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domingo, 19 de agosto de 2012

Washington: activista gay acusado por tiroteo en sede de grupo evangélico

El presidente de la FRC perdona al agresor, y responsabiliza al ambiente de odio creado por la Southern Poverty Law Center para “intimidar y silenciar” a quienes no piensen como ella.







Una corte estadounidense acusó formalmente a Floyd Lee Corkins como responsable del tiroteo que se produjo en Washington, en el edificio del Family Research Council (FRC, Consejo de Estudio de la Familia), grupo conservador evangélico que se opone a la legalización del matrimonio homosexual, dejando a un agente de seguridad herido. El acusado podría enfrentar 40 años en prisión por el atentado. 

Corkins además llevaba 15 sandwiches de Chick-fil-A, empresa que hace algunas semanas causó controversia cuando su líder, Dan Cathy, declaró que apoyaba la “definición tradicional del matrimonio entre el hombre y una mujer,” provocando la ira de grupos de derechos homosexuales, quienes crearon campañas en Facebook y otros medios sociales para sabotear a la empresa.

Los padres de Corkins le dijeron al F.B.I. que su hijo “tiene opiniones fuertes con respecto a quienes considera que no tratan a los homosexuales de una manera justa.” El acusado había servido como voluntario de un centro comunitario para personas homosexuales en Washington D.C.

RESPUESTA DEL FAMILY RESEARCH COUNCIL 
“Creemos que los problemas que enfrentamos en nuestras comunidades y nuestra nación no son sólo políticos y culturales, sino de naturaleza espiritual (Efesios 6:10-13), refiere la FRC en su web, afirmando que perdona al autor del disparo y frustrado atentado, así como estar orando por él y para que el ambiente de violencia que cada vez impera más en EEUU desaparezca.



Tony Perkins, presidente del FRC ha expresado que “Es evidente que el tirador es responsable de los disparos” pero acusa al Southern Poverty Law Center (SPLC), por haber señalado a grupos conservadores como el FRC de ser "grupos de odio" por no estar de acuerdo con la legislación favorable al matrimonio homosexual , generando precisamente un ambiente de violencia. 

Se refiere a que el SPLC ha divulgado una lista de organizaciones pro-familia y cristianas mezcladas con grupos neo-nazis y radicales, así como asociaciones locales de padres, señalándolos como "enemigos" por su ideología .“Este tipo de retórica en la que se ha involucrado el SPLC está mal, y, como hemos visto esta semana, es peligroso”, añadió.

“Ello no quita, añadió Perkins, para manifestar que estoy agradecido de que más de dos docenas de organizaciones de homosexuales activistas emitieron un comunicado conjunto expresando su preocupación por el guardia herido y condenando el ataque, remarcando que esa violencia es inaceptable.Yo les pido que den un paso más y llamen a la SPLC para poner fin a las palabras y acciones que fomentan este ambiente que engendra brutalidad ”.

Finalmente Perkins mostró su preocupación por las consignas que repite el SPLC acerca de los "grupos de odio" con los que etiqueta falsamente a quienes no están de acuerdo con sus posturas, ya que cree que en el fondo su fin es “Intimidar y finalmente silenciar (a quienes no están de acuerdo con sus posturas)”.Y, concluye, “Nada podría ser más peligroso para el futuro de nuestro país”. 

PENDIENTE DE JUICIO 
De acuerdo con los documentos de la corte, Corkins, de 28 años de edad, ingresó al edificio la mañana del miércoles 15 de agosto portando una pistola de 9 milímetros y una caja de municiones. Al ser registrado en la entrada del edificio, Corkins dijo “no me gustan sus políticas,” y disparó hiriendo de gravedad a un guardia de seguridad, quien aún herido logró detener al sospechoso para ser posteriormente intervenido quirúrgicamente. Actualmente está hospitalizado pero su vida no corre peligro.

Hasta el momento las autoridades no han proporcionado mayor información sobre los planes de Corkins, aunque la corte determinó el jueves que el acusado se enfrenta a cargos de asalto con intención de matar llevando consigo un arma de fuego, por los cuales podría recibir una sentencia máxima de 40 años en prisión, y se encuentra detenido sin posibilidad de fianza mientras espera por un juicio.

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