Antoni R. Batriz G. Gaspar llamazaresEuropa Press-. El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, defendió la necesidad de que se haga un reconocimiento moral y se compense económicamente a los homosexuales, transexuales y bisexuales que fueron represaliados en virtud de leyes franquistas, así como que se cumpla el mandato del Congreso de destruir las fichas policiales abiertas a estas personas y que sus expedientes judiciales pasen a formar parte de los archivos históricos.
Llamazares realizó esta demanda en la Cámara Baja después de mantener una reunión con miembros de la Federación Estatal de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales-Ex presos sociales del franquismo, dentro de la campaña para la recuperación su memoria histórica y rehabilitación puesta en marcha por este colectivo.
La federación que preside Antoni Ruiz calcula que en la actualidad sólo quedan vivas unas cien de las 4.000 personas a las que se encarceló entre 1970 y 1979 en aplicación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
Ruiz subrayó que la compensación económica a estos ex presos no supondría un "alto coste" para la Seguridad Social y explicó que lo que lo que quieren es que se les apliquen los mismos criterios que se han tenido en cuenta para resarcir a los represaliados políticos de la dictadura.
LAS FICHAS AUN SE CONSULTAN
Pero, además del resarcimiento económico y moral la federación reclama que se cumpla el mandato del Congreso y se destruyan las fichas policiales que se abrieron a estas personas porque, aunque no se consideran antecedentes penales "están en cajas" y son consultadas por agentes policiales.
"Sabemos que hay un 'archivo B' y tememos que algún desaprensivo pueda usar esas fichas en contra nuestra", señaló Ruiz, quien relató que en 1995 unos policías que le pidieron la documentación le trataron con desprecio al conocer su condición sexual tras consultar su ficha.
Asimismo, solicitan que estos expedientes se desvinculen del Poder Judicial y la Administración Penitenciaria y se integren en archivos históricos, así como que se articulen medidas para que los historiadores puedan consultarlos con la seguridad de que los datos de carácter íntimo quedarán protegidos.
PROMOVER INICIATIVA CONJUNTA
El grupo parlamentario de Izquierda Verde (IU-ICV) presentó a finales de octubre una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno tome medidas en este sentido, pero todavía no se ha debatido. Llamazares explicó que su grupo colaborará con la federación para intentar elaborar una proposición no de ley con el resto de formaciones de arco parlamentario para llevar sus reivindicaciones a la Cámara Baja.
El líder de IU, que considera "escandaloso" que estas fichas aún puedan ser consultadas cuando se detienen a personas "que no han cometido ningún delito y sólo fueron represaliadas por su condición sexual", pidió la creación de unos "archivos de la vergüenza" para evitar que estos documentos sigan en manos de la Policía o la Judicatura.
Los representantes de la federación de ex presos sociales se reunirán en los próximos días con dirigentes del PSOE y diputados del resto de grupos parlamentarios, excepto el PP, que no ha respondido a su petición. También mantendrán un encuentro con la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo
Llamazares realizó esta demanda en la Cámara Baja después de mantener una reunión con miembros de la Federación Estatal de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales-Ex presos sociales del franquismo, dentro de la campaña para la recuperación su memoria histórica y rehabilitación puesta en marcha por este colectivo.
La federación que preside Antoni Ruiz calcula que en la actualidad sólo quedan vivas unas cien de las 4.000 personas a las que se encarceló entre 1970 y 1979 en aplicación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
Ruiz subrayó que la compensación económica a estos ex presos no supondría un "alto coste" para la Seguridad Social y explicó que lo que lo que quieren es que se les apliquen los mismos criterios que se han tenido en cuenta para resarcir a los represaliados políticos de la dictadura.
LAS FICHAS AUN SE CONSULTAN
Pero, además del resarcimiento económico y moral la federación reclama que se cumpla el mandato del Congreso y se destruyan las fichas policiales que se abrieron a estas personas porque, aunque no se consideran antecedentes penales "están en cajas" y son consultadas por agentes policiales.
"Sabemos que hay un 'archivo B' y tememos que algún desaprensivo pueda usar esas fichas en contra nuestra", señaló Ruiz, quien relató que en 1995 unos policías que le pidieron la documentación le trataron con desprecio al conocer su condición sexual tras consultar su ficha.
Asimismo, solicitan que estos expedientes se desvinculen del Poder Judicial y la Administración Penitenciaria y se integren en archivos históricos, así como que se articulen medidas para que los historiadores puedan consultarlos con la seguridad de que los datos de carácter íntimo quedarán protegidos.
PROMOVER INICIATIVA CONJUNTA
El grupo parlamentario de Izquierda Verde (IU-ICV) presentó a finales de octubre una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno tome medidas en este sentido, pero todavía no se ha debatido. Llamazares explicó que su grupo colaborará con la federación para intentar elaborar una proposición no de ley con el resto de formaciones de arco parlamentario para llevar sus reivindicaciones a la Cámara Baja.
El líder de IU, que considera "escandaloso" que estas fichas aún puedan ser consultadas cuando se detienen a personas "que no han cometido ningún delito y sólo fueron represaliadas por su condición sexual", pidió la creación de unos "archivos de la vergüenza" para evitar que estos documentos sigan en manos de la Policía o la Judicatura.
Los representantes de la federación de ex presos sociales se reunirán en los próximos días con dirigentes del PSOE y diputados del resto de grupos parlamentarios, excepto el PP, que no ha respondido a su petición. También mantendrán un encuentro con la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo
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