martes, 23 de julio de 2013

Ecuador: Cadenas en los pies y agua helada para 'curar' la homosexualidad




JAVIER ORTEGA. REDACTOR Domingo 21/07/2013

Desde la pequeña rendija de la puerta de madera se ve el patio. En el pasillo están botados cables y muebles empolvados. La casa de tres pisos tiene todos los vidrios oscuros. La Fiscalía lo llama "centro de tortura". Está ubicado a 2,5 km del Tena, en Napo. Desde ese sitio se escapó Zulema C. hace un mes. Allí, durante 21 días, intentaron "curar" su homosexualidad. 

En las tres semanas de encierro el mensaje fue el mismo: "Dios creó al hombre y a la mujer. Debemos rehabilitarte. Estás enferma". 

El martes, ella volvió a esa ciudad. Ese día, la Policía montó un operativo para detener a los propietarios y empleados de la "clínica". Hubo cuatro personas arrestadas. Zulema las denunció por maltratos psicológicos y por alimentarla con "comida podrida".

 Los sitios que ofrecen las denominadas "terapias de deshomosexualización" no son nuevos en el país. Fundaciones Glbti advierten su presencia desde hace 13 años.

 En el 2001, por ejemplo, María Auxiliadora vivió una situación similar a la de Zulema. Sus padres la internaron a la fuerza en una clínica que operaba en Guayaquil. Su testimonio es parte de un informe del Tribunal por los derechos de las mujeres en el Ecuador. 

La joven relató que el 28 de mayo del 2001 personal del centro ingresó a su dormitorio y la encerró contra su voluntad. 

De su paso por ese lugar, María Auxiliadora recuerda una "terapia" que la llamaban "la amanecida", porque lo hacían después de la medianoche. La botaban al piso desnuda, con los brazos en la espalda y la cabeza en el suelo. Le decían "macho" y le tiraban baldes de agua helada. 

Los maltratos psicológicos también eran parte del "tratamiento".

 La quisieron convencer que estaba afectada con VIH. "Se inventaban historias. Me querían 'curar' poniendo la mano en la Biblia. Decían que era parte de la terapia".

 Lo mismo ocurrió con Susana. En el 2000 decidió contar a sus padres que era lesbiana. Su familia reaccionó y la internó en una "clínica" en Montecristi (Manabí). Allí permaneció cuatro meses.

 A diario los insultos de los llamados terapeutas se repetían: "Si tú fueras amiga de mis hijas, yo no las dejaría salir contigo. Susana, la lesbiana, a la que le gustan las mujeres, la que no quiere cambiar, la que quiere hundir su vida... 

'Nunca fue una enfermedad, la ciencia se equivocó' Tras escapar de la "clínica", Zulema regresó a Guayaquil. Apenas llegó a la ciudad contó lo que pasó. 

Lía Burbano la acompañó. Ella es presidenta de la Asociación Lésbica Mujer y Mujer y mencionó que "la lucha no es contra los padres (quienes obligan a sus hijos a cambiar su orientación sexual), sino contra los centros que ofertan falsas ideas de que la homosexualidad es una enfermedad y se debe curarla". 

Jorge Luis Escobar es presidente de la Asociación de Psicólogos del Ecuador y considera como un error histórico de la ciencia la patologización de la homosexualidad. Esto, porque recién en 1974, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría retiró a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

"¿Cómo es posible que la comunidad científica diga antes que es una enfermedad y después que no? Culturalmente era tan fuerte el peso del conservadurismo (que obligó a etiquetarlo como un trastorno). La enfermedad está en la sociedad que reprime la manifestación de una persona que no hace daño a los demás", dice Escobar. 

Tuvieron que pasar 16 años más para que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en mayo de 1990, dejara de considerarla como una patología. 

En el Ecuador, la homosexualidad estuvo incluso tipificada como un delito hasta 1997. El Código Penal establecía cárcel de entre cuatro a ocho años para quienes se declaraban gais, lesbianas, transexuales o transgénero.

Susana recuerda esos años y cuenta que durante su paso por la "clínica" su orientación sexual era vista como algo "repugnante". "Me decían que estaba mal de la cabeza, que era una marimacha". 

En los cuatro meses la torturaron y cuenta que le colocaron cadenas durante días. "Fue humillante. Caminé, dormí, subí escaleras con esos grilletes. Me decían que debo liberarme de las cadenas que llevaba en la mente. Fue horrible".

