La corte, que incorporó ayer a cuatro nuevos magistrados, se enfrenta a la pérdida de credibilidad sufrida por el debate del 'Estatut'
Hoy inicia su andadura un renovado Tribunal Constitucional con amplia mayoría del sector progresista y con la misión de resolver asuntos tan espinosos y de gran repercusión política y social como los recursos del PP contra la ley de plazos para el aborto, la norma que hace cinco años hizo posible el matrimonio homosexual o la ley que prohibió las corridas de toros en Cataluña.
Los cuatro magistrados entrantes, designados por el Senado, juraron y prometieron ayer sus cargos ante el rey y hoy ocuparán sus despachos en el tribunal. En el mismo acto se despedirá la presidenta de los últimos seis años, la catedrática progresista María Emilia Casas, y los magistrados conservadores Guillermo Jiménez, vicepresidente de la institución, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde.
Las sillas vacantes del pleno las ocuparán dos catedráticos propuestos por el PSOE, Adela Asúa y Luis Ortega, y otros dos juristas promovidos por el PP, Francisco Hernando, ex presidente del Tribunal Supremo, y el catedrático Francisco Pérez de Cobos. La renovación dejará un tribunal compuesto por siete magistrados de tendencia progresista y cuatro de sensibilidad conservadora, una correlación de fuerzas distinta a la actual, con seis progresistas y cinco conservadores.
Los cambios se producen con tres años de retraso. Un bloqueo motivado por el escaso interés de PP y PSOE por alcanzar un acuerdo de renovación. Su consenso era indispensable porque los magistrados deben ser designados con mayoría de tres quintos de la cámara, un requisito sólo al alcance de su suma de votos.
Intereses políticos
La razón de fondo del incumplimiento legal fue el juego de intereses políticos, principalmente del PP, orientado a mantener un tribunal lo más afín posible a los recortes que demandaba en su recurso contra el Estatuto de Cataluña. De hecho, tras años de parálisis, la renovación se desatascó en pocas semanas, una vez que el pleno dictó, en julio pasado, el polémico fallo.
Sin embargo, las luchas partidistas que alcanzaron el interior del propio tribunal durante los cuatro años de trámite y deliberación del citado recurso, muchas de ellas aireadas a la opinión pública, han causado un gran desgaste y un desprestigio de la corte, quizás el más profundo de su historia, cuya reparación será una de las tareas primordiales del nuevo presidente y del resto de magistrados.
El juego político en torno al Constitucional, de hecho, no ha concluido. El Congreso debería haber sustituido en diciembre a otros cuatro magistrados que acaban de concluir su mandato, pero no fue posible por nuevos desacuerdos entre PP y PSOE. Cuando esta segundo renovación se produzca, lo que podría llevar meses, la mayoría del pleno variara, pero aún estará en manos progresistas, por siete a cinco. La nueva composición del tribunal obligará en su momento a repetir la votación para elegir presidente.
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