El pasado mes de septiembre, la Asociación de Transexuales de Andalucía puso en conocimiento de la Fiscal andaluza contra la violencia de género y de orientación e identidad sexual los casos de discriminación de tres menores transexuales en la provincia de Málaga
El pasado mes de septiembre, la Asociación de Transexuales de Andalucía puso en conocimiento de la Fiscal andaluza contra la violencia de género y de orientación e identidad sexual, Flor Torres, los casos de discriminación de tres menores transexuales en la provincia de Málaga, la cual abrió diligencias de investigación, actuando con celeridad en la defensa de que no se vulneren los derechos, según nuestro ordenamiento jurídico.
Posteriormente, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través de su Delegación en Málaga y de su representante, Patricia Alba, estableció unas pautas que fueron trasladas a los tres centros en cuestión, donde se les indicaban como actuar; "la primera es adecuar la documentación interna del colegio —las listas de clase, el boletín de notas, el carné de estudiantes— considerando el género con el que se siente identificado el alumno/a". Además, sugiere que el profesorado se dirija a ellos con el nombre que acuerden las familias y los menores. Asimismo, se indica que cuando se hagan actividades en grupo "se tenga en consideración el género con el que el alumno/a se identifica; y que se reconozca o se acepte la posibilidad de vestir ropa o uniforme femenino o masculino, en función de la identidad sexual, así como hacer uso del baño que se corresponde con la identidad".
Estas pautas fueron adoptadas por dos de los tres centros. El tercero, un colegio religioso concertado (es decir, subvencionado con dinero público) se niega a respetar la identidad de género de una alumna, persistiendo en su actitud discriminatoria pese a la denuncia pública efectuada hace solo unos días y las directrices de la Consejería de Educación.
Desde ATA, exigimos no más privilegios a instituciones "católicas" que subvencionadas con dinero público no respetan las leyes civiles, que democráticamente hemos decidido la ciudadanía en nuestra Constitución y Estatuto de Autonomía, esperando de las instituciones una posición contundente en la defensa de los derechos que hacen referencia a la igualdad de trato y no discriminación.
“Reiteramos la urgente necesidad de consensuar un Protocolo de actuación en centros educativos, el cual ha sido propuesto por esta asociación al Consejero de Educación de la Junta de Andalucía”, declara Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera, quien añade, “que la Ley Integral de Transexualidad es una herramienta para garantizar la no discriminación y los Derechos de las personas transexuales, prolongar más esta situación de desigualdad, es prologar el sufrimiento y el trato desigual de las personas transexuales y de sus familias, por lo que de nuevo instamos al Gobierno Andaluz celeridad en la aprobación de esta Ley”
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