 María Auxiliadora pasó por dos centros. En el primero creyeron haberla "curado" y recuerda que sus padres la recibieron como si hubiera vuelto a nacer. "Me cambiaron el cuarto y lo pintaron de rosado". 

Meses después, la familia notó que su orientación sexual no había cambiado. En abril del 2002, la joven fue raptada por dos desconocidos. Le dijeron que estaba detenida por deudas, la esposaron y la llevaron a un centro en Guayaquil.

 Entre el 2005 y el 2011, la Fundación Taller Comunicación Mujer registró 14 denuncias relacionadas con estos casos en el país.

 La captura de Zulema fue similar a la de María Auxiliadora. El 17 de mayo pasado sus padres la invitaron a almorzar. Mientras caminaba, dos hombres la obligaron a subir a un auto. Su padre estaba ahí. La universitaria recuerda la frase que él repetía: "Todo es por tu bien mijita". 

Mientras estuvo encerrada en el Tena, Zulema relata que los supuestos terapeutas la presentaron como una adicta en proceso de recuperación. 

Una investigación realizada en la Flacso por Kathryn Ann Wilkinson (diciembre del 2012) advierte que los "centros de deshomosexualización" aparecieron en el país en la década de 1990 "con la premisa discursiva de que esta orientación sexual se puede y se debe cambiar, pues es igual a una adicción".

 Es por esto que -según el estudio- los servicios de "deshomosexualización" se ocultan bajo centros que rehabilitan a personas con problemas con el alcohol y otras drogas. 

Inconsistencias en el número de centros que hay en el país En mayo pasado, dos organizaciones Glbti (Taller Comunicación Mujer y Artikulación Esporádika) junto con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) publicaron un informe sobre la situación de los centros de "rehabilitación" en el país. 

En el documento de cinco páginas se denuncia la "omisión y responsabilidad del Estado ecuatoriano en el internamiento forzado de mujeres lesbianas y en la existencia de clínicas de rehabilitación donde se violan los DD.HH.". 

Allí también se habla de inconsistencias, pues "se registran clínicas que constan como cerradas, pero no clausuradas u otras que tras haber sido cerradas, se vuelven a abrir (ver estadísticas). 

En una entrevista con este Diario, Miguel Malo, viceministro de Salud, admitió que los denominados centros de recuperación de adicciones a las drogas "han estado totalmente fuera de control y regulación". El Gobierno reconoció el problema y hace ocho meses creó una Comisión Nacional Interinstitucional encargada de detectar clínicas clandestinas. El fiscal Fabián Salazar lidera el equipo que investiga estos casos y revela que hasta ahora se han localizado 19 centros donde se vulneran los derechos de las personas. "Estaban ubicados en Tungurahua, Guayas, Manabí, Azuay, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi".

 Además, el funcionario dijo que se indagan posibles mafias detrás de operaciones de estas "clínicas". 

José Luis Guerra también lo reconoce. Él es director nacional de Protección de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo y expresa que hay "serias sospechas de conexiones entre personas que ofrecen servicios" de deshomosexualización en clínicas clandestinas. 

La propia ministra de Salud, Carina Vance, dijo el miércoles que el problema es complejo. "Hay mafias que (permiten) que estos centros continúen funcionando". 

El martes Zulema llegó al Tena con su pareja Cinthya R. y su abogada Silvia Buendía. Desde que escapó de la "clínica" no ve a sus padres. Con Susana ocurrió lo mismo. Reunió dinero y abandonó el país. "Salí muy resentida. Me sentía anulada, como un bicho. Llevaba en mi cabeza todas las humillaciones. Tenía ganas de matar a esa gente".

 María Auxiliadora llegó incluso a sacar una boleta de auxilio contra su madre. Vivía asustada de que la volvieran a capturar y encerrar.

 La ciudad en la que vive Zulema con su pareja hoy es un misterio.

123 centros privados de rehabilitación de drogas registró el Ministerio de Salud en el 2012, en el país. Solo ellos tienen permiso.

