xirivella, localidad en la que viven desde hace tres meses. Antes residían en Holanda y allí podría haberlo hecho, pero el padre de Jacqueline, de origen turco, no acepta este tipo de enlaces y decidieron venirse a España. Aquí, además, han caído bien. Alfiya ya ha escolarizado a su hijo de 8 años y se siente segura como para montar la cafetería con la que ha soñado toda la vida. Tarjeta de residencia Para eso, para garantizarse su estabilidad y la de su hijo, lo primero que hizo tras la boda fue tramitar su tarjeta de residencia, un documento al que tiene derecho por estar casada con una persona española o comunitaria. Sólo había, pues, que presentar los papeles. Y así lo hizo. Se informó en la Subdelegación del Gobierno y presentó toda la documentación exigida, toda menos un documento con el que no contaba. En la guía de requisitos habla de certificado de matrimonio a secas, pero la funcionaria que la atendió en la Subdelegación del Gobierno le precisó por escrito que debía ser un «certificado de matrimonio inscrito en los Paises Bajos» (país de su mujer). Para el abogado de la pareja, Juan Costa, se trata de una « interpretación muy rígida » de la ley de la que responsabiliza a la funcionaria. En su caso, dice, no representa un obstáculo insalvable porque Holanda o Paises Bajos, es uno de los tres estados europeos donde está legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, es decir, no habrá ningún problema, salvo el del tiempo, para conseguir ese documento y aportarlo a su expediente en España. « ¿Pero qué pasaría si su mujer, en vez de ser holandesa, fuera de otro país de la Unión Europea donde no está reconocido el matrimonio entre homosexuales» , se pregunta Costa. «Pues que no podría conseguir ese certificado de matrimonio y no podría conseguir su tarjeta de residencia, lo que además de limitar un derecho individual como es el de la residencia, dificultaría notablemente su integración en nuestro país », responde. Costa entiende que este tipo de exigencias deberían suprimirse de la ley o de las instrucciones que la desarrollan para no entorpecer determinados procedimientos. Entiende, así mismo, que en la Subdelegación del Gobierno, ante la que han presentado un recurso de reposición, deberían hacer una lectura menos rígida de la norma, de manera que no se violenten derechos individuales.
La posibilidad del contencioso
Mientras su queja llega a las más altas instancias de la Subdelegación del Gobierno en Valencia, Juan Costa se plantea cómo actuar con sus clientas. Llegado a este punto sólo tiene dos opciones. Una es dirigirse a la Embajada de Holanda en España y tramitar el certificado de matrimonio en aquel país. Según le informaron, no es el primer caso de estas características que se les presenta y para resolverlo el propio gobierno holandés ha creado un departamento específico en La Haya que se encarga de estos trámites. El problema es que los papeles tardan cinco meses, precisó el letrado. La otra alternativa es iniciar un contencioso administrativo para denunciar la situación y reclamar los derechos de Alfiya, reconocidos en todos los textos legales de este país, el último de ellos la Ley de Extranjería. Y lo más probable es que opte por la primera, que inicie los trámites en Holanda para conseguir el documento que le piden. «Si nos metemos en un contencioso podemos tardar mucho tiempo y eso perjudica a Alfiya. Lo más útil sería hacer los papeles cuanto antes para así tener claro el tiempo que pueden tardar, que es de cinco meses, según nos han dicho», explica Costa. De momento, esperan una respuesta de la Subdelegación del Gobierno para tomar definitivamente su decisión.
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