 Punto de vista Luis Moya / Médico psiquiatra 

'Esas terapias no tienen ni pies ni cabeza'

 La Fiscalía las protege por las represalias que pudieran existir... Partiendo de que la homosexualidad no es una enfermedad, esos famosos tratamientos para cambiar la orientación sexual no tienen ni pies ni cabeza. Independientemente del sexo genital hay un sexo cerebral que va a determinar el comportamiento sexual de la persona. 

Este sexo cerebral se determina fundamentalmente en los primeros meses de la gestación de la madre y es lo que define el comportamiento homo o heterosexual de un individuo.

 Eso no va a cambiar con ningún tratamiento, peor en esas clínicas que con palos, consejos o privación de las libertades creen que van a cambiar la orientación sexual. Eso no va modificarse ni con premios, ni con castigos ni con fármacos y menos con psicoterapias.

 De entrada yo no comparto que se trate la homosexualidad como una enfermedad.

 Los homosexuales o heterosexuales nacen y no se hacen. Considero que estas famosas "clínicas" que ofrecen estos servicios incurren en estafas y timos.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/seguridad/Cadenas-agua-helada-curar-homosexualidad-gays-lesvianas-hospitales-clandestinos_0_959904066.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

domingo, 21 de julio de 2013

El TS asturiano condena al Principado por negar la reproducción asistida a una homosexual

Silvia García, a la que se le negó la inseminación por carecer de pareja masculina estéril, fotografiada en Mieres. / PACO PAREDES









Idioma asturiano:
Bableb

Unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Asturias (TSJA) condena á sanidade pública do Principado a cumprir co dereito dunha lesbiana a que lle sexa facilitado o acceso ás técnicas de reprodución asistida e ao reintegro de 7.723 euros que gastou a demandante en distintas clínicas privadas para intentar ter descendencia.


En declaracións a Efe, Silvia García relatou que, en 2011, ao carecer de parella masculina, acudiu sanidade asturiana demandado o seu dereito a recibir técnicas de reprodución asistida no seu desexo de ter descendencia, circunstancia que lle foi denegada.

Unha sentenza do Xulgado do Social número 2 de Avilés desestimou a súa demanda de que se declarase nula a resolución da Dirección de Saúde do Principado de Asturias na que denega os tratamentos de reprodución asistida a mulleres soas.

O 26 de abril de 2013, o TSJA revogou a resolución do xulgado de Avilés no sentido de declarar o dereito da demandante a que lle sexa facilitado o acceso ás técnicas de reprodución asistida nos termos e límites usuais na unidade correspondente, ai si como a que se sexan reintegrados os gastos que se declararon probados, en contía de 7.723.

Os demandados, a Consellería de Sanidade e o Servizo de Saúde do Principado de Asturias, foron condenados a estar e pasar por esta declaración e a facer o necesario para o seu efectivo cumprimento.

A sentenza indica que a Constitución ampara o principio de igualdade de trato e non diminución por razón de sexo e entende que nos casos de esterilidad non pode excluír a que en termos médicos denomínase como primaria (ausencia de factor masculino), xa que, pola contra, estar a obrigar a unha persoa de orientación homosexual a ter relacións heterosexuais para alcanzar a procreación.

Silvia García sinalou que os 7.723 euros que apunta a sentenza corresponden ao diñeiro que gastou en catro intentos errados de inseminación artificial realizados en diversas clínicas privadas.

Agregou que desembolsou un montante superior nunha quinta inseminización e unha fecundación in vitro, que motivou que hai catro semanas dese a luz a un bebé.

A lesbiana, integrante do colectivo XEGA, asegurou que seguirá litigando para intentar que se lle reintegre todo o diñeiro que gastou en ter descendencia tras negarlle a Consellería o seu dereito a someterse a técnicas de reprodución asistida a través da sanidade pública.

Pola súa banda, fontes da Consellería de Sanidade apuntaron a Efe a vontade do Servizo de Saúde do Principado de Asturias de acatar a sentenza.




 Castellano

Una lesbiana gana el derecho a la fecundación asistida por la pública


El Tribunal Superior de Asturias condena a la sanidad pública a dar acceso a las reproducción asistida y al reintegro de 7.723 euros que gastó en clínicas privadas


La propuesta del Gobierno de eliminar de la cartera de servicios de la sanidad pública la inseminación artificial para las lesbianas puede chocar con la justicia. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de dar la razón a Silvia García Hernández, una mujer homosexual a la que la sanidad pública asturiana denegó un tratamiento de fertilidad, y ha obligado al Gobierno del Principado a pagarle el coste de su inseminación que le practicaron en una clínica privada. ¿La razón? La Constitución proclama el principio de igualdad e impide la discriminación por orientación sexual. Y el único modo de que una mujer homosexuales tenga hijos es a través de la reproducción asistida.
Silvia acudió con su pareja a la unidad de reproducción asistida del hospital San Agustín de Avilés el 18 de abril de 2011, pero el jefe de esa unidad les indicó que no estaba autorizado a ofrecerles ese tratamiento ya que Silvia, según sus informes médicos, no tenía ningún problema físico para concebir hijos, es decir, no era estéril. Ante esa negativa, dos días después, Silvia presentó un escrito en la Consejería de Salud, en el que solicitó que se reconociera su derecho a que las técnicas de reproducción asistida se le dispensaran en un centro público, pero la petición tampoco fue estimada.
Después, el consejero, Ramón Quirós (PSOE), aseguró que la razón del rechazo era el decreto que recoge la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, en el que solo se contempla la reproducción asistida “cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida”. “Cuando las personas están sanas o el informe médico dice que no tienen infertilidad, el sistema no lo financia”, dijo el consejero. Ahora, con la razón de su mano, Silvia responde: “Sí era estéril; estéril social”.
Ante la negativa tuvo que dirigirse entonces a la sanidad privada, donde le practicaron cinco inseminaciones y una fecundación in vitro por las que pagó cerca de 14.000 euros. Ahora, el tribunal le reconoce el derecho a recibir la prestación en un servicio público y obliga al Principado a reintegrarle parte de ese dinero (7.272 euros). Los magistrados le dan la razón porque “de lo contrario, se estaría obligando a una persona de orientación homosexual a tener relaciones heterosexuales para alcanzar la procreación”, dice la sentencia, del pasado 26 de abril. Fuentes de la Consejería de Sanidad se limitaron a declarar a Efe la voluntad del Servicio de Salud del Principado de Asturias de acatar la sentencia.
Ahora, la propuesta del Gobierno de cerrar esa vía, le produce indignación. “El PP vuelve a la carga restringiendo el derecho de las familias homosexuales a tener hijos a su capacidad económica”, dice. “Quieren limitar los recursos públicos a un único tipo de familia, la admitida por su ideología, hombre y mujer”, añade. Hace solo cuatro semanas, Silvia dio -por fin- a luz a su esperado hijo.

sábado, 20 de julio de 2013

Condenado a quince años por asesinar y enterrar en cal viva a una transexual










La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado este viernes a Raúl V.C. a quince años de prisión por el asesinato de una transexual, Astrid Carolina L.C., además de tener que abonar 150.000 euros de indemnización al marido de la víctima.

Los hechos se remontan al 14 de octubre de 2011, cuando el condenado mantuvo una discusión en su domicilio de la capital con la víctima, a quien golpeó con una maza en la cabeza para después asestarle varias puñaladas con un cuchillo que le causaron la muerte.

Tras acabar con su vida, enterró el cadáver en cal viva en el jardín de su domicilio y varias semanas después, el 2 de noviembre, se presentó en la comisaria del distrito de Fuencarral para confesar los hechos.

Después de los informes presentados por los médicos forenses y la confesión del acusado en el juicio, se determinó que fue él quien la asesinó.

Asimismo, la sentencia deja probado que no hubo consumo abusivo de alcohol o drogas por parte del acusado, que mantuvo un recuerdo íntegro de los hechos, por lo que en el juicio se descartó cualquier tipo de afectación psíquica.

De esta forma, la Audiencia ha condenado al acusado por el delito de asesinato con atenuante de confesión, por lo que la pena ha quedado establecida en quince años de cárcel, aunque la acusación particular pidió veintidós.

Asesinan a 2 gays durante protesta contra matrimono igualitario en Haiti







AFP/ Mónica Bujan - 19 de julio de 2013
Cientos de fieles de iglesias evangélicas de Haití desfilaron hoy viernes al ritmo de cantos religiosos en las calles de Puerto Príncipe para decir "no al matrimonio gay en Haití", mientras que las organizaciones de homosexuales hicieron notar su alarma por el tratamiento que reciben.
Hay reportes de que dos personas de la comunidad LGBTT fueron golpeadas y asesinadas durante una protesta anti-gay de grupos religiosos.
Hay noticias de que los cuerpos permanecieron varias horas tirados en el suelo y ninguno de los lideres religiosos en esta protesta tuvieron compasión para asistir a los a los heridos o intervenir en la situación.
No está claro si los oficiales de la policía de Haití estaban monitoreando las protestas, pero fuentes dijeron que la policía llegó al lugar para controlar la situación, pero ya era muy tarde.
En el Parlamento de Haiti el matrimonio homosexual no está previsto co, mo un tema a ser discutido, pero tras la legalización en otros países como por ejemplo Francia, los manifestantes decidieron mostrar su oposición.
Durante varias horas, los manifestantes, en su mayoría jóvenes mujeres de los barrios pobres del centro de la ciudad, entonaron cánticos y bailaron bajo el calor del sol.
"Rechazamos y condenamos la homosexualidad en todas sus formas. Si esta actividad se legaliza en Haití eso atraerá la cólera de Dios", afirmó Vincent Abraham, un hombre con corbata y una Biblia bajo el brazo que se presenta como un predicador.
"Un hombre y una mujer: sí. Un hombre y un hombre: no" , repitió la muchedumbre siguiendo al pastor ante las verjas del palacio presidencial haitiano, destrozado en el sismo que arrasó el país el 12 de enero de 2010.
"Estas son declaraciones homofóbicas y antidemocráticas. No comprendemos que los que se dicen evangelistas quieran bloquear el camino a la homosexualidad ", declaró para AFP por teléfono Charlot Jeudy, un joven homosexual.
Jeudy encabeza una pequeña asociación llamada "Kouraj" (Valor en francés)y asegura que hace falta "coraje para ser homosexual en Haití"."Nos agreden en la calle. Un policía golpeó a uno de los nuestros cuando bailaba en una fiesta con el pretexto de que bebía como una mujer", testifica.
Al fin de la manifestación, los participantes presentaron un documento ante el parlamento haitiano.
"Una ley que favorezca la homosexualidad sería un nuevo sismo en Haití", afirman los manifestantes, amenazando con prender fuego al parlamento si autoriza el matrimonio homosexual.

Excluidas lesbianas y mujeres solas de la reproducción asistida pública










Sanidad propone a las autonomías que el único criterio sea el de la infertilidad



Los tratamientos de reproducción asistida (inseminación artificial, fecundación in vitro…) estarán vetados a parejas de lesbianas y a mujeres solas en la sanidad pública. La cartera común básica de servicios que está definiendo el Ministerio de Sanidad los reserva solo para "parejas integradas por un hombre y una mujer" y siempre que haya problemas de fertilidad. Así lo recoge la propuesta que ha enviado el departamento de Ana Mato a las comunidades autónomas, aunque después, de palabra, fuentes del ministerio aseguraron que cualquiera que sea estéril podrá acceder a estos tratamientos. En Sanidad aseguran que detrás de esta acotación no hay motivos ideológicos y que la medida se toma para “priorizar”. “Se atenderá estrictamente a criterios terapéuticos y preventivos”.
La normativa actual establece —a través de un Real Decreto de 2006— que la sanidad pública solo financia esta prestación cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una “indicación clínica establecida”. Es por esta vía por la que algunas comunidades como Andalucía y Madrid (en determinados centros hospitalarios), Baleares o País Vasco cubrían a las mujeres solas o a las lesbianas; que quizá no fueran estériles pero que no podían engendrar una el hijo de la otra. En otras regiones, donde la Administración se aferraba textualmente a la necesidad de que hubiera ese diagnóstico de esterilidad, lo tenían difícil para someterse a estos tratamientos.
Las comunidades que quieran ofrecer esta prestación a mujeres solas o lesbianas —fuera de los criterios establecidos por la nueva cartera básica de servicios— podrán seguir haciéndolo; pero solo si demuestran que tendrán presupuesto suficiente para hacerlo. Algo que con la coyuntura económica actual es cuando menos complicado.
La propuesta para la prestación de reproducción asistida a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que se presentará en el Consejo Interterritorial de Sanidad del martes, establece que los tratamientos de reproducción asistida se aplicarán “a las parejas” que cumplan, además, otros criterios: la mujer no puede ser mayor de 40 años (para inseminación artificial con semen de la pareja, 38) y el hombre de 50; y no pueden tener en común ningún hijo sano. Además, si algún miembro de la pareja se esterilizó voluntariamente o tiene problemas para cumplir el tratamiento por razones de salud o debido a su entorno social serán excluidos.
Esto, tal y como figura en el documento enviado a las comunidades autónomas, dejaría fuera también a las mujeres solas y a las lesbianas con problemas de fertilidad, aunque el ministerio aseguran lo contrario. Esta afirmación aparentemente contradice al último documento enviado a las autonomías. El texto remitido por Sanidad a las regiones —y elaborado por el grupo de trabajo que define la cartera básica de servicios— también define la esterilidad como la “ausencia de consecución de embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos”. Este requisito obligaría a las lesbianas a mantener relaciones sexuales con hombres. O a las que no tienen pareja, a buscar una para concebir.
Atendiendo a criterios estrictamente de fertilidad o no, Isabel Gómez, vocal de Igualdad de la Federación Estatal de Lesbianas Gais Bisexuales y Transexuales (FELGTB), cree que se trata de una medida ideológica. “El Gobierno se está amparando en una visión monolítica de lo que es una familia. Si Sanidad revisa los criterios para la financiación de este servicio debería hacerlo para acotar diferencias y limar discriminaciones. Parece que se está haciendo todo lo contrario”, dice. Gómez está convencida de que la exclusión de las parejas de lesbianas o de las mujeres solas obedece a la idea “que tiene el Gobierno de la familia: la formada por un hombre y una mujer”.
La vocal de la FELGTB cree, además, que el argumento de la infertilidad es una mera excusa. “Efectivamente, podemos ser fértiles, pero nuestra forma de vida no nos permite hacer un apareamiento en pareja. Nosotros queremos tener hijos para quererlos, amarlos, cuidarlos y hacerlos personas competentes; no podemos atender a ese sesgo que no contempla todos los tipos de familias que hay”, expone.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén Gerardo Ruiz Rico cree que los criterios de inclusión en la prestación pública recogidos en el texto son discriminatorios. “Se está haciendo una interpretación restringida de la legislación. Establece una serie de condicionamientos que vuelven a la definición de pareja como la formada por hombre y mujer; y eso no sería conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha avalado el matrimonio entre personas del mismo sexo”, incide. Ruiz Rico también tiene dudas sobre la constitucionalidad de establecer como criterio de acceso solo la infertilidad. “Es un obstáculo cuyo resultado puede ser discriminatorio al final para las mujeres solas o las lesbianas y supone un veto insalvable que impedirá que se beneficien de los tratamientos”, apunta.
Mariluz Vázquez, miembro de laAsociación de Madres Solteras por Elección, también cree que la propuesta de Sanidad es injusta. “Lo nuestro, como mujeres solas, desde fuera se ve como un capricho; en cambio, para el resto formar una familia se contempla como una necesidad. Y todo pivota sobre esa idea”, reclama. Vázquez explica que actualmente la mayoría de las mujeres en su situación deciden acudir a las clínicas privadas —centros que hacen gran parte de los más de 54.000 tratamientos de fertilidad que se realizan al año en España— por las trabas que en muchas regiones les ponen en la sanidad pública. Los criterios son tan dispares que dentro de una misma región algunos centros atienden a mujeres solas y otros no. “Depende del equipo médico”, aclara.
La reproducción asistida siempre ha sido una de las prestaciones más desiguales del sistema nacional de salud. Las larguísimas listas de espera —en algunos casos más de dos años para acceder a la primera consulta— y las diferencias de tiempo de atención y de criterios de acceso entre Administraciones han sido constantes durante años. Tanto que el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social han pedido explicaciones varias veces a las autonomías. La propuesta de Sanidad, que debe terminar con estas inequidades, había sido largamente esperada. Sin embargo, sostiene el embriólogo José Antonio Castilla, secretario general de la Sociedad Española de Fertilidad, se está unificando a la baja. “Excluir del servicio a las mujeres solas o a las parejas de lesbianas es una acotación. Entiendo que haya que acotar, pero estamos excluyendo a un colectivo sin ninguna razón médica para ello. Un colectivo, además que da resultados de alto rendimiento en estos tratamientos”, expone.